Ernesto Guerrero, uno de los normalistas sobrevivientes de la masacre de Iguala, afirma “Vamos a seguir exigiendo justicia”.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 26 de julio de 2018
Hace casi cuatro años, en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, hombres armados atacaron jóvenes normalistas en las calles de Iguala, Guerrero. Mataron a 3 de ellos, y a tres vecinos de esa ciudad, y desaparecieron a 43 estudiantes de primer año de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
Eran jóvenes que tenían un sueño: enseñar a leer y escribir a los hijos del pueblo trabajador. Estudiaban en la Normal de Ayotzinapa para ser maestros en Educación Primaria y en Educación Primaria Intercultural Bilingüe.
A mediados de este mes, 73 de sus compañeros, que sobrevivieron a la masacre, se graduaron. Pero siguen faltando 43 y esa herida que no cierra marcó un antes y un después en México.
Entre septiembre y noviembre de 2014 se desarrolló un gran movimiento democrático que concentró la indignación por los incontables agravios perpetrados por los poderosos y los partidos a su servicio contra las mayorías.
Mientras el gobierno represor de Peña Nieto trató de silenciar la indignación a través de imponer una “verdad histórica” según la cual los jóvenes habrían sido incinerados en Cocula, Guerrero, científicos desmintieron esa hipótesis. El mismo gobierno trató de desprestigiar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y no lo logró.
La participación del Ejército y la policía municipal en la masacre y en la desaparición de los jóvenes dan cuenta de la responsabilidad del Estado, cómo la violencia institucional se ocupó para atacar la protesta social y un posible foco de resistencia a la reforma educativa diseñada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Recientemente, familiares y estudiantes de Ayotzinapa exigen la creación de la Comisión de la Verdad a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue el caso, ordenada por una sala regional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cabe recordar que esta medida fue declarada como una “imposibilidad jurídica” por un tribunal de Tamaulipas. Esto demuestra cómo busca el Estado sostener la impunidad a toda costa.
Hoy como ayer, familiares y compañeros de los normalistas siguen adelante con su exigencia de justicia.
