Poder Judicial. San Isidro: una justicia muy “distinta” (o los métodos del doctor Novo)

“San Isidro es distinto” reza el slogan municipal del distrito de la zona norte, uno de los más ricos del país. Y pese a la vaguedad de la frase, se podría coincidir con ella a condición de suponerle una referencia: San Isidro es “distinto” a otros distritos y localidades en su modo de administrar justicia. Eso sí, la distinción no ofrece ningún motivo de orgullo.

La Fiscalía General

La Fiscalía General de San Isidro tiene jurisdicción sobre los municipios del corredor norte, cinco de los distritos más prósperos del país: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar. Una mirada superficial sobre la historia de la última gestión del organismo podría inducir a pensar que se trata de una de las fiscalías más innovadoras: pionera en la descentralización de la justicia y en la creación de fiscalías especializadas en delitos vinculados a la Droga, la trata de personas o violencia de género.

Sin embargo, el ministerio público local aporta a la historia jurídica del país otros antecedentes menos felices. Es la única fiscalía cuyas oficinas tuvieron que ser allanadas, en dos ocasiones, por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en el marco de una causa que investiga el encubrimiento, por parte de esa Fiscalía General, a crímenes vinculados al narcotráfico. El principal implicado en la causa es el propio fiscal general, Julio Alberto Novo.

Los métodos del Dr. Novo

El hombre de por sí es todo un caso. La causa por encubrimiento está caratulada con su apellido: “Novo y otros s/encubrimiento”. Los “otros” son sus estrechos colaboradores. Hombre de generoso prontuario, su historial jurídico incluye, entre otros hechos, el asesinato que cometió en 2002 contra un adolescente que entró intempestivamente a su casa. Y también un récord: ser el fiscal general que más denuncias recibió de sus propios colegas. Personaje relativamente conocido en San Isidro, la casona antigua a la que hace algunos años mudó la sede de la Fiscalía, ubicada en pleno casco histórico del municipio, es conocida como “La Rosadita”.

Actualmente, se encuentra procesado en la causa mencionada, y licenciado por la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. Julio Alberto gozó, sin embargo, de un largo período de impunidad, y si bien su panorama jurídico comenzó a ensombrecerse los últimos años, a no ser por el apellido portugués de su principal artífice, el esquema de encubrimiento montado en la Fiscalía General no es nuevo. Pueden rastrearse sus inicios desde el comienzo de su gestión.

Recién en 2007 Novo tuvo que afrontar la primera resolución en contra, cuando la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro expuso el esquema ilícito que lo tiene por autor, señalando que “se ha instaurado en San Isidro, en el estrato judicial a cargo de la persecución de los delitos, un sistema antidemocrático de voluntad única o autocrática” que “produce una orientación integral hacia la persecución de los delitos de poca monta”.

En diálogo con este diario, el fiscal de San Isidro Washington Palacios afirma que “Novo armó un esquema que es una máquina de picar carne de gente pobre, vulnerables, ladrones de gallina”.

Palacios y su colega Diego Molina Pico, ambos denunciantes de Novo, aseguran que el maltrato laboral por parte de su superior (y sus colaboradores) siempre resultó una constante. Pero el abanico de maniobras que refieren para dar cuenta del proceder ilícito de la Fiscalía General es mucho más amplio y complejo: desde arbitrarias decisiones administrativas hasta sumarios y persecuciones judiciales a cualquier fiscal que no se atenga a seguir los mandatos que emanan del jefe de los fiscales de la zona norte.

La reasignación de fiscales, decidida sin ningún criterio, es uno de los mecanismos habituales de la maquinaria de Novo, mediante el cual se busca la demora de las investigaciones que toman un cauce comprometedor para estamentos del poder, toda vez que un fiscal que lleva una causa es reemplazado por otro que ni siquiera ha leído el expediente.

Palacios y Molina Pico relatan a este cronista varias de estas artimañas destinadas a entorpecer las investigaciones. Algunos de éstas revisten formas más torpes. Como cuando en 2003 Molina Pico, en ese entonces a cargo de la Fiscalía de Pilar, sufrió la intromisión de Dullio Cámpora (ex Fiscal Adjunto y mano derecha de Novo), quien intentó sustraer a la fuerza el expediente de la causa por el homicidio de María Marta García Belsunce.

