Segunda ola. Santa Fe al borde de colapso sanitario: los médicos deben elegir a quién salvar

En el contexto de saturación del sistema sanitario y la falta crónica de recursos, vuelve a ponerse en el centro de escena uno de los focos de la guía de bioética, publicada el año pasado por la provincia de Santa Fe, que sugiere la necesidad de que los médicos decidan qué pacientes priorizar y qué recursos usar según las posibilidades de supervivencia. Esta terrible situación se da por la combinación de recursos escasos, una campaña de vacunación deficitaria y personal precarizado y sobre explotado.

A pesar de las experiencias del 2020 y de las múltiples voces de alarma sobre las perspectivas para 2021, el gobierno provincial no sólo no buscó avanzar hacia el fortalecimiento del sistema de salud y del sistema de testeo y rastreo, sino que evitó por todos los medios posibles tocar los intereses de las empresas de salud y laboratorios privados.

Desde los primeros días de mayo, y mucho antes de que lleguen los fuertes fríos invernales y el hacinamiento propio de la época, las terapias intensivas del sector público se mantienen constantemente con una ocupación mayor al 95%, llegando por momento a rozar el 100% de ocupación. Mientras tanto, la ocupación las camas de pacientes no críticos en la última semana se encuentra por encima del 90%, mientras el número de contagios continúa siendo extremadamente alto.

La Salud en tiempos de ganancias

Esta situación de riesgo real de colapso sanitario, como explicábamos antes, no cayó del cielo. Por décadas, los gobiernos peronistas y del Frente Progresista mantuvieron un presupuesto insuficiente y paupérrimo para el sistema de salud, con trabajadores en situación de precariedad, sueldos miserables, cargos que solo aparecen para los “amigos de”. El lucrativo negocio de la salud privada, otro gran beneficiario del trabajo en negro y precario, pudo desarrollarse libremente a pesar de quiebras fraudulentas y prestaciones deficitarias. Incluso en el período entre primer y segunda ola de la pandemia (y aún hoy, con la segunda ola ya instalada), las empresas de salud siguen realizando cirugías electivas y procedimientos que sólo se explican desde el afán de ganancia.

A esta grave situación se suma una campaña de vacunación lenta e insuficiente. El gobierno nacional, encontrándose en la disyuntiva de cuidar la vida de la población garantizando el acceso a las vacunas y cuidar la propiedad privada de Hugo Sigman (dueño del laboratorio dónde se produce el principio activo de la vacuna de AstraZéneca), decidió defender los negocios por sobre la vida de los argentinos. Por eso, aunque en nuestro país se han producido componentes para decenas de millones de vacunas, menos de 10 millones de argentinos tienen colocada la primera dosis. Y el número de contagiadas, internados y muertos no deja de aumentar.

El sabor amargo de la ¨bioética¨ del capital

Ante esta situación, resulta indignante que la respuesta del gobierno provincial sean “lineamientos bioéticos para limitar el uso de recursos”. O, dicho en criollo, una guía para decidir a qué paciente darle una chance de sobrevivir y a qué paciente no.

El uso adecuado de recursos, el intento de no prolongar sufrimientos innecesarios, el derecho a una muerte digna, son parte del ejercicio cotidiano de la medicina. El gravísimo problema aparece cuando estas decisiones son forzadas por haber llegado a una segunda ola mal preparados, debiendo recortar la atención a pacientes que en otro contexto podrían recibir atención crítica. No sólo resulta de una terrible violencia hacia los pacientes y el conjunto de la población. Los profesionales de la salud también resultan violentados. En lugar de recibir el aviso de aumentos de presupuesto, pases a planta permanente, incorporación del conjunto del sistema privado al sistema público, vacunación masiva acelerada, reciben del gobierno lineamientos para “facilitar” la decisión.

Este no es sólo un problema de ¨bioética¨ en tiempos capitalistas, sino de un sistema que produce irracionalmente determinados recursos, que al ser valorizados como mercancía, priman más que otros por la proyección de la tasa de beneficios capitalistas. En lugar de producir y orientar recursos a la salud, el estado elige subsidiar empresas que además de expoliar la naturaleza, fugan sus capitales del país.