Son profesionales de la Universidad Nacional de Rosario que están en negro, y que cobran menos de 20 mil pesos. No tienen ART, ni obra social. Denuncian que el sueldo de octubre recién lo cobraron el 27 de noviembre y reclaman por el retroactivo que se les adeuda del aumento que les otorgaron en el mes de enero.
Miércoles 2 de diciembre de 2020 20:26
Trabajadores y trabajadoras de los Centros Territoriales de Denuncias cobran sus salarios con casi dos meses de atraso y, pese a los reclamos realizados en varias oportunidades, no reciben respuestas que tiendan a favorecer su situación. Si bien cobran a mes vencido, el sueldo de octubre lo cobraron el 27 de noviembre y no tienen plazos establecidos para el cobro, por lo que nunca saben en qué momento del mes la provincia les va a pagar los sueldos. También reclaman el pago del retroactivo correspondiente a cada salario, al mes de enero del corriente año, fecha en la cual solicitaron un aumento que se empezó a aplicar recién a partir de octubre pasado.
En los distintos CTD trabajan permanentemente entre 2 y 8 personas por turno laboral, recepcionando todo tipo de denuncias y trámites. Se trata de profesionales universitarios (abogados y abogadas) que trabajan en negro, en el marco de un convenio de cooperación celebrado en el año 2015 (momento en que se crearon los CTD) entre el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y los Colegios de Abogados de las cinco Circunscripciones Judiciales de la Provincia, en el marco de la ejecución de un programa denominado “Jóvenes Abogados”.
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Según indicaron los y las profesionales que prestan tareas en los CTD, el salario que cobran es inferior a 20 mil pesos mensuales. También manifestaron que los sueldos de octubre fueron abonados el 27 de noviembre, o sea, con casi dos meses de atraso en el pago y, pese a los reclamos realizados, tanto verbalmente como por ante el propio Ministerio de Seguridad de la provincia, de manera escrita y formal, siguen sin obtener respuestas a su reclamo, que no es ni más ni menos que cobrar los sueldos en término, entre otros.
También reclaman que se les abone el retroactivo correspondiente al aumento que solicitaron en el mes de enero de este año. Si bien el reajuste de los haberes se comenzó a aplicar en octubre del año en curso, el tiempo de espera entre la solicitud del mismo y su implementación, fue prácticamente del año entero, quedando muy por debajo de la inflación existente. El reajuste siempre se aplicó de manera retroactiva al momento de su solicitud y, a esta altura del año, siguen sin percibir el retroactivo respectivo.
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Cabe destacar que los Colegios de Abogados de todas las Circunscripciones Judiciales de la provincia, a excepción de Rosario, han presentado un reclamo ante el gobernador a los fines de que se regularicen las fechas y periodicidad de pago de los haberes de las trabajadoras y los trabajadores de los CTD, sin obtener respuesta alguna a la fecha.
Asimismo, el Presidente del Colegio de Abogados de Venado Tuerto (3ra. Circ. Judicial), ha presentado también una nota ante la Dirección Provincial de los Centros Territoriales de Denuncias de la Provincia y, las trabajadoras del CTD de Venado Tuerto, quienes ya no prestan tareas en la referida repartición pública, han elevado un reclamo, también de manera formal y escrita por ante el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y no les han otorgado respuesta alguna sobre sus reclamos.
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Tales trabajadores y trabajadoras se encuentran en una situación de precariedad laboral ya que, al trabajar en negro, no poseen ART ni seguro de vida ni aportes, como así tampoco cobertura de obra social. El propio gobierno provincial los y las mantienen en dichas circunstancias laborales. Si bien desde la provincia manifiestan que el programa “Jóvenes Abogados”, en el marco del convenio de cooperación mencionado anteriormente, busca darle la posibilidad de tener un salario fijo a abogados y abogadas que tengan entre 24 y 35 años de edad y no superen los 5 años de antigüedad en su matrícula profesional, lo cierto es que tales profesionales se encuentran precarizados laboralmente y nadie les otorga una respuesta favorable a los reclamos que vienen realizando.
Son abogados y abogadas que están colegiados, pagan monotributo e impuestos y figuran como pasantes cobrando menos de 20 mil pesos mensuales. Exigen estabilidad laboral, protección en Riesgos de Trabajo (no cuentan ni con ART), condiciones de trabajo y seguro, entre otros ítems.