El fiscal recuerda, también, su nombramiento al frente de la Fiscalía especializada en delitos vinculados a la droga, de la que fue el primer fiscal a cargo: “Un fiscal y un secretario. Ese era todo el plantel de la Fiscalía. Eso estaba destinado al fracaso. Era para que no se investigara. Y así hace la mayoría de las cosas”.

Se trató de la primera fiscalía de la Provincia de Buenos Aires dedicada al tema, luego de que la provincia asumiera la competencia en materia de investigación de delitos de ese tipo. La gestión de Novo, que se caracterizó por hacer punta en la creación de fiscalías especializadas en problemáticas actuales, también avanzó con celeridad en el proceso de descentralización de la justicia.

El entramado que inaugura el esquema de descentralización es un punto en el que los entrevistados se detienen especialmente. Palacios sostiene que “bajo el ropaje de decir ’vamos a descentralizar para acercar la justicia al vecino’, en realidad lo que está haciendo (Novo) es otra cosa: está intercambiando favores con el poder político local, que se garantiza la impunidad de sus funcionarios políticos locales. ¿Qué fiscal general va a investigar a un poder político local que es el que banca la descentralización del Ministerio Público?”

Según Palacios, la implementación de esta política acabó aceitando los mecanismos de connivencia entre los poderes políticos locales y la justicia. El fenómeno más problemático es que las oficinas descentralizadas son otorgadas por la municipalidad, que además se encarga del personal y de buena parte del funcionamiento de las dependencias, como por ejemplo de los traslados en auto de los expedientes, del sistema de limpieza y del manejo de los pasantes que ingresan a trabajar para la fiscalía.

Pero de todos los vínculos que Novo tejió con los poderes políticos locales, especialmente estrecho es el entablado con el diputado nacional y exintendente de Tigre, Sergio Massa. En el marco de la causa contra Novo que lleva adelante Sandra Arroyo Salgado, quedó en evidencia la fluidez telefónica entre el Fiscal General, Malena Galmarini (esposa de Massa) y Sebastián Galmarini (hermano de Malena y senador provincial del Frente Renovador) entre cuyos teléfonos hay cerca de un centenar de llamadas.

No casualmente, Tigre fue uno de los municipios que más alentó la descentralización y el despliegue de políticas relativas a temáticas sensibles como trata, narcotráfico o violencia de género, uno de los caballitos de batalla del massismo en sus campañas. El municipio es un caso emblemático de cómo, en los últimos tiempos, la aplicación de una serie de políticas como la descentralización, pero también la creación de policías municipales, van ampliando la esfera de influencia de los gobiernos locales, que no solamente acaban haciéndose cargo del presupuesto de las dependencias judiciales, sino que también tienen control absoluto de sus policías, de cuya colaboración los fiscales dependen.

El COT (Centro Operativo de Tigre) es, según el Fiscal Palacios, “la guardia pretoriana de Massa”. Esta herramienta de vigilancia, que asegura al municipio una especie de monopolio de la visibilidad sobre su territorio, plantea a Palacios el siguiente interrogante: “¿Vos te crees que, si hay un caso de violencia institucional, de abuso policial, ellos nos van a dar las imágenes? No, sería autoincriminarse”

Los trece fiscales

La noticia corrió rápido: trece fiscales de la zona norte denuncian por maltrato laboral y por entorpecimiento en las investigaciones a su superior Julio Alberto Novo, fiscal general de San Isidro, y piden que se le practique un examen psiquiátrico. Nunca un fiscal general había reunido tantas voluntades de colegas en su contra. La entonces procuradora general de la Provincia (jefa de todos los fiscales bonaerenses), María del Carmen Falbo, desoyó a los fiscales, hasta que, dos semanas después de realizada la denuncia, no tuvo más remedio que recibirlos.

Palacios destaca la hipocresía de la procuradora en esa reunión, quien simuló no estar al tanto de ninguna de las denuncias que venían acumulándose contra Novo. La denuncia, sucedida en 2009, fue la segunda gran advertencia jurídica para la autocracia de Novo, quien dos años antes ya había recibido la dura resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.

