DECLARACIÓN DE FIRMAS. ¡Salud, pan y trabajo! Que la crisis no la pague la clase trabajadora y el pueblo, sino que los grandes empresarios

La salida de Mañalich es una verdadera confesión por parte del gobierno de que su política frente a la pandemia nos ha llevado a una catástrofe sanitaria y social sin precedentes. Y la razón está clara: para ellos el bienestar y la salud de millones de trabajadoras y trabajadores vale menos que los negocios y privilegios de los millonarios.

Toda su estrategia sanitaria estuvo centrada en mantener lo más posible el funcionamiento de la economía, exponiendo a millones al contagio y preparando las condiciones para la crisis actual. Lejos de la “nueva normalidad”, hoy Chile es parte de los países con más contagios activos en el mundo y está dentro de los países con mayor índice de muertos por millón de habitantes en la región. La política sanitaria del gobierno hoy la paga el pueblo con muertes y la pagan las y los trabajadores de la salud con su integridad física y psíquica.

Por otra parte, las medidas económicas del gobierno han buscado asegurar los negocios de los grandes empresarios a costa de los salarios y la estabilidad laboral de millones. Ya hay más de 1 millón de cesantes y son más de 620 mil las suspensiones aprobadas. En el caso de las mujeres es catastrófico, se borraron 10 años de inserción en el mundo laboral aumentando además la sobrecarga de trabajo no remunerado en el hogar. Se trata de la mayor destrucción de puestos de trabajo desde la crisis de 1982.

A su vez, los sueldos en promedio han llegado a los niveles más bajos de la última década y las y los trabajadores suspendidos viven de sus ahorros del seguro de cesantía, recibiendo apenas una fracción de su sueldo. Es por esto que el drama del hambre se ha ido instalando con plena agudeza en las poblaciones.

Hoy los principales partidos de la “oposición” firmaron un acuerdo nacional con el gobierno. Tal como lo hicieron en la “cocina” de noviembre del 2019, buscan salvar a un gobierno criminal, que asesinó y reprimió durante el estallido social y que hoy juega con la salud y la vida de millones, en defensa de un puñado de millonarios. A cambio de aumentar el Ingreso Familiar de Emergencia por unos meses, le asegura millones de dólares a los empresarios. Lo hacen aumentando el endeudamiento fiscal, que tal como dijo el ministro Briones, es una “mochila a las nuevas generaciones”, que pagaremos con ajustes fiscales futuros. Todo mientras la CUT sólo aparece para pedir mesas tripartitas con los grandes empresarios y el gobierno.

Quienes nos rebelamos en octubre contra los 30 años de herencia de la dictadura y luchamos por pensiones, por salud y educación para todas y todos, hoy vemos cómo quieren aprovechar la pandemia para hacernos creer que no hay otra posibilidad que “ajustar nuestras expectativas” y resignarnos a aceptar un país con mayor hambre, desempleo y peores salarios.

Pero hay otra solución: que la crisis no la paguen las y los trabajadores y el pueblo, sino que los grandes empresarios. Diversas organizaciones sindicales, territoriales, sociales y políticas, nos hemos organizado desde nuestros lugares de trabajo, estudio y territorios para enfrentar los efectos de la crisis y enfrentar a este gobierno, y hoy nos unimos para luchar por:

1) Luchamos por el trabajo y el pan. Para resguardar las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora, luchamos por la prohibición inmediata de los despidos sin afectar el salario, con un sueldo mínimo de $ 500 mil pesos. A todas y todos los trabajadores informales, independientes y desempleados que se quedaron sin ingresos por la pandemia o que perciben ingresos inferiores a la canasta familiar, proponemos garantizar un salario de emergencia por el mismo monto. Es urgente establecer una jubilación mínima de la misma cifra, derogar el Decreto Ley 3500 y acabar con las AFP para establecer un sistema de reparto solidario. Este plan puede perfectamente ser costeado por impuestos a las grandes fortunas y también a grandes empresas como mineras, forestales, retail, etc. Recordemos que sólo la familia Luksic tiene un patrimonio personal de US$ 13.700 millones.

