Ariel Rosendo fue acusado de violencia de género y por violar una orden judicial de restricción perimetral, a raíz de una denuncia proveniente de su ex pareja.
Miércoles 20 de mayo de 2020 13:36
Ivanna Massimino, ex pareja de Rosendo, denunció que el lunes pasado, el legislador justicialista entró por la fuerza al domicilio que ella alquila: “Me llevó todas las cosas. Rompió la casa, vino con dos tipos y con su pareja actual, y se llevó todas mis pertenencias. Necesito que se haga Justicia. Él tiene una perimetral. No se puede acercar a la vivienda”, manifestó la denunciante ante la prensa local.
Asimismo, definió al senador del espacio político que conduce Alberto Rodríguez Saá (actual Gobernador de San Luis) como un golpeador, que también ejercía sobre ella violencia psicológica: “Me encerraba en la pieza, me pegaba. Me insultaba y me denigraba como mujer. He estado amenazada mucho tiempo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Temo por mi vida, pero acá estoy luchándola y tengo que seguir siendo fuerte”.
Por otro lado, Massimino agregó que interpuso dos denuncias contra el legislador por violentarla físicamente y pidió la intervención de la Secretaría de la Mujer (organismo que depende de la gobernación): “No puede ser que un Senador Provincial haga abuso de su poder. Pido, por favor, que le saquen los fueros y deje vivir a la gente en paz”.
Sin embargo, la realidad política puntana demuestra que la problemática de la violencia contra la mujer no ha sido (ni es) una prioridad para la casta política gobernante. Si vamos al caso, el presupuesto anual provincial destinado para combatir este flagelo es alarmantemente escaso (en 2017, por ejemplo, no superaba el 0,17 %, es decir, $149,65 al año por mujer), principalmente, si tenemos en cuenta que los casos de violencia machista y feminicidios han aumentado considerablemente en los últimos años y, mucho más, desde que se dictó la cuarentena obligatoria producto del coronavirus.
Ya en 2017, desde La Izquierda Diario, denunciábamos el hecho de que el Frente Unidad Justicialista de San Luis, liderado en su momento por los hermanos Rodríguez Saá (Alberto y Adolfo) y sectores del kirchnerismo, nombrara como precandidato a Senador Provincial a Ariel Rosendo, en ese tiempo, Secretario General del SMATA de Villa Mercedes, quien además de haber sido parte de la burocracia sindical de Ricardo Pignanelli, ese mismo año, a través de las redes sociales, fue denunciado de intento de abuso sexual por una ex empleada del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor.
Todo ello, a lo que se suman cientos de casos de violencia contra las mujeres y feminicidios en San Luis (la muerte de Florencia Morales en la celda de una comisaría, uno de los últimos), demuestra la verdadera cara de un Gobierno provincial, que está muy lejos de defender los derechos de las mujeres.