Sin embargo, la respuesta de Falbo fue por demás tibia, limitándose simplemente a recomendar al Fiscal General que tuviera una mejor comunicación con sus subordinados. La decisión de los fiscales fue pedir a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires que se abocara a tomar la denuncia, algo que recién sucedería a fines de 2015.

Fue precisamente durante ese año que la fortuna abandonó a Novo. Llegaron, desde distintos flancos y en muy poco tiempo, todas malas noticias para él. La primera fue la citación a indagatoria, el 18 de septiembre de 2015, pedida por Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa por supuesto encubrimiento al narcotráfico. La jueza también citó a sus colaboradores y secretarias más estrechos.

Le siguió, diez días después, la apertura de un juicio político en su contra por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, decisión precipitada, en gran medida, por la presión de la Corte Suprema de Buenos Aires, quien había sido advertida por el Fiscal Angelini (a cargo de la causa del doble crimen de Unicenter, y denunciante de Novo) que, de no avanzar el juicio político en contra del Fiscal General, acudiría a organismos internacionales para plantear la complicidad de sectores de la justicia con el narcotráfico.

Finalmente, en noviembre, la Corte Suprema de Buenos Aires decidió licenciar compulsivamente al controvertido funcionario, ponderando no solamente su situación en la causa por encubrimiento, sino también la denuncia de los trece fiscales.

Causas y consecuencias

Después de varios años de acumular denuncias en su contra, Julio Alberto Novo está sufriendo las consecuencias de su accionar. En toda su gestión como fiscal general, hay cuatro causas que se destacan porque pusieron obscenamente de relieve los mecanismos de su maquinaria de encubrimiento Todas ellas involucraron a estamentos poderosos (ya sea económica o políticamente) y tuvieron el condimento de ser altamente mediáticas. Los entrevistados fueron protagonistas en dos de ellas.

Molina Pico tuvo a su cargo la investigación del mediático caso por homicidio a María Marta García Belsunce, en 2002, cuando se desempeñaba en la Fiscalía de Pilar. Su vínculo con Novo terminó por deteriorarse completamente a raíz de esta causa.

“Diciembre de 2002 fue la última vez que tuve un encuentro personal con él” dice el fiscal para ejemplificar el bajísimo nivel de institucionalidad que rige el funcionamiento de la Fiscalía General. La investigación del fiscal estuvo repleta de obstáculos: el mencionado intento de sustracción del expediente por parte de un colaborador de Novo, varios intentos de apartarlo de la causa, sumarios en su contra y pedidos de juicio político alentados por su jefe. Hasta incluso la asignación de tres fiscales que supuestamente debían colaborar con él en el juicio oral, y que, según el entrevistado, no hicieron más que entorpecer sus alegatos al momento del juicio.

El principal implicado en el caso era el viudo de la víctima, Carlos Carrascosa, quien por estos días estrena libertad luego de ser absuelto por un fallo de la Cámara de Casación a fin del año pasado. También estaba implicada la mediática familia de María Marta García Belsunce, que, según la investigación de Molina Pico, había participado en el encubrimiento del crimen. La causa finalmente determinó el ensañamiento de Novo en su contra.

Por su parte, el fiscal Washington Palacios es actualmente uno de los principales blancos de la maquinaria de Novo. ¿El motivo? Haber descubierto irregularidades en los allanamientos realizados a la propiedad de Alcídes Díaz Gorgonio, ex agente de la Prefectura Naval acusado y condenado por el robo a la casa de Sergio Massa, ocurrido en julio de 2013.

A cargo de una investigación paralela a la que investiga el robo, abierta a costa de una denuncia efectuada por César Jaunarena (testigo de los allanamientos), Washington Palacios sufrió hace poco más de un mes el apartamiento preventivo de su cargo->http://www.laizquierdadiario.com/Robo-a-Massa-se-define-el-juicio-politico-al-fiscal-que-detecto-irregularidades-en-la-causa], decidido por un Jury de Enjuiciamiento.

Palacios asegura que detrás de esta maniobra se encuentran los intereses del propio Sergio Massa y su mujer Malena Galmarini, quien en varias oportunidades ha manifestado públicamente que el fiscal debía ser removido de su cargo.

