DECLARACIÓN POLÍTICA. Salida parcial de la cuarentena en el Estado español: "Privilegian las ganancias capitalistas por sobre nuestras vidas"

Millones volverán a trabajar el lunes 13 en sectores no esenciales sólo para garantizar las ganancias de los capitalistas. Hay que imponer Comités de Seguridad e Higiene en todos los centros de trabajo con plenos poderes, incluso para cerrar la actividad si fuera necesario. Por una renta de cuarentena para todos los que se han quedado sin ingresos. Para enfrentar la pandemia hace falta imponer la reconversión de la economía bajo control obrero

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Este jueves está previsto que el Congreso revalide la prórroga del Estado de Alarma hasta el 26 de abril. A la vez el gobierno lleva días anunciando que pronto entraremos en una fase de “desescalada”. Nos dicen que paulatinamente las medidas de suspensión de actividades no esenciales y de confinamiento generalizado se irán levantando. Pero a día de hoy la fecha sigue siendo un secreto, como todo en esta crisis.

El gobierno da información a cuenta gotas y totalmente sesgada. No hay información real sobre la evolución de los contagios, ni sobre la falta de tests y EPIs, ni sobre qué recursos privados se han intervenido y movilizado, ni con cuanto dinero público se está compensando a sus propietarios que siguen haciendo negocio... ni siquiera sobre las cifras reales de mortalidad, que distintos expertos e incluso instituciones consideran podrían duplicar las oficiales.

Por eso es urgente que toda la información sobre esta crisis pase a ser elaborada por comités independientes del gobierno, formados por expertos, sindicatos sanitarios y asociaciones de defensa de la sanidad pública, para que la mayoría social conozca la verdad sobre la pandemia.

De lo poco que se ha adelantado sobre el plan del gobierno solo queda claro que sus ejes difieren en lo sustancial de lo que llevamos viendo desde el 15 de marzo: los beneficios empresariales están por delante de nuestras vidas y derechos.

Vuelta al trabajo en sectores no esenciales, ¿para qué y en qué condiciones?

La primera de ellas es la vuelta al trabajo para millones de trabajadores y trabajadoras de sectores no esenciales. El gobierno la tiene prevista para el próximo lunes 13 de abril. Ese día, sectores como la construcción, la industria y grandes servicios recuperarían su actividad. ¿Pero por qué se vuelve a trabajar en estos sectores? ¿Acaso ya ha bajado significativamente la cantidad de muertos por día? No. Al contrario. La cantidad de muertes sigue siendo escalofriante día tras día.

A menos de una semana de esa fecha siguen sin resolverse cuestiones tan elementales como la falta de mascarillas y otros equipos de protección individual necesarios para evitar un nuevo pico de contagios. Pedro Sánchez apareció en público hace pocos días con una mascarilla, y el Gobierno ha sugerido que se va a promover su uso generalizado, pero que no lo hacen todavía porque… ¡aún no hay mascarillas suficientes como para tomar esa medida!

Los millones que vuelvan el lunes a trabajar en sectores no esenciales lo harán bajo las mismas condiciones que los empresarios han ido imponiendo en un gran número de centros de trabajo: superexplotación, hacinamiento y falta de condiciones básicas de seguridad. Contra condiciones similares de explotación e inseguridad se han levantado amplios sectores de trabajadores en Italia y en Francia, donde han hecho huelgas para exigir el cierre de sectores no esenciales, que se habían transformado en focos de contagio. En el caso de Italia, se mostró incluso que el contagio era más alto en las zonas industriales del norte. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras tienen que contagiarse, poniendo en riesgo a sus familias y a sí mismos, para que nuestras vidas importen más que sus beneficios?

El gobierno “progresista”, tal y como le piden desde la patronal hasta sus socios del PNV y los partidos de la derecha, toma esta medida sólo para evitar que las grandes empresas vean caer sus ganancias, pero no porque atienda a ningún criterio sanitario mínimamente serio. En el mismo sentido que estas dos semanas de “permiso retribuido recuperable” serán devueltas a los empresarios en forma de una inmensa bolsa de horas para alargar jornadas o liquidar vacaciones.

