En una jornada histórica el Parlament de Cataluña ha dado por iniciado su proceso de “desconexión del Estado español”. Con los 72 votos a favor de los diputados de JxSi y la CUP el proceso constituyente de la “república catalana” busca iniciar su andadura frente a la ofensiva española desatada.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Martes 10 de noviembre de 2015
Este lunes el Parlament de Cataluña vivió una fecha histórica con la aprobación de la declaración presentada por JxSi y la CUP. El texto, centrado en la “desconexión” de Cataluña del Estado español, consta de nueve puntos e insta al gobierno de la Generalitat a obedecer las directrices surgidas del Parlament, llamando a la desobediencia frente al Tribunal Constitucional español (TC).
A la declaración se le añadió el pasado viernes un anexo en el que se especifican algunos de los temas para los que se propone la desobediencia al TC. Y se citan la puesta en marcha del decreto de pobreza energética, la ILP de vivienda, el acceso universal a la sanidad, paralizar la reforma educativa o la renegociación de la deuda, entre otros.
En el pleno de este lunes se han podido visualizar claramente los dos bloques que actualmente conforman el Parlament de Cataluña. Por un lado, los 72 diputados de JxSi y la CUP, por otro lado, el resto de fuerzas políticas que, con diferentes matices, han mostrado su rechazo a la declaración tanto en sus intervenciones, como con sus votos negativos.
El texto ha sido defendido por Raül Romeva y Anna Gabriel, miembros de JxSi y la CUP respectivamente. El primero ha apuntado que “la voluntad del pueblo catalán quedó clara el 27S” al mismo tiempo que aseguraba que “el proceso iniciado hoy es imparable, bien sea hoy o mañana”.
Por su parte, la portavoz de la CUP ha señalado que si bien los puntos de la declaración no expresan un programa “ni anticapitalista ni siquiera transformador” si que es un paso “hacia la desobediencia que consideramos positivo”.
El resto de fuerzas del hemiciclo ha votado negativo a la propuesta. El Partido Popular y Ciudadanos han expresado con un mensaje contundente que el proceso catalán que buscan iniciar las fuerzas independentistas es un ataque la democracia española. El mensaje de las dos fuerzas españolistas se ha forjado alrededor del mismo eje, definir el proceso catalán como un mecanismo de salvación de Mas. Albiol y Arrimadas han escenificado así la total sintonía de ambas formaciones frente a la “sagrada” unidad nacional, más allá de los intentos de Albert Rivera de mostrar a su formación como una alternativa diferenciada del Partido Popular.
Por su parte Catalunya Si Que Es Pot (CSQEP) finalmente no ha aceptado ninguna parte de la declaración (la declaración de nueve puntos y el anexo se votaban por separado). Por contra y a diferencia del resto de fuerzas opositoras, CSQEP ha presentado una declaración centrada en desarrollar mecanismos para frenar las consecuencias de la crisis económica y en segundo lugar en elaborar un referéndum de cara al 2016.
De nuevo la propuesta de CSQEP frente a la demanda democrática del pueblo catalán es la fórmula del “derecho a decidir”. Esta fórmula, válida cuando el motor es la movilización y la ruptura con el statu quo, parece ser en este caso un brindis al sol puesto que vuelve a supeditar todo el proceso catalán a la legalidad vigente, máxima garante de la unidad nacional, y en segundo lugar porque parece inverosímil que sus aliados a nivel estatal, Podemos, apoye cualquier proceso de “derecho a decidir” en un momento en el cuál ha iniciado un giro activo y discursivo al centro sin miramientos, limítrofe incluso en algunos puntos con Ciudadanos.
Además un miembro del grupo parlamentario, Joan Giner, ha denunciado en una entrada en su blog- que la formación le ha obligado a votar en contra de la resolución mientras que él hubiera optado por votar abstención. Según informa el diputado “El Presidente y el Portavoz del grupo parlamentario me informaron de que el incumplimiento de la disciplina de voto implicaría que me echarían del grupo". Una muestra más del nerviosismo que sacude el entorno de Podemos cuando Cataluña se pone en el tablero.
El PSC en boca de su líder Miquel Iceta, ha señalado que este plenario “no se debería haber celebrado nunca”, y que los resultados que arroja el 27S “no son una voluntad de independencia del pueblo catalán”. Además señalaba que esta declaración sin presidente es una sinrazón que “caerá en saco roto”.
El centralismo español prepara la ofensiva
Pocos minutos después de que la declaración fuera aprobada por el Parlament de Cataluña, el presidente del gobierno del Estado español, Mariano Rajoy, anunció en el salón de plenos del Ayuntamiento de Béjar, que el ni él ni el “gobierno español iban a permitir más pasos en esta dirección”. Aseguraba en su comparecencia frente a los medios que “se iba a utilizar solo la ley, pero toda la ley, solo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia”.
El primer paso en esta línea ha sido instar al Consejo de Estado a emitir un dictamen con carácter de urgencia que permita al Gobierno presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad contra la declaración soberanista. El dictamen será traslado a una reunión de urgencia del Consejo de Ministros que autorizará al presidente de gobierno a interponer la demanda frente al TC.
Los mecanismos de represión del Estado español tienen un corto recorrido para su ejecución, de este modo se puede dar el caso que en las próximas 48 o 72 horas el texto aprobado este mismo lunes en el Parlament de Cataluña, quede sin amparo legal y por lo tanto prohibido por el TC.