Sucede que, en torno a las irregularidades en los allanamientos, quedaron implicadas varias personas ligadas al massismo. Es el caso de Diego Santillán, secretario de Seguridad de Tigre y Jefe de Campaña de Massa, cuya firma no aparece en el acta de allanamiento pese a que más de un testigo asegura su presencia en el lugar.

No es la única irregularidad: las firmas del comisario a cargo del operativo y del testigo César Jaunarena (cuya denuncia en la fiscalía de Palacios estuvo motivada por amenazas que venía sufriendo de parte de la Policía Bonaerense para que no contara lo sucedido aquél día) no aparecen en la tercera hoja del acta, precisamente la hoja en la que figuraba el monto de dinero incautado en el operativo.

Palacios asegura que su involucramiento en esta causa le valió el comienzo de la persecución del massismo, ejecutada por el principal colaborador de Novo, Claudio Scapolán, solicitante del juicio político y recientemente denunciado por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.

También el fiscal Lino Mirabelli tuvo que enfrentarse a los métodos de su superior. En oportunidad de investigar contrataciones ilícitas en el Municipio de Vicente López, cuando su investigación lo conducía al por entonces intendente Enrique “Japonés” García, Mirabelli se topó con la advertencia de no seguir avanzando en la investigación.

El Fiscal desoyó las directivas de su superior e imputó al intendente, quien en 2007 debió prestar declaración en la causa. Pagó caro la desobediencia a las ilícitas órdenes emanadas de la Fiscalía General: le quitaron sus colaboradores y a su secretario, y mientras todavía estaba de licencia, le desmontaron su oficina y lo mandaron a mudar. Poco tiempo después, Novo inauguraba con el “Japonés” García, el único intendente de la zona norte por entonces reacio a la implementación de la descentralización, la primera oficina descentralizada del municipio, abierta con recursos de la intendencia.

Pero la causa más resonante y que más grietas produjo en la autocracia de Novo es la abierta por el doble crimen cometido en el estacionamiento de Unicenter, en 2008. A cargo, primero del fiscal Grau y luego del fiscal Angelini, desde el primer momento la causa fue un dolor de cabeza para el fiscal general, y los intentos de encubrimiento desplegados en el marco de ésta son el ejemplo más palpable del grado de impunidad con el que podía moverse el funcionario con la complicidad asegurada de las autoridades de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires.

Por caso, se nombró a la abogada Mariana Busse como secretaria de la oficina descentralizada de San Fernando (adonde trabajaba Luis Angelini) para que monitoreara la investigación del fiscal. Esta designación se produjo en 2011, poco tiempo después de que los hermanos Juliá quedaran detenidos en Barcelona por el tráfico de una tonelada de cocaína encontrada en un avión de su pertenencia.

Lo sorprendente es que Mariana Busse es la mujer de Carlos Broitman, abogado de los Juliá (y de Ibar Pérez Corradi, acusado –aunque ahora con “falta de mérito”- por el triple crimen de General Rodríguez) y que además ella misma venía desempeñándose, hasta su nombramiento, como abogada de los hermanos. Al momento de su designación, Angelini ya había solicitado, en el marco de su investigación por los crímenes de Unicenter, el allanamiento a Federal Aviation, la compañía aeronáutica de los Juliá, pero el juez de la causa, Esteban Rossignoli, se los había denegado.

El encubrimiento desplegado por la Fiscalía General tenía como objetivo primario, precisamente, proteger a los hermanos Juliá. El propio Angelini asegura que los obstáculos a la investigación se precipitaron una vez que ésta lo conducía a aquéllos. Su hipótesis es contundente: Julián Jiménez Jaramillo, conductor del auto en el que fueron asesinados los colombianos Héctor Duque Ceballos y Jorge Quintero Gartner, habría oficiado de entregador en el hecho. La hipótesis tiene asidero si se considera que Jaramillo es nieto de uno de los líderes de un cártel colombiano, para quien los Juliá lavaban dinero, según surge de la investigación.

