Cuatro militares y dos policías retirados están acusados de secuestros y torturas en perjuicio de quince personas. Las víctimas eran militantes de la UOM e integrantes de la agrupación Felipe Vallese.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Martes 1ro de marzo de 2022 10:03
Foto: El Faro
El fiscal federal Matías Di Lello le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo la elevación del proceso que investiga los delitos cometidos en la última dictadura cívico militar en jurisdicción del Área Militar 132, cuya conducción estaba a cargo del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás.
Los acusados son el coronel retirado Antonio Federico Bossie (ocupaba un alto mando dentro del Área Militar 132), los tenientes coroneles retirados Guillermo Aníbal Piccione (jefe de Personal y Logística) y Omar Andrada, el ex subteniente Carlos Manuel Biglieri (jefe de la “Sección para Operaciones Subversivas” del Batallón de Ingenieros de Combate 101 y del Área Militar 132), el ex oficial inspector Carlos Alberto Tuero (a cargo de la Comisaría Primera de la policía de la provincia de Buenos Aires, primera vez que será juzgado) y el ex comisario Juan Calixto Perizzotti (a cargo de la Oficina de Coordinación dependiente del área 212 y de la Jefatura de la Guardia de Infantería Reforzada de la Unidad Regional I (URI).
Están acusados de la privación ilegítima de la libertad agravada y torturas respecto de quince personas, el allanamiento ilegal llevado adelante en la casa de varias de ellas y de sus familiares así como también el robo de muebles y objetos. Los hechos ocurrieron en 1976 en distintas localidades correspondientes a la zona conocida como Área Militar 132.
Algunas de las víctimas eran afiliados de la Unión Obrera Metalúrgica e integrantes de la agrupación sindical “Felipe Vallese”, otros eran militantes de la Juventud Peronista y de Montoneros; todos detenidos y torturados en la comisaría Primera de San Nicolás.
Para el fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello “todos los ilícitos investigados constituyen graves violaciones a los derechos humanos, y como tales merecen ser considerados como crímenes de lesa humanidad, perpetrados en cumplimiento del plan sistemático de represión y exterminio instrumentado durante la última dictadura cívico militar”.
El Ministerio Público Fiscal se recordó el fallo de Cámara Federal de Apelaciones de Rosario donde se confirmaron los procesamientos de Bossie, Andrada, Perizzotti y Tuero y se revocaron las faltas de mérito de Piccione y Bigliero. Allí se señaló que hacia 1974 empezó en Villa Constitución, San Nicolás y alrededores “un proceso de lucha de los trabajadores metalúrgicos contra la burocracia sindical de la UOM a través de huelgas, paros y tomas de fábricas. Como consecuencia de ello, comenzó la persecución de aquellos por parte del Ejército y de la policía. Recordemos que en aquel tiempo existía un importante cordón industrial formado por Acindar, Luci –contratista de la anterior-, SOMISA, Metcon, Marathon, RASA, RYCSA, MECAMED, Fiplasto, COPESA, SADE, entre otras".
Fuente: Ministerio Público Fiscal
