Actualidad. Salud Mental en tiempos del FMI: ¿cómo impacta en nuestras vidas?

No llegar a fin de mes, perder el empleo o buscarlo sin éxito, trabajar más de 12 horas diarias o tener dos o tres trabajos y que no alcance, configuran una situación de incertidumbre, inestabilidad y falta de perspectiva que se vive con un gran sufrimiento psicológico. La lista de consecuencias que trae aparejada la crisis económica, política y social que atraviesa el país, se expresan en las cifras alarmantes sobre problemas de salud mental profundizadas con la pandemia.

Depresión, ansiedad, estrés crónico, síndrome de “burnout” o de estar quemado, trastornos en el sueño y en el uso de sustancias, así como un aumento en los intentos de suicidio en la población joven y adulta, son algunos de los casos que llegan a los servicios de atención en salud mental.

El presidente Alberto Fernández y la ministra de Salud Carla Vizzoti, hace algunos meses presentaron la ambiciosa Estrategia Federal en Salud Mental con una larga lista de iniciativas para el área. Prometieron la duplicación del presupuesto actual en salud mental, con un fondo extraordinario de cuatro mil millones de pesos, para avanzar en la implementación de las medidas que continúan pendientes desde la promulgación de la Ley de Salud Mental (LNSM) hace más de 10 años. Entre las promesas se encuentra el aumento de camas de internación y la creación de equipos interdisciplinarios de urgencia en todos los hospitales generales para la atención de personas con padecimientos asociados a salud mental, así como también la construcción de viviendas de medio camino para concretar la desinstitucionalización de las y los usuaries.

Estos grandes objetivos chocan de lleno, con un sistema de salud colapsado frente a la falta de personal y dispositivos de atención, con los anuncios de ajuste fiscal del nuevo ministro de Economía en post de cumplir con los planes del FMI. El magro presupuesto destinado a salud mental representa sólo el 1.37 % del presupuesto total de salud, muy lejos del 10% que debería ocupar de acuerdo a los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM). Como si el ajuste fuera poco, la partida presupuestaria extra anunciada con bombos y platillos, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), brilla por su ausencia.

La salud mental bajo el gobierno del FMI

Frente a la creciente política de austeridad aplicada por el gobierno nacional y fogoneada por la derecha, la vida de millones de trabajadores y trabajadoras seguirá en jaque. El nuevo gobierno que puso a Massa como superministro no trae anuncios de medidas de fondo para “que los últimos sean los primeros” y se destine plata para la salud pública, generación de trabajo con derechos o educación.

Pagar la deuda al FMI, beneficiar al campo y a las grandes empresas confirma que sigue siendo el rumbo del Frente de Todos y que lo prometido en campaña electoral cayó en saco roto. Lejos de recuperar lo perdido bajo los años de Macrismo, el empeoramiento en las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras está a la vista, como lo muestran los datos del informe CIFRA-FLACSO que relevaron que en lo que va del este gobierno hubo una transferencia de ingresos desde la clase trabajadora a las patronales de 41.000 millones de dólares. Y no todo es responsabilidad de la pandemia, fueron también las decisiones políticas, porque incluso con crecimiento económico récord, no para de aumentar la desigualdad. El aumento de los precios, la inflación que se come los bajos salarios, la precarización laboral y la sobreocupación -que implica dejar la vida en el trabajo- tienen un impacto directo y negativo sobre la salud integral de la población.

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Algunos trabajadores y trabajadoras de la salud sugieren considerar la injerencia del FMI como un “factor de riesgo masivo”. En Grecia, por ejemplo, las políticas de austeridad implementadas luego del acuerdo con el Fondo en el año 2010, aumentaron un 40% los suicidios, 2,6 veces los casos de depresión, hubo brotes de enfermedades como la malaria y aumentaron las admisiones a los hospitales”. La Argentina post crisis de deuda en el 2001, no fue muy distinta.

Una encuesta online realizada a 400 personas de entre 25 y 60 años, impulsada por la consultora Readiness Global en el mes de mayo de 2022, refleja que los principales temores de las y los encuestados son la inestabilidad económica (32 %) y la salud mental (estrés, angustia y tristeza, con un 31 %). Le siguen el miedo a quedarse sin trabajo (25 %) y el temor por la salud física.

En el caso de adolescentes y jóvenes la situación es mucho más preocupante. Según diversos especialistas y responsables de los servicios de Salud Mental de Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, las consultas por trastornos de la salud mental crecieron en un 50 %. No sólo aumentó la gravedad, sino que también se vieron duplicadas las ideas de muerte, triplicados los intentos de suicidio y quintuplicadas las consultas por trastornos de la conducta alimentaria.

Basta de falsas soluciones

Frente a la gravedad del problema, el gobierno de la CABA - junto con sus amigos de las corporaciones médicas y psiquiátricas- pretenden volver al sistema “manicomial”, con un discurso biologicista de las neurociencias atado a los intereses de las grandes industrias farmacéuticas. En síntesis, buscan mercantilizar aún más la salud. El gobierno nacional, más allá de su narrativa de la “gestión estatal eficiente”, negocia con los grandes laboratorios y prepagas, sosteniendo al sector privado y una salud para ricos y otra para pobres. Es también garante de los negocios de las empresas y grandes patronales del campo que pujan por su ganancia a costa de las condiciones de vida de millones.