Además de asignarle tareas desmesuradas para distraerlo de la causa y de retacearle recursos humanos y materiales para una investigación compleja como la que llevaba adelante, la obstaculización de la Fiscalía General incluyó la frustración de una cooperación que Angelini había pautado con fiscales colombianos. El día que el fiscal y sus colaboradores se disponían a viajar a Colombia para recabar elementos probatorios y para interrogar, entre otros, al conductor Jaramillo, se enteraron que la Fiscalía y la Procuración no habían hecho los trámites administrativos necesarios para aprobar el viaje. Debieron abortarlo, y el desplante a sus pares colombianos motivó una queja de la cancillería colombiana a la argentina.

Este accionar de la Fiscalía motivó la apertura de la causa “Novo y otros s/encubrimiento”, a instancia de una denuncia del propio Angelini, y que recayó en el juzgado federal a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Esta causa acabó convirtiéndose en una especie de nodo que vincula entre sí los casos de narcotráfico más importantes sucedidos en el país hasta el momento: triple crimen de General Rodríguez, doble crimen de Unicenter, asesinato al colombiano Galvis Ramírez en San Fernando, tráfico de efedrina, detención del narcotraficante Mi Sangre y de los hermanos Juliá.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, a cargo de la instrucción de la causa, fue hilvanando los distintos vínculos entre estos acontecimiento, y acabó implicando no solamente a Novo, sino también a sus estrechos colaboradores, los Fiscales adjuntos Eduardo Vaiana y Rodrigo Caro, la ya mencionada secretaria Mariana Busse y la secretaria Melisa Fernández Rey, probada interlocutora de uno de los abogados de los imputados en la causa de Unicenter y posible pareja de Novo, según se deduce de la propia investigación del fiscal Domínguez.

Hasta el momento, los colaboradores vienen sufriendo casi idéntica suerte que su jefe en todos los reveses judiciales: Vaiani y Caro también fueron licenciados por la Corte Suprema de Buenos Aires, que en el mismo fallo pidió sumariar y suspender a ambas secretarias y, además, en octubre del año pasado el binomio de fiscales adjuntos recibió la noticia de que el Jury de Enjuiciamiento (impulsado a instancia de las denuncias del exlegislador por Nuevo Encuentro Marcelo Saín) propuso incluirlos en el juicio político.

Después de Novo…

Si bien todo indica que se aproximan cumbres borrascosas para el fiscal general, su suerte aún no está echada. Los mencionados procesos en su contra están todavía abiertos. Pero además, el esquema que montó al frente de la Fiscalía sobrevive a su suspensión.

Palacios afirma que ha quedado un “esquema residual” que aún opera con fuerza. Prueba de ello sería, precisamente, el apartamiento preventivo al propio fiscal.

Pero no solamente eso: el 20 de diciembre del año pasado, el mismo día en que el Jury de Enjuiciamiento decidió apartar a Palacios, un fallo de la Cámara de Casación Bonaerense ordenó liberar a Carlos Carrascosa y volver a investigar la actuación de Diego Molina Pico en ese caso.

Los entrevistados afirman que la simultaneidad de estas decisiones, aparentemente desligadas, “no es casual”. Molina Pico asegura que el fallo de absolución a Carrascosa estaba preparado desde hace al menos tres meses y que se esperó el momento oportuno para dar a conocerlo. Palacios agrega: “Analizando esta sucesión de cosas, atando cabos, creemos que la coincidencia de la sentencia absolutoria (a Carrascosa) en la que le pegan a él (a Molina Pico) y mi apartamiento preventivo, ha sido de alguna manera coordinada, ¿y la finalidad de esto cuál es? Desmerecer prueba de cargo en las causas que tiene Novo. No nos olvidemos que Diego (Molina Pico) y yo somos, no solamente denunciantes de Novo, sino que hemos declarado en la causa que derivó en el procesamiento de Novo y también, cuando se haga el juicio político contra Novo, vamos a ser citados a declarar”.

La audiencia final, en el marco del Jury de Enjuiciamiento contra Novo, se espera que ocurra dentro de los próximos meses. En esa fecha se decidirá la continuidad o no del fiscal general. Seguramente será una jornada importante para los entrevistados, y para todos los fiscales que denunciaron a su controvertido jefe.