Estado Español. Se estrena el documental “Torturas: el crimen mejor escondido”

“Me pasaron una barra que daba descargas eléctricas y al mismo tiempo me apretaban la capucha que llevaba puesta para que no viera nada y entonces no podías respirar”. Este es uno de los testimonios que aparecen en el documental "Torturas: el crimen mejor escondido", el de Enkarni Blanco, detenida y torturada en 1992.

El documental, producido por la televisión pública vasca, recoge numerosos testimonios, tanto de víctimas de tortura, como de forenses, periodistas, políticos, familiares y otras entrevistas. Los informes de entidades como la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, integrada por organizaciones contra la tortura y por los derechos humanos, contabiliza 7.500 casos de denuncias por torturas, trato inhumano o degradante por parte de funcionarios públicos en el País Vasco hasta 2014.

De parte del Estado se señala que si en el período 2008-2013 6.903 agentes de Policía y Guardia Civil estuvieron implicados en casos de malos tratos y torturas, solo hay 47 condenas en firme, lo que los lleva a afirmar que el resto se trata de denuncias falsas. A pesar de ello, el documental señala que hasta en 9 ocasiones el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha fallado en contra del Estado Español por algunos de casos, sobre todo por no investigarlos, sin obtener respuesta.

En el documental, Nekane Txapartegi relata como en 1999 fue detenida en la calle y de camino a Madrid con la cabeza cubierta por una bolsa sufre una ejecución simulada. “Al llegar me dijeron, ¿conoces a Gurutze Yanzi (muerta en esa misma comisaría)? Puedes ser la siguiente.” Su testimonio también señala la violencia sexual como patrón que se repite en numerosos de los casos recopilados.

Como nos contaba el historiador David Ballester hace unos meses en una entrevista, en "materia de torturas", especialmente en el contexto vasco, la democracia se quedó con el “pack completo” de la dictadura y eso perpetuó las prácticas de violencia institucional.

Hasta comienzos de los ‘80 no comienzan a descender los muertos en manifestaciones y el gatillo fácil no comenzó a bajar hasta 1983. El documental señala como los casos de tortura tienen sus picos en los estados de excepción del franquismo y se mantienen en niveles altos y estables a lo largo de toda la década de los 80.

Esto sin contar, como describía algo que se consideraba aún muy habitual, que en un enfrentamiento entre un policía y un delincuente, aunque no fuese armado, se le abatiera y matara. Algo que deberíamos también contar como gatillo fácil, ya que según las resoluciones del Consejo de Europa sobre la utilización de armas de fuego, no es motivo suficiente que un ciudadano, sea o no delincuente, huya como para utilizarlas.

Es posible encontrar que policías que han matado a ciudadanos en manifestaciones o por gatillo fácil, aparecen en el BOE condecorados pocos meses después. Por ejemplo, Jesús Martínez Torres, torturador de la ex-Brigada Político Social fue nombrado Jefe de la Brigada de Información en 1985 por el Ministro del Interior del PSOE José Barrionuevo, imputado por desviar fondos públicos al GAL.

En la Brigada de Información también estuvieron Roberto Conesa y Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, ambos reconocidos torturadores, director de la BPS y número dos del mismo en los 70 respectivamente, con petición de extradición para juicio. Con la disolución de la BPS en 1981, buena parte de los altos cargos integraron la Brigada de Información de la Policía Nacional, y del resto se desviaron especialmente hacia los cuerpos policiales locales y autonómicos.

De esta manera se muestra que la impunidad no es sólo “hacer la vista gorda”, sino que forma parte de un modus operandi que excede los límites del franquismo y que está en el ADN del Régimen del 78, concentrándose especialmente hacia la izquierda abertzale, en tanto que se ubicaba por fuera del consenso “atado y bien atado” de la Transición.

Si bien, el documental mostraba como las torturas se hicieron extensiva a militantes de CCOO, EKP, LKI, ORT y otras muchas organizaciones políticas y sociales.

La persecución a la izquierda abertzale ha continuado pasando por el encarcelamiento de activistas mediante la ilegalización de partidos, agrupaciones juveniles o gestoras jurídicas, amparándose en la Ley de Partidos de 2002 que permite ilegalizar cualquier organización de la que el Estado sospeche de ser terrorista.

Estos ejemplos se suman a las legislaciones de excepción puestas en marcha, los sumarios en la Audiencia Nacional, las políticas penitenciarias vulneradoras de los más mínimos derechos humanos o la misma guerra sucia de los GAL y la impunidad con que fue saldada.