La situación de catástrofe que ha arrasado el sur de nuestro país, no ha estado exenta de críticas por sectores de Gobierno, como la propuesta de la DC por impulsar una comisión investigadora por la lenta reacción de las autoridades, sumado a las críticas de diferentes Alcaldes y de la oposición.
Martes 24 de enero de 2017
A la fecha se mantienen 40 incendios forestales activos en el país, en el marco de las 14 alertas rojas vigentes, según información entregada por la ONEMI, siendo 139.009 hectáreas las afectadas, mientras que 47 se encuentran controlados, y otros 14 extinguidos, los que tienen su foco en las regiones de O’Higgins y El Maule, declaradas zona de catástrofe.
En este marco las declaraciones que han emitido diversas autoridades, tanto de Gobierno como de oposición, presentaron una fuerte denuncia al lento actuar de la Nueva Mayoría en decretar zona de catástrofe y la prestación de ayuda a los cientos de damnificados. Es así, que la Democracia Cristiana ha anunciado que impulsará una comisión investigadora por la lenta reacción de las autoridades. Al respecto, el diputado Sergio Espejo aseguró que "nuestra institucionalidad de lucha contra el fuego debiera estar en mejores condiciones que lo que está hoy día".
Por otra parte el alcalde de Santa Cruz, William Arévalo (independiente Chile Vamos), clasificó como tardía la decisión del Ejecutivo de declarar zona de catástrofe el pasado Viernes 20, declarando “hemos estado una semana con un infierno”, y puntualiza “basta de tener compasión con la inoperancia del Gobierno”.
Finalmente, dentro de la oposición las críticas resuenan por las diferentes decisiones tomadas frente a la gran catástrofe y las acciones llevadas a cabo. Sin embargo, no hay que olvidar las catástrofes que asumió la derecha en su mandato, como lo fue el Tsunami, el pasado 27 de Febrero de 2010, entre otros, donde el actuar de las autoridades no estuvo a la altura de los hechos.
Es así, que quienes asumen los costos de la lentitud, los errores, las malas decisiones del Gobierno y las autoridades correspondientes, son los trabajadores, agricultores y el pueblo más empobrecido, que hoy se encuentra “con lo puesto” habiendo perdido fuentes de trabajo, la muerte de cientos de animales y cultivos, sus viviendas, entre muchos otros. Por tanto, el vuelco que debe tomar el Ejecutivo frente a la magnitud de las pérdidas de cientos de trabajadores y familias, al igual que el daño ocasionado a las superficies quemadas debiese ser mucho más ágil. Los afectados por terremotos, tsunamis y otros incendios y catástrofes naturales en el país así lo exigen. El gobierno debe estar a la altura de las necesidades de las personas, y no entregar soluciones “parches” como se han visto en otras situaciones de crisis. Junto con el despliegue de acciones coordinadas por los mismos afectados, bajo una organización independiente. Pues son los afectados quienes conocen desde la propia experiencia, sus mayores necesidades.
