En los últimos días un debate trascendió en los medios locales, luego de que el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, realizara un acto en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, anunciando el "cierre" de una sala de rehabilitación. Allí el gobierno colocó una placa que expresa que en dicho lugar se han violado los derechos humanos de usuarios y usuarias a lo largo de décadas, hasta la actualidad. La opinión de trabajadoras y trabajadores de diferentes hospitales de la zona.
Martes 6 de junio de 2023 09:17
Días pasados, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, realizó un acto en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, en el cual anunció algunas “obras” en sectores específicos del área de salud mental, como las obras del SAC y de las guardias, obras paradas desde hace años. Además anunció el "cierre", en verdad fusión, de una sala de rehabilitación, la sala Barros Hurtado, de pacientes con internación de larga data.
A su vez “inauguraron” el edificio donde funciona el servicio de salud mental Infanto Juvenil, a donde lograron mudarse les trabajadores luego de años de exigir condiciones dignas de trabajo, ya que se encontraban en el ex pabellón de agudos, el cual no contaba ni con calefacción.
En una de las salas colocaron una placa en donde se expresa que en dicho lugar se han violado los derechos humanos de usuarios y usuarias a lo largo de décadas, hasta la actualidad, dice: “Desde finales de la década de 1960 hasta abril del 2023, funcionó aquí un pabellón de encierro manicomial. En el día de la fecha se cierra definitivamente como espacio de vulneración, destinado a nuevos usos para garantizar derechos a nuestro pueblo”.
Ante estos hechos, les trabajadores de la salud mental de diferentes hospitales de la zona decidimos repudiar la valoración que desde el Gobierno provincial realiza del trabajo que se realiza en estos espacios, además de denunciar la falta de inversión y condiciones laborales, también responsabilidad del Gobierno nacional y municipal.
Somos muches les trabajadores que llevamos adelante desde hace años intervenciones contra lo manicomial, como dispositivo y como lógica de tratamiento que anula la subjetividad y vulnera derechos fundamentales de las personas.
En este sentido, sostenemos que al momento de una externacion, más aún de quienes hace años se encuentran, sin redes vinculares, sin acceso a un sistema de apoyos y sin posibilidad de un sostén económico, no puede dejar de lado lo que respecta a lo singular de la persona, las posibilidades o no de contar con recursos para sostenerse, e incluso a las consecuencias que el empuje a ’normativizar’, ocasiona en muchos casos, profundizando el padecimiento. Hecho que solo conocen les trabajadores, quienes a diario realizan un sinfín de maniobras para garantizar una externación en las mejores condiciones.
Esta lucha histórica de trabajadores de hospitales y centros de salud pública, es tomada de manera demagógica por el Gobierno que busca la foto de campaña, de la misma manera que lo hicieron gobiernos anteriores. Sin embargo, sean del color que sean, ajustan en recursos, vacían la salud pública y en particular la salud mental. Hace años les trabajadores del sector vienen denunciando la falta de recursos y personal para dar respuesta a los padecimientos de salud mental.
El estado provincial actualmente ha dado inicio al proceso de transformacion de los monovalentes, con los planes de adecuación, que según la ley deberían de haberse culminado ya para el año 2020.
Es el responsable, junto al Gobierno nacional y municipal, de profundizar un modelo de atención, a costa de precarizacion laboral y de no garantizar los derechos de las personas que en el transcurso de su internación y luego, siendo externadas, no cuentan con reales condiciones de independencia autonomía, acordes a cada particularidad, porque justamente, las condiciones de vida se deterioran en un contexto de crisis como el actual. Y las clases populares son quienes más lo padecen.
Para garantizar derechos es necesario un presupuesto de emergencia. Y que sea una prioridad la salud pública
Tenemos presente que otros gobiernos, como el de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, reprimieron en el Hospital Borda, incluso con balas y gases lacrimógenos a usuarios y trabajadores, derribando los talleres protegidos, en pos de un negocio inmobiliario.
Incluso ya desde la década del ’60 y ’70 en las experiencias de desmanicomialización en Italia, psiquiatras como Rottelli advertían que la “desmanicomialización” era utilizada por gobiernos liberales para llevar a cabo un desmantelamiento en la salud.
