La legislatura provincial declaró la emergencia en materia de violencia familiar (violencia hacia las mujeres) y de género en la provincia de Buenos Aires. Esta encomienda al Poder Ejecutivo a realizar acciones para atender esta problemática y reasignar partidas presupuestarias. Medidas insuficientes para la gravísima situación que atraviesan las mujeres y disidencias.
Sábado 23 de mayo de 2020 09:43
La ley que había sido aprobada la semana pasada en Diputados, fue sancionada por unanimidad en la sesión que se realizó el jueves pasado en el Senado. Claudio Dellecarbonara, diputado del Frente de Izquierda, denunció en su intervención la grave situación de violencia machista que sufren las mujeres y disidencias, la cual se agravó con la pandemia y en un contexto de aislamiento social.
En lo que va del 20 de marzo hasta el 19 de mayo, el Observatorio de Género de La izquierda Diario registró 54 femicidios y trans/ travesticidios, de los cuales 50 fueron femicidios, 3 fueron femicidios vinculares, y 1 trans/ travesticidio. Otro dato relevante es que en la provincia de Buenos Aires se producen el 50% de los femicidios y transfemicidios.
La ley sancionada dispone muchas medidas que, si bien existen en el papel, no se vienen cumpliendo en la realidad. De acuerdo a esto, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, a cargo de Estela Díaz, debe “llevar adelante las acciones necesarias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad, a cuyo efecto estará facultado a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias”.
También autoriza al Ejecutivo a la contratación directa de hoteles, hosterías, hostales y todo tipo de establecimiento que brinden servicios de hotelería o alojamiento temporario, a los efectos de que transitoriamente cumplan las funciones de refugios temporarios. Recordemos que solo hay dos refugios que dependen de la Provincia de Buenos Aires, uno en Ensenada y otro en Moreno.
A su vez hay 56 refugios que dependen de los distintos municipios, donde en algunos casos las condiciones habitacionales son buenas, y en otras, los lugares están muy deteriorados y brindan una atención deficitaria.
Ya que la ley no hace precisiones respecto a los recursos, nos preguntamos qué monto van a asignar en concreto, porque como planteó Claudio Dellecarbonara en la sesión, este año el Gobierno nacional destinará para todo el 2020, únicamente 277 millones de pesos, lo que equivale a 11 pesos por mujer para erradicar la violencia de género.
En la Provincia de Buenos Aires, esta realidad es aún peor. Apenas se destinó 1 millón de pesos para asistir a las víctimas de violencia machista, lo que equivaldría a 66 subsidios de 15 mil pesos por cada persona. No podemos llamar a eso prioridad, mientras en lo que va del año se pagaron en concepto de deuda 300 millones de dólares, es decir más de 20.000 millones de pesos.
Queda claro cuál es la prioridad para el gobierno. Un millón para las mujeres víctimas de violencia, y 20 mil millones a los usureros y especuladores de una deuda ilegítima y fraudulenta.
A su vez, la ley no menciona la situación de la línea 144 que brinda atención y acompañamiento a las víctimas de violencia machista. Sus trabajadoras vienen denunciando desde hace tiempo la precarización laboral y las malas condiciones en las que trabajan, las cuales han empeorado en cuarentena.
Es urgente que se tomen medidas profundas que estén a la altura de la gravedad de la situación que atraviesan las mujeres y disidencias.
El proyecto de acción contra la violencia de género que vienen impulsando Nicolás del Caño y Myriam Bregman propone un plan de vivienda a corto plazo, basado en la creación de impuestos progresivos a las grandes fortunas y corporaciones inmobiliarias. También una asistencia económica de $30.000 por mes para las personas que no tengan una licencia paga por sus empleadores, y puedan dejar de depender económicamente de sus agresores. Creación de regímenes de licencias para estudiantes y trabajadores con percepción de la totalidad del salario, y el derecho de las mujeres y disidencias a acceder de manera gratuita e inmediata al asesoramiento y la intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia en casos de violencia. Exigimos la plena implementación en todo el país del cupo laboral trans.
También se podría avanzar en la reconversión de la producción de Astillero Río Santiago para la producción de insumos necesarios para frenar la pandemia. Sus más de 3 mil operarios (de los cuales 360 son mujeres) cuentan con las herramientas, la capacidad y el oficio para construir material ferroviario y hasta barcos de guerra. ¿Por qué no poner toda esa capacidad a disposición de las urgentes necesidades sociales bajo el control de comités de seguridad e higiene organizados por los trabajadores? Actualmente se están construyendo solo tres módulos habitacionales para víctimas de violencia machista. Totalmente insuficiente.
El Estado tiene que garantizar el presupuesto y los insumos necesarios para que Astillero pueda construir los módulos habitacionales necesarios para las víctimas de violencia machista a nivel nacional.
