NACIONAL. Salud mental: hospitales públicos colapsados

Está próximo a cumplirse los plazos de aplicación de la Ley de Salud Mental N°26657 que en su Artículo 27, establece el cierre de hospitales monovalentes, previsto para el 1° de enero del 2020 por la Reglamentación de la ley.

Sancionada en 2010, y reglamentada en 2013, la ley establecía que debía construirse una "red de servicios con base en la comunidad", en la que funcionen centros de atención primaria, hospitales de día, casas de medio camino, talleres laborales, entre otros dispositivos, para la atención de pacientes con problemáticas de salud mental.

Esta ley estaba enfocada en desmanicomializar y otorgar prestaciones que estuvieran comprendidas en los derechos de las personas con padecimientos mentales. Más adelante nos referiremos si alcanza con cerrar los monovalentes para terminar con la lógica manicomial y porqué hay que reconvertir estos hospitales en polivalentes.

El titular de la Dirección Nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, fue entrevistado por el diario Clarín para hablar sobre el tema. Ante la consulta sobre si el Gobierno avanzó con la aplicación de la ley sostuvo: "No es que no se hizo nada en estos casi diez años desde la sanción de la ley, pero hubo pocos avances. Hay distancia entre lo que debió hacerse y se hizo", reconoció el funcionario, y justificó la “lentitud” de las mejoras en la atención de la salud mental, entre otras cosas, a problemas "culturales".

"No se ha avanzado con la celeridad que hemos querido: se trata de una transición muy compleja porque requiere un cambio cultural. La sociedad ha contribuido a la estigmatización, a asociar al paciente de un hospital psiquiátrico con la locura, el encierro, el peligro, y los medios de comunicación tienen un rol importante para lograr que esto cambie", dijo Grasso.

Luego se lo consultó sobre el presupuesto que cuenta al área de Salud Mental para cumplir con la reconversión del sistema de salud mental, y Grasso respondió: "Poco. No tengo los números acá, pero Salud Mental recibe aproximadamente un 2 % del total del presupuesto de Salud, tiene que incrementarse".

El resultado de este desfinanciamiento es que a casi diez años de la aprobación de la ley, no sólo no han invertido en construir las redes comunitarias, sino que los problemas edilicios y la precariedad en la que trabajan las y los profesionales de la salud (algo transversal a toda la atención pública), se ha profundizado a través de los distintos gobiernos, que considera al enfermo mental como algo descartable. ¿A quién le importa las personas a las que no se les puede explotar su fuerza de trabajo por sus padecimientos psíquicos?

La atención médica y de calidad implica tener profesionales de todas las áreas: enfermeros, psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, que perciban un salario equivalente a la canasta básica familiar. En cambio, la realidad es muy distinta.

Los hospitales generales, así como los monovalentes, son sostenidos por profesionales ad honórem. Otros están precarizados, y muchos son despedidos, como continúa ocurriendo en el Hospital Posadas. Con la consecuencia de que este centro de salud se quedó sin el servicio de cirugía cardiovascular infantil, y con la mitad de camas en la terapia intensiva pediátrica, por falta de profesionales.

Los hospitales públicos no se deben cerrar

Cerrar los monovalentes es perder los espacios de atención pública, sin solucionar los problemas de fondo. Hay que defender el sistema de salud pública, porque son indispensables para la atención de toda la población que no tienen obra social ni recursos para atenderse en el sistema privado. En la actualidad, según la Universidad Católica Argentina (UCA), casi el 50 % de trabajadores están precarizados, la mayoría no cuenta con una obra social, y más de un 10 % de las manos disponibles, están desocupadas. Cerrar los monovalentes implica, además, aumentar la desocupación.

Aunque la realidad es que el sistema sanitario público está vaciado, desfinanciado y no da respuesta a las necesidades reales de la población.

Reconvertir los monovalentes en hospitales generales, significa que continúen trabajando las y los profesionales especializados en salud mental, que son los que hoy sostienen el sistema público. Desmanicomializar implica, también, que los profesionales ad honórem o con contratos precarizados pasen a planta permanente, es decir que perciban un salario.

Además, no basta con cerrar el manicomio para superar la lógica manicomial. También hay que transformar la formación profesional de psicólogos y psiquiatras, a los que aún hoy los forman con bibliografía manicomial. Basta repasar los contenidos de cátedras, como la de psicopatología de la facultad de psicología de la UBA. Fabián Schejtman, titular de esta cátedra, que sostiene, en un libro de lectura obligatoria para las y los estudiantes de su materia, la patologización de las prácticas sexuales consideradas “desviadas de la sexualidad normal”.

Promover la transformación de los monovalentes a polivalentes es, ciertamente, porque la internación en los hospitales generales es mucho menos estigmatizante de la que se realiza en un hospital psiquiátrico, en los que además terminan cronificados, internados por un largo periodo, e incluso muchos por el resto de sus vidas.

Si además de esto se establecen estructuras intermedias con diversos niveles de atención, en la que funcionen centros de atención primaria, hospitales de día, casas de medio camino, talleres laborales, entre otros dispositivos, evitarían la cronificación de un importante porcentaje de pacientes, y entre otras cosas, serían menos costosas, como sostiene la OMS desde el 2001.

Muchos pacientes llevan años internados en los monovalentes, no porque no puedan ser externados, sino porque en la mayoría de los casos tienen problemas sociales y habitacionales.

Sin una cobertura pública, las y los pacientes con padecimientos mentales serían abandonados en las calles. Hoy muchos de ellos son rechazados en las guardias de hospitales generales. La falta de atención agrava sus padecimientos, lo que lleva a que muchas veces son encerrados en cárceles.

A fines del 2017, el Gobierno, a través del por entonces Director de Salud Mental, Andy Blake, intentó derogar la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental existente y promulgar otra donde serían excluidos aún más las personas con padecimientos mentales, así como a las y los profesionales especializados en salud mental. Clausuraba el trabajo interdisciplinario y devolvía el privilegio de la hegemonía a la corporación psiquiátrica.

No obstante, una gran movilización rechazó la nueva reglamentación y el Gobierno tuvo que dar marcha atrás. Cientos de profesionales, organizaciones sociales, de derechos humanos y académicas, repudiaron ese intento.

Más allá que el Gobierno, desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, retrocedió en su resolución, aún hoy destina el 2 % del presupuesto total de salud a la salud mental.

Ningún derecho se conquista sin una gran movilización que arranque el presupuesto para la salud pública que otorgue a la población la mejor atención y que todos los profesionales perciban un salario.