Las masivas movilizaciones que se han venido realizando en todo el Perú desde el pasado lunes 09 de noviembre, han sido brutalmente reprimidas por la Policía Nacional, lo cual ha dejado hasta la fecha un saldo de 2 fallecidos, 94 heridos y 42 desaparecidos. Si bien Merino renunció a la presidencia, urge sanción inmediata para los responsables políticos y materiales de estos abusos.
Domingo 15 de noviembre de 2020
Foto: Luis Javier M.
Desde que Manuel Merino asumió la presidencia del país, miles de jóvenes se han venido movilizando en las diversas ciudades del Perú. Lima ha sido el epicentro de la movilización social, ya que aquí se han concentrado las marchas más numerosas y con mayor grado de combatividad. En Lima también se han dado las muestras más cruentas de violencia policial, por esa razón, dos jóvenes estudiantes universitarios han fallecido impactados por perdigones y bombas lacrimógenas lanzadas por los efectivos de la Policía Nacional. Los jóvenes estudiantes fallecidos son: Bryan Pintado Sánchez e Inti Sotelo Camargo.
Según los diversos reportes de las organizaciones de Derechos Humanos, las últimas jornadas de lucha del sábado pasado habrían dejado en la ciudad de Lima 94 heridos, de los cuales 63 se encuentran hospitalizados y 42 desaparecidos, de quienes no se tiene conocimiento de su paradero y solo se sabe, por sus familiares o amigos, que salieron con destino a las movilizaciones y hasta la fecha no han vuelto a casa. La Policía Nacional es responsable de todos estos abusos ya que, desde que se iniciaron las protestas contra Manuel Merino, siempre actuaron con suma violencia contra los manifestantes poniendo en peligro su vida y su salud.
El brutal accionar de la Policía Nacional se encuentra amparado en la denominada “ley del gatillo fácil” que fue promulgada por Martín Vizcarra desde que se inició la cuarentena. Esta norma blinda legalmente a los efectivos policiales ante los abusos que puedan cometer contra el pueblo.
La “ley del gatillo fácil” les da impunidad a los policías peruanos y los empodera de tal manera que, en lo que va del estado de emergencia, los abusos policiales se han incrementado, así pues, se ha hecho ya recurrente ver a policías reprimiendo a los trabajadores ambulantes y atentando contra la población, en ese entender, la semana pasada un efectivo policial asesinó de un disparo en el cuello a un trabajador en el Callao y su crimen quedó impune, como también está quedando impune la muerte de 13 personas en una discoteca del distrito de Los Olivos en un operativo policial.
Como viene dándose en otras partes del mundo, este despertar de la juventud que se vive en el Perú, ha empezado también a cuestionar el rol de la policía nacional. Por esa razón, el asesinato de los dos estudiantes en vez de intimidar a los manifestantes les dio más fuerza a las movilizaciones, donde carteles con frases como “la policía no me protege, la policía me asesina”, se convirtieron en expresiones emblemáticas de rechazo a la policía nacional.
No podemos permitir que los crímenes y los abusos de la policía queden impunes. Para lograrlo, tenemos que luchar para que se derogue cuanto antes esta “ley del gatillo fácil” y porque se sancione ejemplarmente a los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Bryan Pintado Sánchez e Inti Sotelo Camargo víctimas de la violencia policial. Así mismo, debemos hacer una campaña por la libertad inmediata de los detenidos por luchar y por la aparición con vida de los 42 compañeros desaparecidos.
