Tomó estado parlamentario el proyecto del Poder Ejecutivo para iniciar un plan de obras con participación privada. Lejos de dar respuesta a la demanda social de vivienda el Gobierno de Jujuy es garante del negocio inmobiliario. Representantes de las cámaras de construcción y ministros de finanzas e infraestructura expusieron y defendieron la iniciativa en un pasado plenario de comisiones
Viernes 1ro de noviembre 12:29
El proyecto presentado por el gobernador Carlos Sadir llamado "FOMENTO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE VIVIENDA, OFICINAS Y LOCALES DE COMERCIO CON PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA" fue puesto a consideración en Comisión plenaria de diputados donde participaron empresarios de distintas cámaras de la construcción de la provincia como también los Ministros de Infraestructura, Carlos Stanic y Hacienda, Federico Cardozo. El Vice gobernador, Alberto Bernis expresó la necesidad de contar con la reactivación de la actividad dado que la obra pública estaba casi parada por decisión del gobierno nacional de no seguir enviando fondos para finalizar obras iniciadas o iniciar nuevas.
De los sectores empresariales presentes en la Legislatura, estuvieron Carlos Villanueva, Nicolás Benicio y Luciano Bellomo, los mismos oficiaron de voceros del Poder Ejecutivo provincial expresando que dicha iniciativa había surgido de una idea del propio Gobernador y que les había encomendado la tarea de plasmarla en un instrumento legal que de alguna manera le dé forma para que sea estudiada y tratada por el parlamento provincial.
Por otro lado los Ministros presentes y sus funcionarios solamente pudieron decir que el plan es para reactivar la obra de infraestructura para empresarios, reconociendo que no hay ningún fin social. Quedaron sin responder en relación a las tierras fiscales de la provincia y cómo se garantizaría las mismas para viviendas única, cuyo déficit supera las 40 mil unidades, según cifras oficiales. Lo que sí dejaron en claro es que van a armar un banco de tierras fiscales para el negocio y la especulación.
En otra instancia de presentación del Proyecto fueron recibidos representantes sindicales del sector de la construcción, Uocra. Los mismos plantearon la situación crítica de sus representados por la falta de empleo y la necesidad de que las empresas beneficiadas con esta operatoria deberían presentar certificados que demuestren estar al día con los aportes previsionales y de obra social de sus trabajadores.
Por y para pocos
Sintéticamente se podría decir que el Proyecto está pensado para ser ejecutado por unos pocos elegidos, para beneficiar a unos pocos afortunados que cuentan con los recursos necesarios. A decir de los presentadores y defensores -empresarios-, los que puedan pagar.
Analizando algunos aspectos del mismo podemos remarcar que, el público al que está dirigido es a los sectores de la sociedad cuyo poder adquisitivo son catalogados como la clase media o media alta, con unos ingresos por grupo familiar de más de 2 millones de pesos. Esta consideración fue esgrimida por los propios empresarios del sector en su discurso y en los fundamentos del proyecto, ya que según su consideración, el Ivuj debe ser el organismo que dé respuestas a los sectores de la población con viviendas sociales para los sectores de menores recursos. La gran mayoría de los hogares trabajadores ostentan los ingresos más bajos del país. Por dar un ejemplo, una maestra que se inicia con un sueldo de 585.000 pesos seguirá soñando y soñando por su vivienda propia.
Entre otras consideraciones, podemos mencionar el papel que se le quiere dar al Estado provincial y a los recursos de este, propiedad de todo el pueblo, dentro de esta nueva suerte de “unidad de negocios”. Lisa y llanamente sería el garante de un negocio entre privados. La conformación de un fondo fiduciario en el articulado del proyecto para tal fin, avalando a las constructoras ante los bancos, junto con la creación de un “banco de tierras” expresan de manera elocuente este rol.
La vieja “nueva” receta…
En palabras de los tres representantes invitados del sector del desarrollo inmobiliario, venían a mostrar un plan “innovador”, que sería en gran medida la solución del problema habitacional de este sector de la población que tienen buenos ingresos pero que no pueden acceder a la propiedad de una vivienda. Recordemos que este sector “target” del empresariado forma parte del enorme universo, que según cifras oficiales, demanda en la provincia 40.000 (cuarenta mil) viviendas.
Número que año a año se va incrementando por el natural crecimiento demográfico y por la falta de políticas públicas para el desarrollo de planes de obra pública para la construcción de viviendas. También es válido recordar las palabras recurrentes del ex gobernador Gerardo Morales en todos y cada uno de sus discursos de Apertura de Sesiones en los que mencionaba las miles y miles de viviendas que iba a construir; la realidad mostró que fué eso, un discurso.
Volviendo al análisis en cuestión podemos ver que también se crea un “banco de tierras”, un nombre sugestivo que intenta disimular la creación de una cartera de inmuebles estatales que serían puestas a consideración de los realizadores de los desarrollos inmobiliarios para que analicen si les conviene o no, según los requerimientos del mercado inmobiliario, y concretar el inicio de proyecto. En otras palabras, dispondrán de inmuebles de todos los jujeños para hacer negocios según apetezca sus necesidades de lucro.
Una síntesis por todos conocida
Más allá de como la quieran presentar y maquillar a la iniciativa del gobernador Sadir, ahora defendida en el ámbito parlamentario por sus beneficiarios directos, de novedosa no tiene nada ya que el esquema planteado es harto conocido y aplicado, empresas haciendo negocios con recursos del estado para acrecentar sus ganancias. La excusa, también por todos escuchada durante décadas, la creación de puestos de trabajo, ahora como única salida ante la crisis económica y social.
Nada dicen de la acuciante realidad de miles de jujeños que carecen de una vivienda y de un plan estatal para mitigar ese vergonzante déficit. Un verdadero plan de viviendas y obras de infraestructura para las mayorías que verdaderamente genere puestos de trabajo genuinos desde el Estado y con plenos derechos, que demandan los miles de trabajadores de la construcción que quedaron sin su sustento producto de las políticas de ajuste del gobierno de Milei y que ahora son avaladas por el gobernador Sadir apoyando un presupuesto que provee más ajuste para la obra pública el año venidero.
Jujuy necesita de una planificación coordinada y controlada por sus trabajadores, que decida qué plan de viviendas y urbanización de barrios populares se realizarán y las condiciones en las que estas se construirán, con la intención de reducir al mínimo el déficit habitacional y dar respuestas a las demandas sociales reactivando la obra pública y tomando la agenda del pueblo trabajador que no sólo no cuenta con viviendas sino que tienen que afrontar alquileres cada vez más difíciles de pagar, terminando mucho viviendo hacinados entre varias familias o en condiciones muy precarias sin servicios como sucede con los asentamientos.
En una provincia que cuenta con fábricas de cal, ripio, cemento, hierros, además de las ladrilleras, se vuelve urgente la pelea por que la clase trabajadora tome el control de un plan de obras públicas que genere reactivación y trabajo genuino pensando en las necesidades del pueblo, no en el bolsillo de dos o tres empresarios.