Hay que pararle los pies a la codicia empresarial y al gobierno que la permite. Hay que exigir la retirada de todos los ERTEs, la anulación de todos los despidos y que ni una sola hora de cuarentena sea devuelta a la patronal, la misma que solo el año pasado dejó sin pagar 10 millones de horas extras.

Además, las organizaciones sindicales deben pelear en todos los centros de trabajo por imponer Comités de Seguridad e Higiene, conformados solo por los delegados de prevención y representantes electos entre la plantilla en los diferentes talleres, sectores o categorías. Comités que tengan plenos poderes para elaborar Planes de Prevención rigurosos en los que se incluyan no solo medidas de seguridad básicas, como las EPIs o test quienes trabajen, sino también quienes deben seguir en sus casas con el 100% del salario por pertenecer a grupos de riesgo o estar a cargo del cuidado de menores o personas dependientes, y puedan reducir jornadas, reorganizar horarios y turnos y contratar desempleados para hacerlo posible. Estos Comités deben ser organismos con potestad para paralizar la actividad ante el más mínimo riesgo o falta de EPIs, en base al artículo 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Exigimos a las direcciones de CCOO y UGT, que han avalado todas y cada una de las medidas del gobierno que descargan la crisis sobre los trabajadores, a que constituyan estos comités en todos los centros de trabajo. La izquierda sindical, que viene manteniendo una oposición a las principales medidas del gobierno, tiene también la responsabilidad de imponerlos en aquellas empresas y sectores en los que tiene una presencia importante.

Queremos trabajar para atender las grandes necesidades sociales, no para engordar sus beneficios

La reactivación de la economía no puede estar al servicio de seguir engordando las arcas de las grandes empresas. La crisis sociosanitaria, incluso aunque queden atrás las semanas más terribles, va a seguir con nosotros. Los expertos hablan de un periodo de entre 12 y 18 meses hasta que se pueda disponer de vacunas o tratamientos eficaces, pero la información sobre las investigaciones siguen en manos sobre los gobiernos y las farmaceuticas, en una carrera de competencia y no de cooperación que solo puede contribuir a retrasarla.

Por ello la nacionalización de toda la sanidad privada -incluyendo los laboratorios farmacéuticos- y su puesta bajo control de los y las trabajadoras de la sanidad, que todas las investigaciones sobre tratamientos y vacunas sean públicas y libres de toda patente, la contratación de todos los sanitarios en paro y estudiantes de último curso de grados y ciclos formativos sanitarios y un plan de inversiones de al menos 20.000 millones -la cantidad devengada en una década de recortes-, siguen siendo demandas fundamentales.

Además, en todos estos meses vamos a necesitar, en el Estado español y en todo el mundo, ingentes cantidades de mascarillas, batas, gafas protectoras, alcohol en gel, desinfectantes, respiradores o test. Esto plantea el interrogante de si volvemos a trabajar ¿para hacer qué? Es urgente reconvertir todas las industrias y servicios para la atención de esta emergencia. Muchos empresarios pueden hacerlo para aprovechar la oportunidad de “negocio”, como está sucediendo, ya sea por su cuenta o pactando contratos con el gobierno. Pero esto se lleva adelante de manera lenta, tortuosa y guiada por la competencia y búsqueda del máximo beneficio. Una dinámica que ya ha hecho que se disparen los precios de los productos sanitarios en el mercado mundial, lo que condena a muerte a millones en los países semicoloniales. Nuestra salud y nuestras vidas no puede ser objeto de esta siniestra subasta.

Es necesario pelear en todas las grandes industrias y servicios por esta reconversión, la confiscación estatal de maquinaria e instalaciones y el control obrero de la producción para que todos estos productos puedan ser suministrados para la satisfacción de las necesidades sociales, y desde el Estado español podamos no solo suplir las necesidades domésticas sino también contribuir al refuerzo de los sistemas sanitarios de aquellos países expoliados sistemáticamente por las multinacionales españolas y nuestros gobiernos durante décadas.

