CÓRDOBA. Salud Mental, otro relato que se cae

Esto se dio en el marco de un profundo y sostenido deterioro del sistema sanitario de la Argentina que durante la supuesta “década ganada” no modificó ninguna de las políticas aplicadas durante los ´90 que llevaron a la descentralización y el correspondiente traspaso del sistema de salud, de la nación a las provincias, de las provincias a los municipios, y esto acompañado de un sucesivo vaciamiento (Para profundizar, ver Dossier en Ideas de Izquierda n°14).

Así las cosas, y porque la salud mental no es ajena al sistema sanitario de conjunto, y menos aún al conjunto de políticas que desde los gobiernos de turno se llevan adelante sobre lo público: salud, educación, vivienda, etc., podemos sostener que más allá de los aspectos progresivos que esta ley introdujo en el campo de la salud mental, que implicaron un avance en materia del reconocimiento de los derechos elementales de los pacientes, las condiciones materiales para su aplicabilidad vienen en franco retroceso. Porque en la década en que el gobierno kirchnerista hizo gala de la bandera de los derechos humanos, ni los derechos de los usuarios ni los derechos de los trabajadores han avanzado en algo.
En el año 2007 el CELS publicó una investigación que se titulaba “Vidas Arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos”, dando un detallado informe de la situación en los hospitales neuropsiquiatricos de la Argentina. Entre las conclusiones más importantes planteaba: “…aproximadamente 25.000 personas están detenidas en las instituciones psiquiátricas argentinas; más de un 80 por ciento de estas personas son encerradas durante más de un año, y muchas lo son de por vida; dos tercios de las camas psiquiátricas pertenecen al sistema público; el 75 por ciento de las personas en el sistema argentino de salud mental público se encuentran detenidas en instalaciones de 1000 camas o más. Muchas de estas internaciones constituyen detenciones arbitrarias puesto que no se conoce la legalidad de las mismas, las cuales producen: muertes que no son investigadas, privación de la libertad en celdas de aislamiento, abusos físicos y sexuales, falta de atención médica, condiciones insalubres de alojamiento, ausencia de rehabilitación, tratamientos inadecuados y sobrepoblación, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.”
Por otro lado, un informe realizado por los Observatorios de derechos humanos de la U.N.C., la UNRC en el año 2013 planteaba: “A partir de visitas a las instituciones, de relatos de los trabajadores, de los usuarios, como también de denuncias públicas realizadas en los últimos meses, es posible afirmar que las condiciones de infraestructura y edilicias en las que se encuentran las instituciones en la Provincia de Córdoba, son deplorables, degradantes, antihigiénicas, inseguras, con situaciones de hacinamiento, entre otros aspectos observados que vulneran el derecho a la salud y el derecho a un tratamiento humano.”

Haciéndose evidente que, a pesar de la ley, poco se ha avanzado en materia de derechos humanos para los usuarios, hoy se vuelve imperioso destacar también que las condiciones en que los trabajadores de la salud mental desempeñan sus tareas van de la mano con las jamás cuestionadas leyes de flexibilización laboral que, herencia del menemismo, el kirchnerismo nunca tocó y que han llevado a que miles de trabajadores del sistema sanitario se encuentren con los famosos contratos basura, salarios de miseria e incluso modalidades “ad honorem”, siendo una bandera de lucha el pase a planta permanente de todos y cada uno de los monotributistas que pasan horas y horas sosteniendo sobre sus espaldas un sistema que se cae a pedazos. Por otro lado, la mercantilización de la salud ha llevado a que esta sea considerada no en términos de derechos sino más bien en términos de “costo- beneficio” por lo que el acceso se ve determinado por la posibilidad o no de pagar. Aunque entendemos que defender el hospital púbico no implica sostener las instituciones manicomiales en el marco de lo que estas significan, no podemos dejar de mencionar que de la mano de los De la Sota, los Macri o los Kirchner, se vuelve sinónimo de desmantelamiento a favor de jugosos negocios inmobiliarios, puesto que muchas de estas instituciones se encuentran en terrenos que valen fortunas. Cabe recordar como ejemplo paradigmático lo que quisieron hacer con las tierras colindantes al Hospital Borda otorgándole a las empresas constructoras e inmobiliarias enormes ganancias en desmedro de la salud de los sectores más vulnerables de la sociedad y con presupuestos miserables para infraestructura y personal.
En este sentido, no es casual que la privatización y mercantilización de la salud se diera de la mano de los organismos internacionales como la OMS y el Banco Mundial que de los 90 en adelante aumentaron notoriamente su injerencia en el área moldeando desde los planes de estudio de las carreras orientadas a salud, y hasta resignificando conceptos claves como “desmanicomialización” para volverlos afines al modelo psiquiátrico hegemónico de la mano de la gran industria psicofarmacéutica.
Para quienes trabajamos en salud mental, está más que claro que mientras la salud sea un negocio más con el que se enriquecen empresarios y gobiernos, que mientras vivamos en un sistema que enferma por las condiciones que un puñado imponen a miles y patologiza además porque nuestra salud les redunda en millonarias ganancias, difícilmente el concepto de “SALUD MENTAL” estará al alcance de todos. Las condiciones en las que nos encontramos quienes diariamente tratamos de trabajar en pos de la salud mental llevan a que nosotros mismos nos enfermemos. Por eso, solo nosotros como trabajadores, junto a los miles de usuarios tenemos que pelear por romper con el modelo médico vigente que no se cuestiona un ápice las causas de las enfermedades. Tenemos que recuperar nuestras organizaciones, los sindicatos y ponerlos al servicio de esta pelea. Pelear porque los enormes descubrimientos y avances de la ciencia en materia de salud sean puestos al servicio de todos y no de los pocos que pueden pagarlo. Para que la salud sea un derecho y no un negocio.