A casi ocho meses del asesinato de Florencia Magalí Morales en manos de la Policía puntana, la curva de la violencia y el abuso policial está lejos de aplanarse. Tanto es así que, en el día de ayer, se realizó una importante marcha contra la yuta y la represión.
Viernes 4 de diciembre de 2020 17:29
A casi ocho meses del asesinato de Florencia Magalí Morales en manos de la Policía de la Provincia de San Luis, la curva de la violencia institucional está lejos de aplanarse. El pasado 05 de abril, Florencia Magalí Morales, de 39 años de edad, fue interceptada por la Policía de la Localidad de Santa Rosa del Conlara y, con la excusa del “incumplimiento” del aislamiento social y preventivo, fue llevada a la Comisaría N° 25 de dicha localidad, apareciendo muerta en su celda.
Según las autoridades policiales locales, Florencia se habría “suicidado” con el cordón de su zapatilla. Luego de los hechos, la familia de Morales denunció que la misma no tenía motivos para cometer tal acción, que tenía familia, que ese día había salido a buscar alimentos, y que el cordón con el que supuestamente se “suicidó” tendría que haber sido incautado en la requisa antes de que se la llevaran al calabozo.
Lo que quedó claro de este caso es que la Policía puntana miente, tortura y asesina. A casi 8 meses de la muerte de Florencia se sigue gritando bien fuerte: “Nadie se suicida en una comisaría, ¡A Florencia Magalí Morales la mato la Policía!” .
El accionar de quienes supuestamente “están para cuidarnos”
El pasado 26 de noviembre, circuló un video en el cual se escuchan los gritos desesperados de una familia del Barrio Rawson de la Ciudad de San Luis. En tal zona, la Policía torturó a un joven, siendo desnudado por las fuerzas represivas, golpeado salvajemente y ahorcado hasta casi provocarle la muerte.
En la movilización contra la violencia de género, cientos de mujeres se enfrentaron a un cordón policial al canto de: “La yuta no me cuida, me cuidan mis amigas” . Esta frase tomó mucha más validez hace unos días, cuando una militante feminista denunció que al encontrarse caminando con un amigo por las calles Bolívar y Europa, visibilizaron un accidente entre un auto y una moto. La mujer se quedó observando el acontecimiento cuando se constató de la llegada de un patrullero. La Policía ingresó al domicilio del motociclista y comenzó a golpearlo brutalmente hasta provocarle un desmayo. Los represores, lejos de dejar de cometer tal acción, continuaron golpeándolo brutalmente.
Esto indignó a la joven, y comenzó a pedirle a la Policía que dejaran de golpearlo. Sin mediar ningún tipo de palabra, entre dos agentes de policía femeninos golpearon a la mujer en el rostro y abdomen, siendo llevada a la Comisaría N° 4, dónde continúo siendo golpeada y hostigada junto con su compañero.
Al enterarse de esto, su abogada se acercó a la comisaría junto con otras compañeras feministas a exigir la inmediata liberación de la joven. La Policía respondió con amenazas tanto verbales como psicológicas, hasta las filmaron desde la comisaría. “Se paseaban con una ithaca y, desde adentro de la comisaría, nos señalaban como diciendo ‘esto no queda acá’”, relató la abogada.
Otro caso, y van…
Vanesa es una vecina del Barrio Amado Burgos, en la zona oeste de la Ciudad de San Luis. Ella vive en ese barrio desde hace más de 10 años. Hace aproximadamente dos meses y medio, una pareja de policías vive en la casa de en frente. Vanesa comenta que, “todos los fines de semana se escucha música alta durante toda la noche” y que, “entre todos los vecinos llamamos a la Policía. Pero, ellos se ensañaron con que es mi familia la que siempre los denuncia”.
Además, comenta que, en reiteradas ocasiones, recibió insultos y amenazas de parte de esa pareja de policías. De hecho, el pasado fin de semana, luego de que un móvil policial se acercara a la casa de esta pareja, Vanesa comenzó a escuchar insultos cada vez más fuertes, y su madre (de 62 años de edad y con discapacidad motriz) intentó explicarles a los vecinos violentos que su familia no había realizado ningún llamado. Luego de esto, la pareja de policías empujaron a la madre de Vanesa y su marido, intentando defenderla, terminó siendo golpeado salvajemente.
Vanesa intentó intervenir, pero el policía de civil la golpeó cobardemente en la cabeza, dejándola inconsciente durante unos instantes, y también la pateó, provocándole una lesión en su pierna. Vanesa y su familia fueron trasladadas al Policlínico, dónde el médico dijo que nunca vio una quebradura similar, excepto en accidentes de tránsito. A Vanesa, le quebraron su pierna en tres partes y, actualmente, se encuentra con una discapacidad permanente. Su marido también tiene lesiones en el cuerpo, con el hombro inmovilizado y con muchos golpes en la cabeza.
¡Basta de abuso policial!
Todos estos casos de violencia y abuso policial no son aislados, sino que forman parte de una escalada represiva que afecta, principalmente, a las mujeres, pibas, pibes, jóvenes y laburantes que viven en los barrios populares de San Luis.
Según el INDEC, en la primera semana del 2020, en la provincia contábamos con un 39.2 % de personas por debajo de la línea de pobreza, de las que el 70.5 % son jóvenes que se encuentran trabajando en condiciones precarias e informales. Sin embargo, el Gobierno provincial de Alberto Rodríguez Saá opta por continuar con medidas y políticas represivas y punitivistas, dando el “visto bueno” para envalentonar a las fuerzas represivas puntanas. Prefiere hacer esto, en lugar de generar condiciones de empleo que den una solución real a la problemática de la falta de trabajo, la pobreza y la marginalidad de miles de personas y familias en San Luis.
En este marco es que se dio en el día de ayer una importante movilización contra la yuta y la represión, en la que participaron mayormente pibas y pibes, víctimas de la violencia y el abuso policial. La necesidad de sentar las bases para organizar y construir un polo anti-represivo en la provincia es una tarea pendiente, que se debe comenzar a hacer si de enfrentar las políticas represivas y punitivistas de los Gobiernos se trata.