El desconfinamiento no puede ser la excusa de un refuerzo aún mayor del Estado policial

Por otro lado, las medidas de desconfinamiento parece que serán escaladas y mediatizadas por la realización de test masivos. El gobierno sigue sin aclarar cuál será el procedimiento para detectar científicamente a los casos asintomáticos, el principal vehículo de transmisión que podría generar un nuevo rebrote. Lo cierto es que hasta ahora los test no están disponibles ni siquiera para los trabajadores sanitarios o de las residencias de mayores.

Por ello la intervención de todas las industrias y laboratorios capaces de fabricar test, incluidos los universitarios que han permanecido en su inmensa mayoría cerrados durante estas semanas, para que los testeos puedan ser realmente masivos, debe realizarse sin ninguna dilación. Lo mismo que la capacitación y contratación en condiciones dignas de estudiantes de grados y ciclos formativos sanitarios para ayudar en esta tarea y que no recaiga en el personal sanitario que ya está sobrecargado.

Se ha filtrado también que la idea es mantener el aislamiento de todos los positivos leves o asintomáticos. La cifra sin embargo puede ser estratosférica, de varios cientos de miles o incluso millones de personas podrían estar en ese estado clínico. ¿Como pretenden llevarla adelante? Las tentativas autoritarias y represivas resuenan en medios de comunicación y filtraciones del gobierno. Desde el confinamiento obligatorio fuera del domicilio -para lo cual según varios juristas habría que declarar el Estado de Sitio que permite la anulación de derechos fundamentales-, hasta la habilitación de polideportivos y otras instalaciones similares donde se confinaría en pésimas condiciones a decenas de miles de personas, pasando por medidas ya autorizadas como la geolocalización del conjunto de la población por medio de los dispositivos móviles.

El gobierno “progresista” aprovecha el clima de “shock” generado por la pandemia para imponer, una vez más, medidas autoritarias que fortalezcan el Estado, su aparato represivo y mecanismos de control por encima de derechos democráticos fundamentales. De la misma manera que en esta cuarentena estamos viendo el empleo del Ejército y las fuerzas policiales para imponer el confinamiento a base de abusos o realizar trabajos que podrían hacer trabajadores de la construcción, la limpieza o la educación.

Todo con unas cuotas de fortalecimiento del Ejecutivo y el gobierno por decreto como nunca en toda la historia del Régimen del 78, sin siquiera control del Parlamento. La revalidación del Estado de Alarma es una revalidación de este curso autoritario y bonapartizante que rápidamente se utilizará contra la clase trabajadora y los sectores populares cuando nos rebelemos contra las graves consecuencias económicas y sociales de esta crisis. Solamente la CUP se ha opuesto desde una posición de rechazo al contenido de rescate empresarial de las medidas económicas que lo acompañan.

Contra esta deriva represiva exigimos la retirada del Ejército y el Estado policial instalado, así como la investigación independiente por parte de organizaciones de derechos humanos de todos los abusos policiales y la derogación de los decretos aprobados que permiten al Estado mantener un control telemático de nuestros movimientos, comunicaciones y actividades en las redes sociales.

Por un aislamiento voluntario, en condiciones dignas y organizado por trabajadores y pacientes

El aislamiento de los positivos es una medida necesaria para evitar que se vuelva a propagar la pandemia según la mayoría de los expertos. Pero se debe realizar disponiendo de los medios necesarios para que ésta pueda realizarse voluntariamente y sin la intervención del aparato represivo y judicial. Esto implica necesariamente tocar los intereses de los grandes capitalistas.

En primer lugar, hay que pelear por que todos aquellos que deban permanecer en cuarentena gocen del 100% del salario. Para aquellas personas que trabajan de autónomos o en la economía sumergida que han quedado sin recursos, para todas y todos los trabajadores precarios que les han impuesto ERTEs y están cobrando un paro de miseria como en la hostelería, y los millones de parados -cuyas filas ya se han engrosado con miles de EREs y despidos individuales-, hay que exigir una renta de cuarentena que al menos se corresponda con el SMI y sufragada con impuestos a las grandes fortunas. Solo así, los sectores precarios y más vulnerables podrán permitirse el permanecer durante 15 días más en aislamiento.

