Recientemente hubo denuncias públicas en Cerro Vanguardia, sobre una gran cantidad de contagios de COVID-19 en el yacimiento minero y a pesar de los reclamos de los trabajadores, la empresa con la complicidad de la conducción gremial AOMA, permitió que sigan operando y causando más de 100 contagios.
Ernesto Zippo Trabajador de Correo Argentino | MAC Rio Gallegos - Sta Cruz
Lunes 23 de noviembre de 2020 22:34
En Cerro Vanguardia de la multinacional Anglo Gold Ashanti, se extrae oro y plata (una onza de oro por cada veinte onzas de plata) y es una de las cinco empresas de extracción minera privada en Santa Cruz, ubicada cerca de la localidad de Puerto San Julián. Allí trabajan alrededor de 1200 trabajadores, de alrededor de unos 10 mil trabajadores en total que se desempeñan en los otros cinco emprendimientos mineros. La mayoría (8500) de los trabajadores están representados el gremio de mineros privados AOMA.
Pablo Salazar es uno de los referentes de la agrupación antiburocrática 27 de Julio en AOMA y comentó, como comenzó la cadena de contagios dentro del yacimiento y las medidas que debieron tomar, contra las decisiones arbitrarias de la empresa.
“El 19 de marzo comenzó todo, con el pedido de los compañeros que no se debía subir a trabajar, por las medidas que el gobierno nacional había decretado para el 20 desde las 00:00 horas. Justo ese mismo día jueves, había un cambio de turno y pedíamos que no se trabaje, ya que la cuarentena comenzaba a la medianoche e iba a estar prohibida la circulación de vehículos. Solo bajó el turno de día a quien nadie los suplanto, mientras la empresa y el gremio hizo trabajar a el turno noche, estos compañeros que salían al día siguiente no pudieron irse a sus localidades de origen, porque nadie de los transportistas quería arriesgarse a tener una multa por circular, entonces los compañeros quedaron varados en el campamento por tres días. Hubo muchos reclamos que cayeron en la responsabilidad de la conducción gremial de AOMA, a quienes exigíamos que puedan trasladar a los compañeros varados en el campamento y los que vivían en las localidades de la provincia pudieron ser traslados pocos días después, pero quienes eran de otras provincias estuvieron más de 60 días sin retornar a sus hogares y fue realmente caótico.
Por otra parte salió otro decreto que determinaba que éramos trabajadores esenciales y debíamos retornar a la producción, pero de manera restringida porque muchos compañeros no pudieron trabajar por las limitaciones en la circulación.
Cuando comenzamos las labores, uno de nuestros compañeros se presento en servicio médico por prevención de COVID-19, por lo que fue traslado a Puerto San Julián, donde queda descartado que fuera positivo. Cabe remarcar que mientras esperaba resoluciones del hospital, no le permitían ir al baño, ni nada en absoluto y eso fue la antesala a lo que vendría después.
Poco tiempo después surgió otro caso de una compañera con síntomas que resultó positivo una vez estando en el pueblo.
La agrupación 27 de Julio a la que pertenezco y soy uno de sus referentes, reclamamos a la conducción gremial por lo que estaba sucediendo y no obtuvimos ninguna respuesta, por lo que decidimos hacer denuncias públicas, para que se sepa lo que estaba ocurriendo.
Lo que comenzó con los primeros contagios, desencadenó en más de 100 casos positivos que bajaron de el yacimiento, el servicio médico no funcionó como debía, porque alrededor de 40 compañeros habían acudido allí e inclusive algunos de ellos presentaban pérdida del olfato. Pero los mandaron a reposo y sin el aislamiento recomendado ante posibles casos positivos.
El problema es que; el servicio médico está tercerizado y los compañeros se retiraron del yacimiento a sus respectivas localidades sin resguardo a ellos ni a sus familias. Uno de nuestros compañeros se hizo atender de manera particular en un hospital y le dijeron que era positivo. Entonces comenzó a llamarse a todos los compañeros que se habían retirado del trabajo arrojando esa cifra. Esto último fue el 2 y 3 de noviembre cuando cambiaron de turno.
Aparecieron nuevos casos entre los que no bajaron por quedarse 28 días en total e hisoparon al personal, lo que dio como resultado más de 40 positivos, la empresa determinó que debían estar todos aislados en sus piezas por 10 días y sin contacto entre ellos y que haya guardias mínimas de mantenimientos. Poco después se supo que parte del servicio médico también resultó positivo y tuvieron que sumarse al aislamiento mientras que se realizo nuevos testeos que arrojaron una cifra final de 86 en esta rotación.
Todo esto que ocurrió, generó un malestar en los compañeros que tomaron conocimiento de nuestras denuncias. En las responsabilidades, tiene en gran parte la conducción gremial de AOMA, porque esta burocracia sindical era la que publicaba los comunicados de la empresa. Además realizaron pequeñas asambleas en los pasillos de los módulos donde estaban nuestros compañeros y allí empezaron a chocar con los cuestionamientos por su complicidad.
Además el sindicato y la empresa minimizaban la gravedad de la situación en los comunicados y en las radios locales, pero los compañeros tenían las grabaciones de las asambleas y pudieron desmentir lo que decían desde la patronal.
Desde los compañeros se exigía que se paralice la producción, pero la empresa emitió un comunicado en el que anunciaba el comienzo de las actividades el viernes 20 de noviembre pasado. Entonces los compañeros decidieron no ingresar ya que no estaban dadas las condiciones de seguridad y los delegados debieron anunciar que no se ingresaría a trabajar ya que la actividad quedaba paralizada hasta el 30 de noviembre. Además se evacuarían a los compañeros con resultados negativos del yacimiento, luego se retirarían los contactos estrechos, los que tuvieron resultados positivos y ya hubieran cumplido con el aislamiento necesario.
Se consiguió paralizar la producción hasta mediados de diciembre y sólo habrá guardias mínimas y mantenimientos.
Quiero agregar, que se retiran más de 500 compañeros de Cerro Vanguardia.
Finalmente, Pablo Salazar puntualizó: “La realidad demuestra que no se puede trabajar en la mina, teniendo compañeros contagiados, por lo que se debería paralizar, desinfectar los lugares de trabajo y en definitiva planteamos que queremos que los trabajadores participen en forma de comités de crisis en las decisiones que toma la empresa, para que tengan poder de veto ante cualquier orden que nos pueda perjudicar. Eso es lo que queremos desde la Agrupación 27 de Julio. Logramos torcerle el brazo a la empresa, que pretendía seguir trabajando sin importarle la vida de los trabajadores”.
