Durante los últimos días está saliendo a la luz pública todo un nuevo caso de corrupción que afecta a la sanidad española, que ya tiene como imputados a una alto cargo del Ayuntamiento y otros responsables del Hospital San Juan, de Reus-Tarragona (Cataluña).
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 14 de mayo de 2015
Por el momento y a falta de que se arroje más información sobre la investigación que está llevando el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, se conoce que en Cataluña más de tres mil pacientes estarían bajo vigilancia por la implantación durante los últimos diez años de prótesis caducadas de cadera, columna vertebral y rodilla por parte de la compañía Traiber.
En 2014, la empresa fabricante y comercializadora, radicada en la misma localidad de Reus, se dedicó a presionar a altos cargos municipales de Convergència i Unió —partido que gobierna en Cataluña y en múltiples localidades catalanas—, para que el Hospital San Juan volviera a comprar sus productos, tres años después de finalizar la contratación.
No obstante, lo más siniestro del asunto en cuestión, es que la empresa Traiber ha comercializado con material sanitario caducado, embalando y falsificando el etiquetado, todo con la aprobación de los máximos responsables del centro y altos cargos del Ayuntamiento.
Teresa Gomis -CiU-, vicealcaldesa del Ayuntamiento y un total de media docena de responsables del hospital municipal de la ciudad, —el más afectado por la crisis de las prótesis caducadas con más de 1.500 pacientes implantados—, han sido imputados ya que el juez instructor considera que participaron en las presiones sobre los demás altos cargos municipales.
Sin embargo, fueron los propios ex-trabajadores de la empresa Traiber los que denunciaron a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios -AEMPS- sobre el estado de los productos vendidos y las prácticas fraudulentas cometidas, tras conocerse el caso de un paciente con reacciones adversas al producto de la empresa.
A partir de aquí, Inspección Sanitaria de la Generalitat de Cataluña paralizó y precintó toda la actividad de la empresa y contactó con todos los centros sanitarios donde se habían implantado prótesis de la empresa reusense desde 2005 para hacer el seguimiento de todos los pacientes.
De llegar al final de la investigación, el caso puede tomar dimensiones totalmente alarmantes ya que según la propia AEMPS podría llegar a afectar a pacientes de una treintena de hospitales de Cataluña e incluso de otras zonas del Estado español donde la misma empresa fabricante también podría haber tenido contratos con algunos hospitales, una cifra que en su conjunto estaría en más de seis mil pacientes.
Hasta el momento no se conocen nuevos casos de reacciones adversas, pero los pacientes están siendo llamados a revisión. Y de ellos, un número indeterminado ya ha tenido que ser operado por dudas sobre la calidad del material que les había sido implantado.
El caso en cuestión podría ser perfectamente un guión cinematográfico escrito por Almodóvar, sin embargo, es de aquellos casos en los que la realidad supera con creces a la ficción. Es el penúltimo caso de una red de corruptelas de la que se nutren todas las instituciones estatales que conforman el andamiaje del sistema capitalista español, y de la que ni la sanidad está a salvo.
Sin ir más lejos, la misma Teresa Gomis fue imputada en abril por el caso de corrupción sanitaria “Innova”, en el que se mezclan adjudicaciones irregulares, sobresueldos a cuenta del erario público, contratos ilegales y sobrecostes de obras injustificados.