En nuestro país, hemos logrado una ley de Salud Mental, que desde el 2010 brega por los derechos de quienes hoy tienen algún padecimiento mental, y propone el abordaje de la salud mental desde una perspectiva integral, centrado en la comunidad. Dicha ley plantea claramente que para revertir el paradigma de encierro es necesario fortalecer los dispositivos alternativos, como centros de día, centros de salud por región, además de transversalizar el enfoque interdisciplinario en todos los dispositivos, incluidos urgencia e internación.
Como siempre se ha dicho, esa ley, sin el presupuesto acorde para su implementación, es papel mojado: la ley establece que el Estado Nacional debe implementar un 10% de gasto en salud mental, sin embargo ningún Gobierno superó el 3%.
Las consecuencias son más que visibles, las padecen les usuaries y les trabajadores. La espera para conseguir un turno para psicología o psiquiatría es de meses, porque falta personal y por falta de voluntad política de fortalecer los dispositivos de atención ambulatoria. Los dispositivos escasean, en regiones sanitarias vecinas ni siquiera hay guardias de salud mental, y les usuarios viajan horas para lograr el acceso a la atención en momentos de urgencia.
En internación sucede algo similar: cuando una persona se estabiliza en su cuadro psicopatológico encuentra grandes dificultades para conseguir turno para un tratamiento ambulatorio, lo cual genera un circuito constante de reinternaciones. Otra gran crisis la tienen los centros de externación, un dispositivo fundamental para un abordaje integral.
En esta semana el centro de día Basaglia, perteneciente al hospital Alejandro Korn llamó a un abrazo en su sede por la situación de emergencia que atraviesa, será realizada ese miércoles 7 de junio a las 10:30hs e 50 e/15 y 16.
Son solo tres centros en la ciudad, Casa de Pre alta, Centro F. Basaglia y el Centro Pichón Riviere, donde el único que tiene una propiedad dependiente del Ministerio de Salud es el Centro de Pre Alta, los otros dos son casas alquiladas para las cuales el estado provincial no renovó el contrato, por lo cual la situación es de enorme preocupación, tanto para sus trabajadores como para les usuaries.
La situación del Basaglia hoy es escandalosa, se encuentran ante el vencimiento del contrato del alquiler sin tener respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, de a dónde será relocalizada dicha institución.
En la ciudad de La Plata, gobernada por Julio Garro, si hay algo que ha crecido es la enorme especulación inmobiliaria, habiendo pocas viviendas para alquilar. No puede haber casas sin habitar, en ciudades donde cientos de personas viven en situación de calle.
La realidad económica de les usuaries externados también es repudiable porque siguen condenados a ser pobres, con grandes dificultades para conseguir vivienda (ya que nunca se realizaron planes de vivienda acordes a las necesidades), con inserciones laborales como el “Promover”, en las que perciben cifras muy por debajo del límite de la indigencia o pensiones por discapacidad, tanto provinciales como nacionales en la misma sintonía.
¿Puede haber salud mental sin la posibilidad de acceder a vivienda digna y trabajo con derechos?
Las personas usuarias de servicios de salud mental tienen derecho a recibir una atención integral, oportuna y de calidad, que garantice su libertad, su inclusión social, así como el derecho a vivir en comunidad.
Por ello este miércoles estaremos acompañando la acción en la puerta el Centro F. Basaglia, jornada que ya empieza a llenarse de solidaridad, desde abajo, como siempre ha sido para defender la salud pública y de calidad.
Seguiremos exigiendo que la ley sea acompañada del presupuesto para que su implementación sea efectiva y posible.
Presupuesto de emergencia, no solo para nuevos centros y dispositivos de abordaje, seguimiento y tratamiento; sino también para dar respuesta ante una demanda, la demanda en salud mental, que no deja de preocupar a quienes sostienen las guardias en los hospitales públicos.
El nombramiento de más personal para todo el equipo de salud, con salarios acordes a la canasta familiar, estipulada actualmente por la junta interna de ATE Indec en 322 mil pesos, para terminar con el pluriempleo que hoy es la única salida para llegar a fin de mes.
Por un sistema de salud único, gratuito y de calidad
Desde una concepción integral de salud como derecho humano (obras públicas, vivienda, agua potable, alimentación), que se basa en la liquidación del sistema privado y la integración de dichas unidades en un sistema de hospitales y centros de salud públicos.
La nacionalización de los laboratorios y la industria farmacéutica que lucra con la salud. Por una salud que sea efectivamente un derecho, y no un negocio. Que la plata no sea para el FMI, sino para estas urgencias.
