Presidenta del INTI. Sandra Mayol, de encubridora de la Masacre de Monte a alta funcionaria del Frente de Todos

“Lo siento mucho, fue un accidente terrible”, les dijo, palabras más, palabras menos, la entonces intendenta del pueblo a las y los familiares que la madrugada del lunes 20 de mayo de 2019 se iban acercando, invadidos por la desesperación, al Hospital Zenón Videla Dorna de San Miguel del Monte. Avisada oportunamente por sus laderos, pasada la 1 de la mañana la funcionaria se les adelantó a todos y montó presencia en el nosocomio para posar de compungida ante la tragedia.

La escena fue reconstruida la semana pasada por madres, padres y hermanos de las víctimas de la Masacre de Monte. Atestiguaron en el juicio oral y público que se les sigue en los Tribunales de La Plata a los cuatro policías bonaerenses que aquella madrugada persiguieron a los tiros al auto en el que viajaban Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez y Rocío Quagliarello (única sobreviviente, entonces de 13 años).

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La sentencia del juicio, pautada para este miércoles, estará a cargo de un jurado popular coordinado por la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal Oral Criminal 4 de la capital bonaerense. El jurado deberá decir si considera culpables o no a los oficiales Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez y al excapitán Rubén García del homicidio agravado de cinco adolescentes (en el caso de Quagliarello en grado de tentativa).

Hay un dato central para advertir la estrategia de “control de daños” montada por el Estado para mitigar los efectos “institucionales” de todo lo que salió a la luz tras aquella fatídica noche. Hubo (y aún hay) un intento de hacer pasar el crimen como un “accidente” y culpar por ello a Aníbal Suárez, quien conducía el Fiat 147. Pero la maniobra les salió mal. Y como del encubrimiento participaron muchas y muchos, apelaron a nuevas maniobras.

En estos cuatro años el Poder Judicial se encargó de “partir” en expedientes distintos una misma investigación penal. Así, mientras hoy se juzga a los cuatro policías que persiguieron hasta la muerte a los adolescentes, las familias siguen esperando definiciones en la causa en la que hay otros 19 policías procesados. Y una tercera causa, donde se imputó a la exintendenta Sandra Mayol, fue “archivada” hace cinco meses. En total se imputó a 25 personas.

En la causa por “falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, además de 19 policías estaba imputado Claudio Martínez, entonces secretario de Seguridad del Municipio. Pero murió el año pasado mientras cumplía prisión domiciliaria. Se desangró por las mordeduras de uno de sus perros rottweilers.

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¿Y Mayol?

En noviembre de 2019 las familias de las víctimas, acompañadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su caracter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunciaron penalmente a Mayol. La acusaban, sintéticamente, de haber tenido diversas conductas propias de un encubrimiento criminal: por un lado, la funcionaria negó inicialmente que hubiera algún registro de la masacre (no sólo hubo videos de testigos sino una cámara municipal que filmó parte de la persecución); por otro lado, negó que la Policía hubiera tenido algo que ver en el desenlace fatal; y encima les aseguró a las familias que los efectivos no habían tirado un solo tiro.

La causa que tiene como imputada a Mayol se tramitó en el Juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Silva Pelossi. La investigación estuvo en manos del titular de la UFI 5 de la misma ciudad, el fiscal Juan Ignacio Menucci. Tal como lo denunciaron la CPM y las familias, durante casi tres años Menucci mantuvo dormido el expediente y en agosto del año pasado, sin tomar ninguna medida seria de prueba, le pidió al juez que archivara la causa.

El fiscal no sólo negó (sin fundamentar) la existencia de encubrimiento sino que llegó a afirmar que, si Mayol “faltó a la verdad a los familiares, es una cuestión que deberá discernirse dentro de su fuero íntimo y, en su caso, repercutirá -o no- en la percepción social que tengan sobre su persona”.

El pedido de Minucci fue avalado poco después por el fiscal general platense, Héctor Vogliolo, y en diciembre el juez Silva Pelossi se sintió liberado para ordenar el archivo del expediente. Argumentó que el fiscal, tras “investigar” el caso, “no ha considerado que existan elementos suficientes e indicios vehementes” para avanzar contra Mayol. Eso sí, tratando de mantener un inestable equilibrio, les dio a su vez la posibilidad a las querellas de solicitar en el futuro “el reinicio de la pesquisa en base a la posible existencia de nuevos elementos”. El tema es que será el mismo Minucci quien debería evaluar si se reabre o no la causa.