A aquellas personas que no tengan condiciones habitacionales para poder hacer un confinamiento seguro, el Estado les debería proporcionar un espacio digno, y no pabellones polideportivos o centros de exposiciones como el campamento de la Fira de Barcelona. Todas las plazas hoteleras –más de 1 millón y medio en todo el Estado– deben intervenirse sin compensación y ser puestas bajo control de sus plantillas para este fin. Que las patronales turísticas, que llevan años ganando miles de millones, sufraguen con sus beneficios esta emergencia habitacional. Lo mismo para todos los pisos vacíos en manos de especuladores o dedicados al alquiler turístico.

Todo este sistema de confinamientos voluntario debe estar organizado por trabajadores sanitarios, educadores sociales, integradores, psicólogos y trabajadores sociales, junto a los mismos pacientes. En ningún caso a cargo de policías, militares y los servicios de inteligencia como pretende el gobierno.

Un programa de emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas

Por último, la desescalada del confinamiento debe ir acompañada de medidas de emergencia que atiendan las graves consecuencias de la crisis social y económica. Miles de familias han visto evaporarse sus precarios ingresos, mientras todos los gastos se mantienen o aumentan -como la cesta de la compra-. Medidas como la suspensión de alquileres, hipotecas y desahucios, y no su conversión en créditos que las familias más vulnerables deberán pagar los próximos años, o la intervención de los grandes grupos de distribución y comercialización de alimentos que manipulan los precios, son demandas fundamentales para evitar la ruina y empobrecimiento de miles de familias.

Mientras tanto el gobierno “progresista” sigue sin tocarle un euro a las grandes empresas y fortunas, poniendo a su disposición 100 mil millones en avales y aumentando la deuda, que nos harán pagar con los ajustes de mañana. Contra este nuevo rescate a los capitalistas tenemos que pelear por un impuesto del 20% a las grandes fortunas, del 50% a los beneficios del IBEX35 de 2019, el no pago de la deuda y un impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario. Solo con estas medidas dispondríamos de 130 mil millones para hacer frente a la crisis sanitaria y social, y rescatar no a los banqueros y empresarios, sino a los trabajadores y sectores populares.

Este es el único “escudo social” contra la crisis digno de este nombre. En ningún caso pueden serlo las medidas aprobadas hasta ahora ni las propuestas de reeditar unos nuevos “Pactos de la Moncloa” como propone el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, rememorando el que fuera el gran acuerdo fundacional del Régimen del 78 entre las direcciones obreras reformistas y los viejos franquistas para hacer pagar la crisis de los 70 a la clase obrera.

El gobierno “progresista” y la oposición de la derecha nos conducen a un escenario en el que muy probablemente se combinarán nuevos rebrotes de contagio para salvar los beneficios empresariales y cada vez más autoritarismo para responder a las reacciones que se desaten en la clase obrera y los sectores populares. La izquierda sindical, los sectores de los grandes sindicatos que no acuerdan con la política de respaldo al gobierno de sus dirigentes y la izquierda anticapitalista de todo el Estado, tenemos por delante el desafío de poner todas nuestras fuerzas y militancia al servicio de que un programa así sea tomado por sectores de la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares para defender nuestra salud y nuestras vidas y enfrentar los ajustes sociales y recortes de derechos democráticos que tenemos por delante.

TERCERA DECLARACIÓN CRT: Cinco medidas urgentes, que no toma el gobierno, para enfrentar la catástrofe

SEGUNDA DECLARACIÓN CRT: Un plan de urgencia obrero y popular frente al colapso sanitario y miles de despidos: “Nuestras vidas valen más que sus beneficios”

PRIMERA DECLARACIÓN: #Coronavirus ¿Qué medidas necesitamos para que los de siempre no paguemos esta crisis?