Genocidio. Se demora el inicio del juicio contra dos cómplices civiles de la dictadura

El Ministerio Público Fiscal impulsa el inicio del juicio oral y público de la causa de lesa humanidad "Chavanne-Industrias Grassi": un caso de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, cuyo debate debía comenzar este año, pero se encuentra suspendido en función de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Los dos civiles acusados son Juan Alfredo Etchebarne, ex integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la última dictadura cívico militar, y Raúl Guglielminetti, ex miembro de la SIDE y agente parapolicial, quien tiene condenas por crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti.

En esta causa, a cargo del Tribunal Oral Federal Número 5, se investigan los hechos delictivos cometidos por agentes económicos y políticos de la dictadura que intervinieron en la venta del Banco de Hurlingham, propiedad del empresario David Graiver, contra el grupo conformado por las empresas Chavanne y las industrias siderúrgicas Grassi, en 1978.

Un mes después de haberse conformado la sociedad para la adquisición de este banco, la CNV adujo haber recibido una denuncia anónima en relación al origen de los fondos con los cuales se costearía la operación.

Etchebarne (que en la actualidad tiene más de 80 años), como director de la CNV -un organismo encargado de supervisar a nombre del Estado las operaciones de venta y adquisiciones en el mercado de valores y finanzas- dispuso la intervención del banco junto con el general Alfredo Cassino, entonces director del Banco Central.

El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974, y bajo el cargo de "subversión económica", desapoderó a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi.

Luego, grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan, así como su socio Jorge Tejerina y más tarde Marcelo Chavanne. Además serían detenidos más de 20 personas entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.

Todos fueron conducidos a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados en interrogatorios en los que habría participado Etchebarne, mientras peritos contables de la CNV revisaban los activos de los cautivos y determinaban incautaciones de sus bienes.

Las víctimas estuvieron un mes cautivas en calabozos de Campo de Mayo hasta que fueron "blanqueadas" e incluso algunas permanecieron en prisión hasta 1980, mientras eran despojadas de sus bienes y empresas.

Juan Alfredo Etchebarne es enjuiciado con respecto de la conformación de un “grupo de tareas” ilegal integrado por militares y civiles que tenía por objeto perseguir personas a quienes, acusándolas de delitos propios de la entonces denominada “subversión económica”, se las habría privado ilegalmente de su libertad.

Por su parte, Raúl Guglielminetti, perteneció al Grupo de Tareas que tenía su base en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, relacionado con operaciones del Plan Cóndor y bajo el mando de Aníbal Gordon. A partir de 1978, condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE), que organizó la colaboración del régimen militar argentino en la denominada Operación Charly.

Además, integró la denominada "Banda de Aníbal Gordon", por lo que fue relacionado con el secuestro y asesinato del empresario y banquero Osvaldo Sivak en 1985. Llegó a formar parte de la custodia del presidente Raúl Alfonsín. El 9 de agosto de 2006 fue detenido para ser procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y en marzo de 2011 fue condenado a 20 años de prisión. En diciembre del 2019 fue sentenciado a prisión perpetua como coautor de cuatro homicidios, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de Buenos Aires, en el marco de dos causas por delitos de lesa humanidad.

Estos juicios programados para marzo del corriente año están parados por la pandemia. Los abogados de Guglielminetti han pedido prisión domiciliaria que se les fue negada.

Igualmente, la mayoría de los genocidas condenados están libres o en sus casas. En 2019, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) publicó su informe anual, en el que refleja el panorama del estado de las causas de lesa humanidad: disminución de personas detenidas en el marco del proceso de juzgamiento.

Son un total de 884 los represores que se encuentran en libertad, no sólo por el aumento de las excarcelaciones y la baja del dictado de prisiones preventivas, sino también porque este año aumentó un 14% la cantidad de fallecidos impunes.
Entre los procesados hay 29 que actualmente están prófugos.

Hay 562 causas abiertas por delitos de lesa humanidad, con 3315 imputados, siendo sólo 968 los condenados, después de casi 45 años del golpe. En suma, el 47% del total de 3161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad se encuentran libres (1563), mientras que el 28% están detenidas (913) y el 24% fallecieron (811).

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Todavía sigue pendiente un reclamo elemental de sobrevivientes y querellantes: que se unifiquen las causas por circuito represivo y que se juzgue a todos los genocidas por todas las compañeras y todos los compañeros detenidos desaparecidos, terminando con el desfile de víctimas por los Tribunales teniendo que relatar lo que ya contaron durante estos 36 años en diversas instancias, revictimizándolas. El caso de Julio López es una trágica muestra de esa situación.

La apertura de los archivos, la entrega de las nóminas de todos los que fueron parte para poder avanzar con los juicios y lograr el juicio y castigo en cárcel común es un derecho elemental para las víctimas y para las nuevas generaciones. Sin la apertura de los archivos es imposible llegar a juzgar a todos los responsables.