No obstante esta medida a la cual nos tiene acostumbrados el reaccionario gobierno del Partido Popular, puede ir acompañada de una medida mucho más extraordinaria, que visibiliza claramente los límites legales que la ley española ofrece en lo referente a la lucha por el derecho a decidir del pueblo catalán o de cualquier otro que quiera romper el statu quo por la vía parlamentaria.
Según informaciones que proceden de una de las personas que ha formado parte de las reuniones secretas que el ejecutivo ha mantenido con expertos de diferentes áreas (Justicia, Hacienda, Administración Pública, Economía, Interior, Exterior y Presidencia de Gobierno), el ejecutivo de Mariano Rajoy estaría capacitado para iniciar un seguido de acciones que finalizarían con la suspensión de la autonomía de Cataluña.
Según esta filtración los pasos que seguirían desde el gobierno español serían: en un primer lugar suspender las remesas del Fondo de Liquidez, buscando ahogar financieramente a la Generalitat.
En segundo lugar, actuarían la Abogacía del Estado y la Fiscalía para recurrir penalmente contra los responsables de la iniciativa, principalmente el President Artur Mas y la presidenta del Parlament Carmen Forcadell.
El tercer punto y en caso de agudización de la situación, el gobierno ejecutaría gradualmente el artículo 155. El primer paso en esa tercera fase sería el de retirar a la Generalitat la competencia sobre la actuación como Policía de Seguridad Ciudadana de los Mossos d’Esquadra, que pasarían a depender directamente del Ministerio del Interior.
Sin lugar a dudas la hoja de ruta diseñada por el gobierno español es un aviso a navegantes que busquen mediante la negociación con el Estado cualquier tipo de consecución del derecho de autodeterminación.
Además del presidente del gobierno, también ha hablado ante los medios el líder de la oposción, Pedro Sánchez. Sin sorpresas, el líder de los socialistas ha dado total apoyo al presidente Mariano Rajoy, afirmando que lo que hoy ha sucedido en el Parlament de Cataluña es una “falta de respeto a la democracia española” y que el ejecutivo tiene el “derecho pero también la obligación de defender la unidad y la libertad de todos los españoles”.
En esta “llamada a filas” de las fuerzas españolistas, no ha faltado Albert Rivera. Durante la mañana la vicepresidenta de gobierno, Sáenz de Santamaría, se ha puesto en contacto con el líder de la formación naranja para tenerle al tanto del contenido de la declaración que iba a hacer Mariano Rajoy en Béjar.
Una declaración que no altera el camino
La declaración firmada el pasado 27 de octubre por JxSi y la CUP y aprobada este lunes con los votos a favor de ambas formaciones busca ser el inicio del proceso de creación del Estado catalán. Para esta tarea las dos formaciones elaboraron una declaración que, en lo sustancial, no aporta un viraje al camino pedragoso que CDC y Mas le han imprimido al proceso casi sin descanso. El texto configurado por nueve puntos, tiene como objetivo lanzar dos mensajes claros.
El primero de ellos se centra en dejar claro, por activa y por pasiva, que el nuevo gobierno catalán deberá activar todos los mecanismos que sean necesarios para que se puedan llevar adelante las tareas necesarias para el proceso constituyente, sin atender a otras directrices que no sean las surgidas del propio Parlament de Cataluña, explicitando que el TC no será esta vez un freno. Una serie de puntos que se contradicen con la actitud que hasta la fecha el máximo dirigente catalán ha mantenido frente a los embites del centralismo español, que se han definido más bien por la supeditación.
En segundo lugar, el noveno punto materializa de forma impresa el espíritu de este proceso dirigido por Mas y los representantes de la burguesía catalana. Dicho punto esgrima que “se declara la voluntad de inicio de negociaciones”. Tras las proclamas de desobediencia e insubordinación de Mas se esconde el eje de su hoja de ruta; la postergación del proceso catalán y su encorsetamiento en los tentáculos burocráticos del parlamentarismo, a la vez que busca la desactivación de cualquier movilización social que cuestione por igual el centralismo español como su política liberal que ha sido verdugo de los derechos de las clase populares.
Por su parte la CUP vuelve a mostrar su voluntad de que el proceso catalán no se encalle ni de un paso atrás con unas nuevas elecciones anticipadas. Incluso en la comparecencia posterior al discurso de Mas, el portavoz de la formación independentista, Albert Botran, ha señalado que el discurso del candidato a presidente ha contado con aspectos positivos, sobre todo en el plano social, destacando de forma negativa la ausencia de crítica a la corrupción. Cabe apuntar que el hecho de que Artur Mas hable de temas sociales roza el cinismo. Medidas escritas en papel mojado para la sanidad, para la educación, para las personas con discapacidad y un largo étcetera que no pueden ser aplaudidas y mucho menos definidas como una “declaración de autocrítica” por los diputados de la CUP.
En definitiva, el frente españolista busca cerrar filas frente al desafío catalán, sabiendo que la actuación frente a esta situación será un aspecto determinante en los resultados del 20D. Estos ataques serán piedra de toque para la fortaleza del proyecto soberanista bajo la dirección de CDC y Artur Mas y pondrá a prueba a la política de frente nacional desplegada por la CUP.