2) Luchamos por la salud. Ante el fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno, es urgente combinar tests masivos, entrega oportuna de los resultados con la efectiva trazabilidad de los casos y residencias sanitarias garantizadas para un aislamiento real, contando con recursos e infraestructura para todas quienes viven o están amenazadas de vivir violencia de género en este contexto. Triplicación del presupuesto a la salud, unificación y nacionalización del sistema sanitario para garantizar infraestructura, camas, ventiladores e insumos de calidad para las y los trabajadores de la salud y evitar contagios. Exigimos el cese de todos los trabajos no esenciales para detener la propagación en los lugares de trabajo, con salario garantizado.

3) Por un plan de lucha a las principales organizaciones sindicales y sociales. La CUT y Unidad Social se mantiene hace meses en una tregua vergonzosa frente al gobierno y en vez de impulsar un plan de movilización para frenar los despidos y la degradación de las condiciones de vida del pueblo, propone mesas de negociación con empresarios y el gobierno. Exigimos un plan de lucha que parta por un paro nacional, en la perspectiva de retomar la huelga general del 12 de noviembre del 2019, única vía para hacer efectivo el Fuera Piñera reemplazar a este gobierno por una verdadera Asamblea Constituyente soberana, en el camino de imponer una salida de fondo al hambre y la desocupación.

4) Rechazamos el acuerdo nacional de Piñera y la oposición. A cambio de aumentar el monto del Ingreso Familiar de Emergencia, quieren desembolsar millones de dólares a favor de los empresarios a través de rebajas de impuestos y subsidios al empleo. Entre cuatro paredes quieren definir qué se puede gastar y qué no de aquí a casi dos años. Es el pueblo quien debe discutir y deliberar sobre los principales problemas que aquejan al país a través de una Asamblea Constituyente libre y soberana.

5) Basta de militarización y represión. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno durante la pandemia fue militar el país y declarar un toque de queda absurdo entre las 22 hrs y las 5 am, que no tiene ninguna justificación sanitaria. Lo mismo hizo Piñera en octubre como respuesta a las protestas. Ahora quieren aprovechar la cuarentena para aumentar la represión, persecución contra la primera línea, contra el pueblo mapuche y todo quien pretenda protestar. Hoy más que nunca exigimos el juicio y castigo a los asesinos y responsables de la represión, la libertad inmediata de los presos de la rebelión, fin a la persecución al pueblo mapuche y desmilitarización.

6) Por la coordinación entre trabajadores, desempleados y pobladores. Desde el estallido hasta la fecha se han creado diversas instancias como los comités de emergencia, las asambleas territoriales, comités de salud y seguridad, entre otras iniciativas. Apostamos por unir la fuerza de sindicatos junto con organizaciones territoriales, estudiantiles, del movimiento de mujeres e impulsar instancias de discusión abiertas y democráticas, iniciativas de solidaridad entre trabajadoras y trabajadores, cesantes y pobladores, como también acciones de protesta y en contra de la represión.

7) Para una salida favorable a las y los trabajadores y el pueblo: nacionalización del cobre y los recursos estratégicos. Partidos desde Chile Vamos, la ex Concertación y hasta quienes impulsan el “Pliego popular”, repiten que Chile tiene espacio para mayor endeudamiento fiscal, pero lo que no dicen es que esa deuda pública la termina pagando la clase trabajadora y el pueblo a través de impuestos regresivos como el IVA o mediante ajustes fiscales futuros. Sin embargo, pese a la crisis económica, hoy las empresas mineras tanto nacionales como multinacionales siguen ganando millones, mientras la producción del cobre se mantiene e incluso aumenta en algunas empresas. Lo mismo sucede con la industria forestal. No puede ser que mientras el pueblo pasa hambre, la principal riqueza del país esté en manos de grandes multinacionales y familias como Luksic o Matte, que ganaron con las privatizaciones, saqueando nuestros recursos, explotando trabajadores y contaminando a la población. Esos recursos pueden estar a disposición de la salud, vivienda, trabajo, educación, cuidado al medioambiente. Para una salida de fondo, debemos renacionalizar el cobre y los recursos estratégicos y que las riquezas nacionales sean controladas por la clase trabajadora en beneficio de todo el pueblo.

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