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Las y los trabajadores de la salud tenemos que dar un paso al frente para poner por delante una perspectiva de otra clase. Desde el Frente de Izquierda Unidad, junto a Nicolás del Caño y Myriam Bregman, consideramos que un abordaje no medicalizante ni mercantilizante de la salud implica poner el acento en las bases psicosociales del padecimiento mental y apuntar, no solo a tratamientos con recursos adecuados, sino al sistema social que genera el padecimiento, con un enfoque de salud integral, que sea dialéctico. Es por esto que no creemos que se pueda discutir la implementación real de la Ley Nacional de Salud Mental de forma aislada, sin pensar de qué forma resolver la profunda crisis social y económica que atraviesa nuestro país. Por eso proponemos:

1) Aumento de salario y las ayudas sociales de emergencia, así como del presupuesto en salud y los recursos para la reconversión de los hospitales psiquiátricos en polivalentes, sin afectar las condiciones de trabajo y salario de sus trabajadoras y trabajadores. La creación de dispositivos intermedios, con diversos niveles de atención en la que funcionen coordinadamente centros de atención primaria, hospitales de día, equipos domiciliarios de atención en crisis, equipos de visitas domiciliarias y acompañamiento terapueutico para trabjar la autonomía del paciente. Casas de medio camino, espacios de enseñanza de oficios y todas las estrategias de inclusión públicas que se requieran con el objetivo de evitar la cronificación de un importante porcentaje de usuarios.

Para ello hay que invertir las prioridades, desconociendo de forma soberana el pago de la deuda con el FMI y de otros organismos acreedores, a fin de que esos recursos sean destinados en salud, vivienda, trabajo, educación, etc. y no para ese préstamo para el que continúan desembolsando valiosos recursos como los US$ 5.000 millones que ya se pagaron. De este total, US$ 1.381 millones fueron pagados durante el Gobierno de Mauricio Macri y US$ 3.829 millones por el actual Gobierno.

A esto se suma la necesidad de terminar con las condiciones de precarización en que se trabaja, con magros sueldos: $100 la hora para un acompañante terapéutico hospitalario en la CABA es inadmisible, así como también lo son los cierres de concurrencias, la precarización y no continuidad laboral de los residentes, la falta de reconocimiento profesional a enfermería, el pluriempleo, etc. etc. etc.

Lejos de congelar la planta del Estado, es urgente la creación de puestos de trabajo para profesionales en todos los dispositivos de salud mental, empezando por fortalecer el primer nivel de atención. Se necesita también plata para educación y creación de gabinetes y cargos profesionales en todas las escuelas, que juegan un rol primordial en la prevención de los padecimientos subjetivos en niñes y adolescentes.

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2) La unificación del sistema de salud, bajo control de usuarios y trabajadores, es la única forma de poner fin al lucro de los privados y las cajas millonarias de las obras sociales, garantizando el pleno acceso a la salud. A su vez, consideramos necesaria la nacionalización de la industria farmacéutica bajo órbita estatal y controlada por sus trabajadores, para acabar con el negociado sobre la salud. Algo que funcionarios del Frente de Todos sólo se atrevieron a mencionar frente a las necesidades en la pandemia y al posible colapso sanitario, pero que terminaron retrocediendo frente a los empresarios. Este debate ha sido vuelto a traer sobre la mesa de cara a la campaña electoral por CFK, sin ver claros avances al respecto. Los diputados y diputadas del FIT han presentado diversos proyectos que aún no fueron abordados.

3) Y como no hay salud mental posible con ritmos de trabajo extenuantes, por un lado, y la más profunda pobreza, hambre y desocupación por el otro; proponemos avanzar en la reducción de la jornada laboral a 6hs de trabajo, 5 días a la semana, con un sueldo que cubra la canasta básica familiar. De esta forma, se podría repartir el trabajo entre todas las manos disponibles para que nadie “se queme” y brindando mayor tiempo para el esparcimiento y ocio, que resultan fundamentales para liberar la capacidad creativa de la población del yugo del látigo capitalista. Esto permitiría incluso que miles de usuarios de salud mental puedan acceder a un trabajo genuino como parte de su inclusión comunitaria. Es también una salida a la desocupación que sufren hoy las familias que se atienden en el sistema público de salud o que llevan a sus hijxs a la escuela pública.

Parafraseando a Basaglia en “la condena de ser loco y pobre”, no sabemos si el fin del capitalismo terminará con todo padecimiento mental, pero sabemos que, sin acabar con la miseria del mundo, no habrá salud mental posible y para ello debemos cuestionar de raíz el sistema social en que vivimos. No es sólo cuestión de más y mejores leyes, porque sabemos que a la primera de cambio que abandonamos las calles y la organización, avanzan sobre los derechos que en ellas están escritos. El aborto legal es un claro ejemplo de ello.

Por eso se vuelve fundamental recuperar los espacios de organización y debate para sumar fuerzas en post de estos objetivos. Las direcciones sindicales deben romper con la resignación que milita los partidos del régimen y llamar a debatir planes de acción para transformar la dura realidad que vivimos. Sólo se puede avanzar con la organización desde abajo de trabajadores, usuarios y el conjunto de la comunidad, única vía para defender los puntos progresivos de la ley y avanzar en su real implementación de la mano de transformar la profunda desigualdad social que este sistema genera que sólo ofrece cada vez más enfermedad y miseria. Ese es el camino, ya que no hay salidas individuales para problemas colectivos.