La Organización Cooperativa “La nueva integridad de los Pueblos Originarios” manifestó este domingo su preocupación ante la negativa de las autoridades municipales que les impiden desarrollar sus actividades tradicionales de venta de artesanías, muebles y carbón.
Lunes 20 de julio de 2020 15:30
La venta de artesanías, muebles y carbón es la base de la economía de las comunidades wichí, ava guaraní, toba y weenhayeek. Trabajan en la elaboración de esos productos, lo que les permite una inserción laboral respetuosa de su cultura.
Referentes de las comunidades reclamaron que la fiscal de Embarcación Gabriela Alejandra Souto “viene mostrando un comportamiento y trato hostil hacia nosotros, (…) lo que profundiza y exacerba el estado de vulnerabilidad, precariedad, desigualdad y discriminación de las comunidades indígenas de Embarcación".
Desde el inicio de la pandemia se encuentran sin la posibilidad de realizar estas actividades y a pesar de haber solicitado a las autoridades de esa, no han podido obtener los permisos necesarios, “para lograr un regreso de nuestra fuente de empleo respetando las restricciones existentes sin obtener resultado alguno.” Así lo denunciaron en el comunicado que emitió la Cooperativa, y aclaran que tampoco se les habilitó un predio especial a tales efectos, como les habían prometido.
El Grupo de Apoyo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas (IASG) manifestó su “profunda preocupación por el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas y remarcó la necesidad de que los Estados fortalezcan las economías locales y formas de vida tradicionales”, entre otras cosas asegurando el acceso a los mercados y cadenas de suministro. Recomiendan a los Estados “tomar medidas junto a las comunidades indígenas para revertir este impacto desigual que acrecienta las desigualdades y vulnerabilidades existentes”.
En su comunicado, las comunidades reunidas en Organización Cooperativa “La nueva integridad de los Pueblos Originarios”, indican que también la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alertó sobre la necesidad de que se responda a las “necesidades de los pueblos originarios en el marco de la pandemia, promoviendo el acceso al trabajo decente y a la protección social, debiendo los Estados apoyar pequeñas empresas y cooperativas de pueblos indígenas”.
Así mismo, señalan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido, apelando a que los Estados tomen especial atención a la integridad pueblos originarios, especialmente afectados por la pandemia y sus consecuencias sanitarias y económicas.
Del mismo modo, y también en el departamento de San Martín, integrantes de la comunidad Laguna Guamache de la Ruta provincial 135 pidieron hoy que el Gobierno nacional de Alberto Fernández les haga llegar alguna ayuda. "Queremos que nos escychen, que nos den una manito, un bolsón", manifestó el referente Edgardo Paz.
Esta realidad es vivida cotidianamente por los pueblos originarios. Como vienen denunciando, y venimos reflejando en este medio, además de ser privados de su fuente laboral, muchos de los y las trabajadoras de las comunidades, quienes viven del trabajo artesanal y de tierra, no tienen siquiera acceso al Ingreso Familiar de Emergencia ni ninguna ayuda social.
