Congreso Nacional. Se oyó la lucha contra la impunidad del “gatillo fácil” cordobés

Integrantes de la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Córdoba participaron este jueves de una Audiencia Pública en el Congreso Nacional. Natalia Suárez y Emilia Rojas, madres de jóvenes asesinados por la policía provincial, viajaron en representación de la organización que nuclea a las familias cordobesas en su lucha contra la impunidad.

Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh), presentó la actividad denunciando la criminalización de la juventud y la pobreza que rige en Argentina. En su intervención, Carla señaló que en todo el país “esta práctica criminal del gatillo fácil se lleva la vida de un pibe cada 28 horas” y afirmó que “la provincia de Córdoba es la tercera en cantidad de casos de gatillo fácil, pero no tiene nada que envidiarle a las otras policías, que además de matar y asesinar con el gatillo fácil reprimen a los trabajadores y están metidas en todos y cada uno de los grandes delitos.”

“No vamos a permitir que estas muertes queden impunes”

Emilia Rojas, mamá de Cristian Guevara (18), asesinado el 17 de julio de 2014 por la policía cordobesa, presentó uno a uno los casos de jóvenes asesinados impunemente a manos de esta fuerza, víctimas de gatillo fácil y torturas en cárceles y comisarías. En su intervención, Emilia relató el proceso que llevó a poner en pie la mencionada Coordinadora: “Nos fuimos organizando porque no queremos que nunca más pasen casos como el de nuestros hijos. El gobernador De La Sota avala todo esto, incluso acaba de ratificar en su cargo al jefe de la policía provincial Julio César Suarez, que hoy está imputado por amenazar a un periodista que quiso visibilizar los casos de gatillo fácil de la provincia. Los jóvenes son perseguidos por ser pobres y la justicia tapa todos estos homicidios. Queremos que esto se conozca a nivel país, porque no hay ningún policía preso y nuestros hijos están muertos.”

Natalia Suárez, la mamá de Lautaro Torres (16), asesinado en abril de este año, denunció que “no fueron muertes comunes: fueron ejecuciones, todas por la espalda. Cada una de estas mamás que conformamos la Coordinadora nos juntamos al ver la impunidad con la que la policía se maneja. Nos arrebataron a nuestros hijos de la peor manera, manejándose con la mayor impunidad con la que puede manejarse este poder político, policial y judicial. Queremos hacer pública la denuncia a De La Sota y decirle que no lo vamos a permitir, que las amenazas que nos han hecho, los tiroteos que tuvimos en nuestras casas, no nos van a parar.”

Natalia afirmó que “ahora a esta Coordinadora la queremos hacer a nivel nacional. No es sólo Córdoba la que sufre el hostigamiento y la represión policial: pasa en todas las provincias del país. Nos dicen que estamos locas, pero yo digo: bendita locura que nos permite gritar que no vamos a permitir que estas muertes queden impunes. Queremos que las personas que cometieron estos crímenes tengan juicio y castigo como corresponde.”

También la mamá y el papá de Mauro Silva, asesinado por la policía de la provincia de Buenos Aires, llevaron su solidaridad a las madres de Cristian y Lautaro y exigieron justicia por todos los jóvenes asesinados por las fuerzas represivas.

Voces de apoyo, para fortalecer la lucha

Manuel Tufro, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló a su turno que “lamentablemente siguen creciendo los casos de gatillo fácil porque estas prácticas persisten. Falta la voluntad política. Córdoba es un ejemplo muy duro, como lo es la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, donde en este momento hay un pibe desaparecido en Rosario después de haber estado preso en una comisaría del centro de la ciudad”. El investigador del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del Cels, que preside Horacio Verbitsky, planteó también que la violencia que ejercen las fuerzas represivas “está ligada a las prácticas delictivas que desarrollan como fuerzas de seguridad” y añadió que otro elemento fundamental para que todo este entramado funcione “es la justicia, con una serie de dispositivos que permiten armar causas y garantizar la impunidad”.

Juan Pablo Aguilar, del CeProDh de Córdoba, señaló al respecto que “al menos un joven es asesinado cada mes en la provincia y cientos son detenidos gracias al reaccionario Código de Faltas que rige en la provincia, que avala la detención arbitraria de jóvenes en los barrios más plebeyos. Por eso todos los años más de 10 mil personas nos movilizamos en la Marcha de la Gorra, para exigir su derogación.”

Por su parte, el diputado Nicolás del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda, sostuvo que “la represión policial esta envalentonada permanentemente por el discurso de la mano dura. Todo el tiempo, en todas las provincias: en Santa Fe donde gobierna el Partido Socialista, en Córdoba que gobierna el delasotismo, en Mendoza que hay un gobierno kirchnerista, Scioli en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires el macrismo. En todas ellas el poder político tiene el mismo discurso: estigmatizar a la juventud y ahora a los inmigrantes”, en referencia a los conocidos dichos del Secretario de Seguridad Sergio Berni y a la iniciativa presidencial de reformar el Código Procesal Penal.

Del Caño señaló también que “En la Cámara de diputados se votan permanentemente leyes contra el pueblo trabajador, pero estos temas no se discuten. Vemos todo el tiempo el pedido de más mano dura y más poderes a las fuerzas represivas del estado, para fortalecer un aparato que tiene también su manifestación en la criminalización de la protesta de los trabajadores y de todos aquellos que salen a luchar. La organización que están llevando adelante desde la Coordinadora es un gran ejemplo, porque es necesario denunciar y dar una respuesta independiente a todo este régimen político que sólo garantiza impunidad. Desde la banca del PTS en el Frente de Izquierda reafirmamos el compromiso, que ya venimos teniendo con familiares de víctimas de todo el país, para colaborar con esta lucha y arrancar el juicio y castigo a todos los responsables.”

También hicieron llegar su saludo a la Audiencia los diputados Ernesto Bernabey (FPV), Graciela Villata (Frente Cívico), Pablo López y Néstor Pitrola (PO/FIT). Incluso Hermes Binner (PS) hizo llegar su adhesión, lamentando “no poder asistir por compromisos asumidos con anterioridad”.