En una reunión entre la presidenta Michelle Bachelet y los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, se acordó retrasar el anunciado “Proceso Constituyente”. Lo justificaron por la “recargada agenda”, pero detrás están las diferencias al interior de la coalición oficialista, la nueva batalla que significará con los empresarios y la derecha, y los cuestionamientos por izquierda.
Nicolás Miranda Comité de Redacción
Sábado 19 de septiembre de 2015
Nuevos anuncios rebajados
El 21 de mayo la Presidenta anunció que en septiembre iniciaría el “Proceso Constituyente”. Con el giro del Gobierno, el “realismo sin renuncia”, se temió que se postergara indefinidamente. Sin embargo, se reafirmó para comenzar durante la primera semana de septiembre, pero con un proceso de “educación cívica”.
Este mismo anuncio demuestra el carácter amañado, limitado, estrecho, de las perspectivas que se plantean el Gobierno y la Nueva Mayoría. Acotado a cuestiones menores. Con métodos donde decidirán la casta de los parlamentarios en compra-venta a sus jefes los empresarios. Por si quedan dudas al respecto, el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, declaró que “la Presidenta ha planteado que este proceso constituyente requiere de participación ciudadana incidente, que tenga un momento constitucional legítimo a partir de las reglas que rigen, y un acuerdo amplio político”.
Las reglas que rigen, y el acuerdo político amplio, son las palabras clave.
Las críticas
Distintos movimientos por una Asamblea Constituyente se hicieron sentir desde antes, y durante las últimas elecciones presidenciales. Matías Sagredo, vocero del Movimiento por una Asamblea Constituyente, afirmó que “todas estas son medidas de dilación, nada más”.
La Bancada, transversal, por una Asamblea Constituyente defendió la decisión del Gobierno, por los feriados, el fallo de La Haya, la aprobación de la reforma laboral, y la asistencia de la mandataria a la 70° Asamblea General de Naciones Unidas a fin de mes. Por su parte, Sergio Grez, historiador y profesor de la Universidad de Chile, que impulsa con otros las Escuelas Constituyentes, denunció que se busca un consenso con la derecha. Y agrega que será cupular y sin convocar a la ciudadanía a un debate informado.
La crisis y una primera conclusión
La profunda crisis de legitimidad de todas las instituciones del régimen, la embestida de los empresarios y la derecha, el giro del Gobierno, muestran que cualquier intento de cambiar la Constitución de Pinochet, no podrá ser de la mano de la Nueva Mayoría, menos con un acuerdo con la derecha y los empresarios, ni respetando las restricciones de la propia Constitución heredada de la Dictadura.
Por eso, todas las fórmulas en discusión –cabildos consultivos, habilitar nuevamente la posibilidad de la convocatoria a un plebiscito por la Presidenta, comisiones parlamentarias- llevarán a una reforma cosmética.
Los anuncios de reformas, prontamente abandonados, reducidos al 50% como informamos en la Izquierda Diario, podrían llevar, a lo más, a una reforma cosmética, que deje en pie los pilares de la herencia de la Dictadura.
Toda demanda, sólo podrá ser arrancada con los métodos de la lucha de clases. La lucha contra la Constitución de Pinochet, sólo podrá ser sobre las bases del fin del régimen que lo sostiene, y sus guardianes de la derecha y la Nueva Mayoría. De avanzarse en la discusión de la Constitución, con una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, basada en la movilización de los trabajadores y todo el pueblo pobre. Para discutir entre otros puntos, la re-nacionalización bajo control de los trabajadores del cobre y todos los recursos naturales, para establecer el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche, entre otras discusiones.
