Un acuerdo entre los diputados petistas y de la oposición dejó para el final de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) la evaluación sobre la convocatoria al ex-presidente Lula y a su hijo Fábio Luis Lula da Silva, Lulinha, entre otros políticos como el ex-ministro de Desarrollo y actual gobernador de Minas, Fernando Pimentel (PT).
Jueves 27 de agosto de 2015
La reunión que votaría los requisitos de las convocatorias, acordada para este martes 25/8, fue finalmente cancelada durante la mañana. En la pauta estaban planteados 121 requisitos a ser considerados, incluyendo los que pedían la convocatoria de Lula y de otros políticos ligados al gobierno petista y empresarios como Eike Batista.
Los diputados se reunieron finalmente a puertas cerradas para sellar el acuerdo. Los miembros de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) negaron haber beneficiado a los políticos. “Nadie se salvó, porque no deliberamos sobre esa cuestión [convocar a políticos] aún”, afirmó el presidente de la CPI. “No nos resignamos a escucharlos [a Lula, Lulinha y otros políticos] e incluso es mejor que sea luego de analizar los documentos que el Banco nos enviará. Pero tampoco nada impide que, surgiendo antes nuevos indicios, nos anticipemos a dichas convocatorias”, afirmó Betinho Gomes (PSDB-PE).
La Comisión Parlamentaria Investigadora, instalada a inicios de este mes en la Cámara de Diputados, tiene el objetivo de investigar contratos considerados sospechosos firmados por el BNDES desde 2003 a 2015, durante los gobiernos del PT. La Comisión es hegemonizada por la oposición y por aliados del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que rompió con el gobierno.
En las últimas semanas, la campaña por el juicio político (impeachment) a Dilma, fue debilitándose en favor de la defensa de la “gobernabilidad para los ajustes”, por parte de un amplio arco de actores políticos y económicos de la burguesía.
El mensaje de “unidad” del vice-presidente Michel Temer ganó apoyo entre las principales federaciones patronales – la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) y la Federación de Industrias de Río de Janeiro (FIRJAN)-, además de Bradesco, que culminó en el lanzamiento de la llamada “Agenda Brasil” por el presidente del Senado Renan Calheiros (PMDB), y que dejó aislado relativamente al principal portavoz de la tesis del juicio político, Eduardo Cunha.
En vista de ese acuerdo nacional por la estabilidad y por el ajuste, la oposición del PSDB (que no está unificada alrededor de la tesis de la salida de Dilma) y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, probablemente concentrarán el fuego en desgastar la figura de Lula pensando en el 2018, profundizando la “sangría” petista a través de nuevas denuncias en la Operación Lava Jato.
