Comenzó la aplicación del protocolo de la ILE por embarazo no deseado en el hospital de zona norte. Un gran paso conquistado por el movimiento de mujeres.
Viernes 25 de septiembre de 2020 21:01
En Argentina, el acceso a la interrupción legal del embarazo está garantizado por la Constitución Nacional, por los Tratados de Derechos Humanos, por el Código Penal de 1921, por el código Civil y Comercial reformado en 2015, por el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012 y por la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, según el propio Ministerio de Salud, del total de 24 provincias, solo 9 adhieren al protocolo nacional, entre ellas la provincia de Buenos Aires.Empero, de acuerdo al Código Penal, nos regimos por causales. Entonces, la ILE es legal si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, o si el embarazo es producto de una violación.
En San Nicolás, el Hospital de zona norte viene aplicando ese protocolo desde hace tiempo, pero actualmente se avanzó en ese sentido permitiendo el acceso a la ILE por embarazo no deseado. Además, los profesionales de la salud garantizan que la persona reciba no sólo contención y apoyo psicológico, sino que también brindan información sobre el uso de los distintos métodos anticonceptivos y la maternidad deseada.
En el país, hay 10 partos de adolescentes cada 60 minutos: cada una hora, 10 jóvenes se convierten en "madres". Y aunque los embarazos de niñas y jóvenes de 15 a 19 años comenzó a mostrar una tendencia a decrecer, algo que es coherente con que se haya conquistado la Ley de Educación Sexual Integral y con que haya habido una enorme marea verde en las calles que concientizó mucho más que las campañas del Estado...entre las niñas y pre-adolescentes, de 10 a 14 años, la tendencia es la contraria: los embarazos aumentan.
Los motivos ya los conocemos: son cuestiones estructurales que impone este sistema, como la pobreza y la falta de acceso a la educación y a la salud. Las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos y la exposición a situaciones de violencia de género y de violaciones dentro del hogar, que aumentaron en el marco de la pandemia, son dos cuestiones que lo explican.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información clara, educación sexual integral, laica y científica; atención médica y métodos anticonceptivos gratuitos en todas las salas y centros de salud. También tienen derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
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Es un gran avance que en nuestra ciudad podamos acceder al protocolo de la ILE por embarazo no deseado, sin dudas es un derecho que logramos conquistar a través de ese imponente movimiento de mujeres y de esa enorme marea verde que copó las calles por demandas tan elementales como éstas. Y sin dudas es lo que marca el camino a seguir, porque si bien es un gran paso para las mujeres, sólo con la ILE no alcanza. Porque en el Código Penal aún se sostiene que la práctica es delito, y tiene una pena de 1 a 4 años de prisión para las mujeres que se provoquen su propio aborto o que consientan que otro se lo realice.
Esto no hace más que seguir criminalizando a las mujeres para imponer, entre otras cosas, el mandato de la maternidad. Además, la ambigüedad del aborto por casuales llevó a que durante años los tribunales sostengan, por ejemplo, que en los casos de violación los abortos eran punibles solamente en mujeres con alguna discapacidad mental. Muchas mujeres, fundamentalmente jóvenes, trabajadoras y pobres, murieron y siguen muriendo por esta causa. Por eso también hay que seguir fortaleciendo nuestra pelea por que se apruebe el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.