El 14 de Julio del 2006, el gobierno priísta de Ulises Ruiz Ortiz (URO) ordenó el desalojo del plantón que mantenían los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y se desató un enfrentamiento.
Sábado 20 de junio de 2015
El movimiento en Oaxaca que luchaba por la caída del gobernador obtuvo el control de gran parte de la ciudad -mantenido por medio de barricadas, y dio inicio a la “Comuna de Oaxaca”, forjada entre el método asambleario y el uso legitimo del derecho a la autodefensa.
Los métodos represivos del Estado para tratar de doblegar al movimiento incluyeron secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, torturas y asesinatos extrajudiciales, que hasta el día de hoy siguen sin sancionarse
A 9 años de la Comuna...
La violación a los derechos humanos contra los integrantes del movimiento fueron denunciados y hasta el momento ninguna de las víctimas ha obtenido una reparación integral del daño.
El jurídico de la Sección XXII de la CNTE, organizaciones sociales, víctimas, testigos, periodistas y el padre Solalinde se unieron para constituir la “Comisión de la Verdad’”que tiene como principal tarea investigar la represión y la violación a los derechos humanos durante el proceso del 2006. Según el portal Cuadratin, la creación de esta comisión fue acordada en conjunto con las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez.
Nancy Mota, concejal estudiantil de la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaca de 2006 y fundadora de la Coordinadora de Mujeres 1 de Agosto, explicó que: “la Comisión de la verdad tiene el objetivo de dar a conocer las violaciones de los derechos humanos de todos y todas las victimas y testigos del año 2006 y 2007.”
Según Nancy Mota: “lo importante es responsabilizar directamente al Estado y poder ejercer el derecho como ciudadanos de la reparación integral del año y, sobre todo justicia. Desde mi participación como activista social considero que la comisión de la verdad debe ser completamente independiente y autónoma del Estado para lograr credibilidad y confianza nuevamente en todos y todas las que somos victimas. Son 9 años que han transcurrido y Ulises Ruíz Ortíz, Bulamaro Rito Salinas y Jorge Franco Vargas no han sido encarcelados y ellos los responsables directos; por lo tanto, hago el llamado a la comisión de la verdad a que sea transparente y pública en todo su proceso.”
Nancy Mota fue víctima de la represión del Estado; el 2 de diciembre del 2007 fue secuestrada por dos desconocidos armados que la interrogaron sobre otros activistas de la APPO, la amenazaron con matarla y violarla, y volverla a secuestrar. El secuestro, interrogatorio y amenazas dejaron secuelas graves que no han sido atendidas psicológicamente y aún permanece sin obtener justicia -no hay ningún detenido ni posible responsable-.
Comisión de la Verdad
La comisión sesionó el 14 de Junio, con la presencia del padre Solalinde, la reportera Carmen Aristegui (testigo especial) y Javier Hérnandez Valencia -representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- y el periodista Diego Osorno.
Los primeros resultados que arrojó esta comisión -según La Jornada- fue de más de 26 asesinatos extrajuciales y 500 casos de tortura.
Ulises Ruíz Ortíz aún no a sido procesado por ser el responsable intelectual de estas prácticas sistemáticas en contra de los luchadores sociales y el pueblo organizado que enfrentaba al gobierno y todas sus políticas.
Violación a derechos humanos como política de Estado
El pasado marzo, Juan Méndez relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, afirmó que la tortura es una práctica generalizada en México pues es cometida por todas las fuerzas de seguridad, la marina, el ejército, la policía federal y las oficinas de los fiscales tanto a nivel federal como estatal.
El Estado mexicano mantiene una práctica sistemática de violación a los derechos humanos, en especial utiliza métodos represivos en contra de los movimientos sociales. La desaparición de los 43 normalistas sacó a relucir la democracia bárbara y asesina en la que vivimos.
Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas consideramos que una comisión de la verdad sólo puede llevar a cabo esta labor titánica siendo independiente del gobierno y de cualquier partido político; el conocer la verdad sobre los hechos del 2006 no vendrá por la bondad o buenas intenciones del Estado sino de un gran movimiento organizado en las calles que clame justicia.
También exigimos que las víctimas puedan ser reparadas integralmente, así como que los responsables materiales e intelectuales obtengan el debido castigo.
