Tucumán. Salud mental en crisis, niñez en emergencia: debates necesarios

Por un lado, bajo el nombre de “Colectivo de profesionales de Salud Mental del Siprosa”, un grupo de psicólogos, acompañados por el Colegio que nos nuclea, y trabajadores sociales autoconvocados llevamos a cabo acciones para hacer oír nuestros reclamos. Semanas atrás, realizamos una concentración en Plaza Independencia para exigir mejores condiciones de trabajo y salariales para todos los trabajadores que conforman los equipos de salud mental, sin distinción de profesiones. Además también la plena implementación de la Ley Salud Mental 26.657 y la implementación también con un presupuesto acorde de la Ley de Emergencia en Salud Mental, sancionada y aprobada en la provincia en el 2021. Por otro lado, los trabajadores de la Dinayf vienen llevando a cabo medidas de fuerza, realizaron un paro y el viernes pasado una gran movilización en la que destacaron su pelea por la implementación de la Ley de Emergencia en Niñez en la provincia, bajo la cual se de respuesta en materia de presupuesto a la situación desbordante de este sector. La falta de recursos humanos, los bajos salarios con sueldos pagados a destiempo, la precarización laboral en la que se encuentran cientos de trabajadores. Los equipos técnicos denuncian esto, de la mano de la sobrecarga laboral por la cual no pueden brindar las respuestas necesarias a las infancias y adolescencias, por ejemplo para graficar la situación: equipos de menos de 30 trabajadores deben atender los casos de más de 5.000 familias que se encuentran en estado de emergencia.

¿Qué tienen en común ambos reclamos?, la población vulnerable con la se trabaja en ambos sectores. En Tucumán, queda al descubierto que para el Estado la Salud Mental y las Infancias no son una prioridad.

¿Por qué hablamos de Emergencia en Salud Mental?

Los trabajadores denunciamos que hace tiempo la salud mental en la provincia se encuentra en crisis. La demanda de atención es enorme en los distintos niveles, la pandemia profundizó este colapso y esto no se tradujo en políticas de salud mental. En el sistema público hay pocos profesionales para responder a una enorme demanda, con sueldos que no están acordes. El ejemplo que grafica esta situación es la existencia de tan solo 57 psiquiatras en el sistema para toda la provincia. A esto se suma la situación de precarización en la que se encuentran muchos compañeros.

Pese a que la Ley Nacional de Salud Mental fue promulgada en el año 2010 hasta la fecha no existe en la provincia el órgano de revisión, no se han creado los dispositivos alternativos que plantea dicha legislación, tampoco se conformaron los equipos interdisciplinarios pertinentes para el trabajo en la comunidad.

Ante esta situación, vemos cómo los usuarios que acuden al sistema público de salud se ven perjudicados, en el marco de que dar respuestas desde los equipos se hace cada vez más difícil ante la falta de recursos humanos y materiales. Es innegable también, que en un contexto en el que se atraviesa una gran crisis económica como resultado del ajuste del Gobierno nacional y provincial, para beneficio de grande empresarios y el FMI, se agudizaron las problemáticas de salud mental. El desempleo, la pobreza, la falta de proyectos para los adolescentes, la violencia de género, el consumo de sustancias, las estadísticas de intentos de suicidio y en el peor de los casos el suicidio mismo, son solo algunas de las problemáticas a las que nos enfrentamos todos los días.

En Tucumán, los dispositivos infanto-juveniles para la atención en salud mental continúan siendo una deuda enorme. Y es así, que hablando de las infancias y adolescencias, vemos que es transversal a otros dispositivos, y Ministerios, la falta de presupuesto en materia de niñez.

Niñez en Emergencia

En este contexto también los trabajadores de la Dirección de Niñez, adolescencia y Familia (Dinayf) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, vienen llevando a cabo medidas de fuerza, realizaron un paro y el viernes pasado una gran movilización en la que destacaron su pelea por la implementación de la Ley de Emergencia en Niñez en la provincia, bajo la cual se de respuesta en materia de presupuesto a la situación desbordante de este sector. La falta de recursos humanos, los bajos salarios con sueldos pagados a destiempo, la precarización laboral. Los equipos técnicos denuncian esto, de la mano de la sobrecarga laboral por la cual no pueden brindar las respuestas necesarias a las infancias y adolescencias, por ejemplo para graficar la situación: equipos de menos de 30 trabajadores deben atender los casos de más de 5.000 familias que se encuentran en estado de emergencia.

Este jueves realizaron un abrazo simbólico por la Declaración de Emergencia en Niñez en la provincia, acompañados por familias, organizaciones sociales, sindicales, de DD HH. La exigencia de la Emergencia Pública Provincial del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, niños y Adolescentes, el pase a planta de todos los trabajadores que se encuentran en situación de contratados, la incorporación de más profesionales a los equipos, las recategorizaciones y refacciones infraestructurales están entre sus demandas principales.

Asambleas democráticas y la unidad de todos los sectores en lucha

Queda en evidencia que lo que une estos reclamos es la población con la que se trabaja, que se encuentra en estado de urgencia en términos de salud mental y de emergencia como señalan trabajadores de la Dinayf. Esta crisis generalizada deja al descubierto a un Estado para el que la salud mental o el trabajo con la población más vulnerable como ser las infancias, queda siempre relegado. Solo en la provincia de Tucumán 6 niñxs de cada 10, son pobres, tienen vulnerados más de un derecho, con obstáculos concretos para la supervivencia. Bajo estas condiciones estructurales de Tucumán existe el trabajo infantil, avalado y silenciado por todos los Gobiernos de turno.

En el desinterés del Gobierno por estos sectores, cobra relevancia la unidad de los reclamos, tomando el reciente ejemplo de Jujuy, donde hace semanas docentes, estudiantes, trabajadores de la salud, comunidades originarias vienen protagonizando una enorme lucha contra la reforma de Morales que ataca derechos constitucionales como el derecho a la protesta, para así imponer el saqueo de los bienes comunes como el litio,y negociar con empresas extranjeras. En este marco el pueblo jujeño enfrentó a las fuerzas represivas, con centenares de personas que fueron reprimidos brutalmente.

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El ejemplo de Jujuy nos señala el camino de unidad, para enfrentar el ajuste en los distintos sectores: salud, educación, desarrollo social, estudiantes, pacientes y familiares. Una asamblea en común para debatir la Emergencia en Niñez, como así también la implementación de la Ley de Salud Mental. Los trabajadores somos quienes debemos exigir al Gobierno Nacional y provincial que se inviertan las prioridades, y en este marco el rechazo del acuerdo con el FMI.

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