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Red Internacional
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PARO PATRONAL. ¿Se les rebelaron los aliados al gobierno o nueva farsa?: dueños de camiones rechazan propuesta del gobierno y anuncian extensión del paro patronal

En horas de la mañana del lunes, luego de una nueva propuesta hecha por parte del gobierno, el gremio de camioneros, liderado por la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), rechazó el petitorio emanado desde el Ejecutivo y decidió extender el paro si no se sentaban a negociar directamente con el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien, a su vez, "amenazó" tibiamente con aplicar la ley de Seguridad del Estado.

Martes 1ro de septiembre de 2020

En lo que respecta al quinto día de huelga, luego de que se rechazara el documento del gobierno, en el cual el gremio de camioneros tuvo directa participación en la negociación, el presidente de la Fedesur, José Villagarán, señaló que “hemos tomado la decisión de rechazar esta propuesta, pero de aquí en adelante conversamos exclusivamente con el señor ministro del Interior.”

Cabe señalar que, dentro de las trece propuestas levantadas por el gremio, diez de ellas responden a medidas de carácter nacional y que llaman a endurecer la represión y la vigilancia por parte de los organismos del Estado encargados de la seguridad. No obstante, coincidentemente, estas leyes son parte de la agenda represiva del Gobierno de Piñera, la cual ha sido infructuosa por no tener piso político en el congreso.

Finalmente, Villagrán, exigió al Ejecutivo que las negociaciones no se hicieran con los asesores del ministro Pérez sino directamente con él: “Los asesores no sirven para nada. Los camioneros no estamos para migajas" declaró. En esa línea, amenazó con extender la duración del paro y aseguró que la responsabilidad de un posible desabastecimiento no recaerá en ellos. “Podemos estar un mes aquí (…) El ministro del Interior será el culpable si no hay pan y combustible”.

A este respecto, el secretario de Estado Víctor Pérez instó a seguir el diálogo, en tanto comentó que “ellos (los camioneros) ofrecieron una manifestación pacífica que, lamentablemente, ha ido mutando a ciertos indicios de desabastecimiento y de bloqueos de carretera, cosa que habían prometido no realizar". En tal sentido, afirmó que “vamos a usar todos los mecanismos que nos flanquea la ley, y la Ley de Seguridad del Estado es uno”.

Sin embargo, sorprende la moderación de las declaraciones considerando lo grave que significa el desabastecimiento, el corte de carreteras y el bloqueo del acceso a los puertos de Valparaíso y San Antonio en un contexto de pandemia y recesión. Más aún cuando se tiene en cuenta que otras manifestaciones, como la ocurrida el viernes pasado en Plaza Dignidad a favor del “apruebo”, haya sido fuertemente disuelta en un par de minutos.

No llama la atención la lentitud del Gobierno en dar solución a un conflicto, que es llevado cabo por el 5% de la flota de camiones a nivel nacional, que está a favor de sus propios intereses (los mismos que el gobierno), que busca poner presión al congreso y reinstalar en el debate público leyes represivas que habían perdido respaldo político.

¡Enfrentemos estos ataques!

Para enfrentar estos ataques de la derecha, necesitamos un paro nacional convocado por los sindicatos y organismos de trabajadores como la CUT, Mesa de Unidad Social, Unión Portuaria, trabajadores forestales, comunidades y organizaciones como Asambleas Territoriales y populares, estudiantiles como la Confech, ACES y CONES, de Derechos Humanos y de la izquierda, para organizar movilizaciones en defensa y una amplia campaña por la libertad a los presos mapuche, la desmilitarización del Wall Mapu y el fin a las leyes represivas para quienes salen a manifestarse contra la herencia de la dictadura.

Hoy es necesario responder con movilización a través de una gran alianza del pueblo mapuche y la clase trabajadora, que abra la posibilidad de la expropiación a las grandes industrias de materias primas nacionales, y bajo control de las comunidades y sus trabajadores, pelea esta ultima que va ligada estrechamente a la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde se puedan discutir estos temas, hoy vetados por el acuerdo, como son los grandes tratados internacionales que mantienen especialmente la industria forestal.