A principios de febrero, la CPM presentó un recurso ante la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata exigiendo que se revoque el fallo de Silva Pelossi y se retome la investigación penal. Un pedido sobre el que aún esa instancia superior no se expidió. Mientras, a lo largo de las audiencias del juicio que arrancó el lunes pasado, fueron varios los testimonios que volvieron a marcar la complicidad de la exintendenta con los policías del gatillo fácil.

Un premio peronista

Mayol nació en Monte. Pero nunca fue parte del “pueblo”. Siendo parte de la familia dueña de Lacteos Mayol (una de las fábricas más importantes de la región), se dedicó a la abogacía y luego a la carrera política. Fue “asesora letrada” de la Municipalidad y luego varias veces concejal. Fue del Frente para la Victoria, luego se pasó a Unión PRO y finalmente fue llevada al Frente Renovador por Sergio Massa. Desde allí obtuvo la intendencia en 2015, ganándole al entonces intendente Raúl Basualdo (aliado al kirchnerismo).

En 2019 se postuló a la reelección con el Frente de Todos, la alianza de Massa con Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Fuertemente cuestionada en su comunidad por lo hecho alrededor de la Masacre, igual tuvo el tupé de hacer campaña junto a Axel Kicillof y Verónica Magario (y en Monte llevaba de aliado a un admirador de Videla). Finalmente perdió contra Juntos por el Cambio.

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En enero de 2020 el flamante ministro de Transporte Mario Meoni (ya fallecido) la llamó para que ocupara el cargo de directora de Operaciones de Trenes Argentinos . Meoni lo hizo a pedido de su jefe político y amigo personal Massa, aunque él también tenía un fuerte vínculo con Mayol, desde los tiempos en que eran intendentes (ella de Monte, él de Junín).

En agosto de 2022 la Casa Rosada le suplicó a Massa que agarrara el hirviente Ministerio de Economía. El entonces presidente de la Cámara de Diputados aceptó, a cambio de quedarse con áreas sensibles de gestión, entre ellas el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Convertida en secretaría, la cartera pasó a la órbita del “superministerio” creado por Massa. Necesitado de “tropa propia” para tantos cargos, el exintendente de Tigre sacó a Mayol de Trenes Argentinos y la puso como subsecretaria de Asuntos Institucionales de la flamante Secretaría de Agricultura. Tres meses después la “ascendió” a presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI.

Tal como ella misma lo difunde por sus redes sociales, en el INTI se la pasa recorriendo fábricas y brindando por los éxitos de sus dueños, dando charlas y disfrutando de onerosos cócteles con las patronales de la industria. En esas tertulias capitalistas se siente como en su casa. Le viene de familia. Su sueldo de abril, según información oficial publicada en la misma página web del INTI, fue de $ 764.570,18 (sin contar los adicionales). Con tanto estrés, quizás ni se sienta con ganas de saber las novedades del juicio que se le sigue en La Plata a cuatro de sus queridos expolicías de Monte.

La impunidad de Sandra Mayol creció proporcionalmente a su escalada como funcionaria. Tras perder la intendencia a fines de 2019, se fue a Trenes Argentinos. Allí estuvo hasta agosto de 2022, período durante el cual la causa penal en su contra durmió en los cajones de la Fiscalía 5 de La Plata. Ese mes, mientras Massa la llevaba a la Secretaría de Agricultura, el fiscal pedía el archivo de la causa por “no haber encontrado pruebas”. Y en diciembre, días después de asumir como presidenta del INTI, el expediente fue archivado.

Hasta el momento, ningún referente o militante kirchnerista se escandalizó por semejante ayuda del Poder Judicial a una de las funcionarias de su gobierno. Pero, salvando las distancias entre un caso y otro, ¿qué diferencia hay, en este punto, entre los impunes beneficios para Mayol y el regalo de la “Justicia” a Mauricio Macri cuando, apenas asumido como presidente, lo sobreseyó en una causa sobre espionaje ilegal? En aquel caso y con razón, desde el peronismo hubo campañas y repudios de todo tipo. Pero en este caso no. Doble vara. Doble moral.