La persecución de jóvenes consumidores y cultivadores sigue siendo moneda corriente en San Nicolás de los Arroyos. La penalización y el armado de causas no son otra cosa que herramientas del Estado para criminalizar, sobre todo, a la juventud.
Santiago Rivera Estudiante de la Escuela de Arte de San Nicolás
Lunes 10 de junio de 2019 18:16
El número de policías en las calles sigue aumentando cada vez más: lo podemos ver en las plazas, afuera de las escuelas, y en cada manifestación social con el fin de hostigar y amedrentar a los jóvenes. Ese número crecó exponencialmente desde el gobierno de Daniel Scioli, así como también de la mano del intendente de San Nicolás Manuel Passaglia, sostenido actualmente por la gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra de seguridad Patricia Bullrich.
Esta policía, la de la doctrina Chocobar, la que no piensa dos veces antes de gatillar, es la misma que lleva adelante una supuesta lucha contra el narcotráfico pero que se dedica a incautar plantines y porros, a perseguir y detener a jóvenes en las plazas o en los barrios porque ser pobre es un estigma que se encargan de condenar.
Para ellos, tener un porro te convierte en narcotraficante, ponen el foco sobre los consumidores para tapar un entramado de corrupción mucho más grande que el que nos muestran en los medios, porque el narcotráfico, favorecido por la ilegalidad, es un importante negocio para políticos, jueces, empresarios y fuerzas de seguridad.
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El día 30 de abril Roberto Basso fue arrestado en su domicilio y actualmente enfrenta una causa por narcotráfico sin ninguna prueba de ello. Roberto es un joven trabajador que cultiva cannabis con fines medicinales para su compañera que padece escoliosis en C y rectificación de la cervical que le producen constantes migrañas.
Este caso, que no se da de forma aislada, merece el más amplio repudio. La salud es un derecho y resulta inadmisible que se persiga mediante el Poder Judicial y las fuerzas represivas del Estado tanto a los cultivadores como Roberto, como a los consumidores.
Les jóvenes no sólo tenemos que lidiar con la criminalización por parte de la policía, sino que también, debido al ajuste impuesto por el FMI y llevado a cabo por el gobierno de Macri y los gobernadores, sufrimos en carne propia la crisis cuando tenemos que elegir entre estudiar o trabajar. Para los partidos del régimen no somos más que un decorado de campaña mientras nos tenemos que conformar con acceder a trabajos precarizados, se suma que tampoco podemos disfrutar libremente de la cultura y los espacios de recreación por ser víctimas del hostigamiento.
La impunidad con la que acciona la policía y el fortalecimiento de la misma es la solución del gobierno ante la resistencia que produce el ajuste, no sólo para estos casos como los de Roberto sino también para castigar en las calles con represión cualquier intento de organización social contra este sistema opresivo.
Esta problemática también pasa por el Congreso, donde el oficialismo discute cómo darle más poder a la Policía y la Gendarmería, por medio de la reforma del código penal. Sin embargo, los diputados del PTS-FIT Nicolás del Caño y Myriam Bregman pelean por la legalización integral de la marihuana pero también presentaron un proyecto de Ley que, entre otras cosas, propone la amnistía a todas las personas denunciadas, procesadas y/o condenadas por consumir o auto-cultivar individual o colectivamente.
Por todo esto, desde En Clave Roja, agrupación estudiantil conformada por militantes del PTS e independientes, nos levantamos en contra del ajuste, de la precarización y también peleamos por la inmediata legalización integral de la marihuana porque queremos que se termine el negocio del narcotráfico, pero también queremos una juventud con libre derecho a la recreación y el esparcimiento sin persecución por parte de la policía.
