La prioridad del Gobierno es prepararse para reprimir, mientras que en la región de Antofagasta la situación sanitaria es crítica; del mismo modo día tras día la desidia de esta casta política queda impresa en diversos titulares, insultando profesores, enfermeras, etc. Hay que invertir las prioridades.
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Martes 20 de abril de 2021
Se sigue financiando a Carabineros, considerando además que estamos en pandemia. Esto responde a una agenda represiva del Gobierno, no es solo que se aprueben $20 mil millones para Carabineros, sino que esto es parte de un Convenio que comprende un total de $53 mil millones para compra de patrullas, zorrillos y guanacos.
Lo mismo viene haciendo el alcalde del PS Wilson Díaz, quien no solo pidió a Piñera más carabineros, sino que además viene montando cámaras y comprando drones para colaborar en la represión.
Claramente, la prioridad del Gobierno es prepararse para reprimir, mientras que en la región de Antofagasta la situación sanitaria es crítica. Durante la semana pasada hubo movilización de las y los funcionarios de los consultorios por las condiciones de agobio que viven, el colapso en la ocupación de camas críticas, etc.
Faltan camas, falta personal, pero el Gobierno prefiere invertir en guanacos.
Se preparan para el descontento que se está cultivando subterráneamente en amplios sectores de la población por el agobio, el estrés, la sobre producción y el riesgo de contagio que hay en los lugares de trabajo; día tras día la desidia de esta casta política queda impresa en diversos titulares, insultando profesores, enfermeras, etc.
En Antofagasta hay enormes necesidades sociales. Tenemos más de 7.000 familias viviendo en campamentos y un 98% de estas no tiene acceso al agua potable, cientos de niños y niñas sin acceso a internet ni conectividad, en los hospitales falta personal, camas e insumos.
Hay que invertir las prioridades y no solo apostar a los fondos que mediante el Consejo Regional significa administrar las migajas que llegan del gobierno central para las regiones; sino que es necesario avanzar a un impuesto a las grandes riquezas para financiar un Plan de Emergencia que responda a la crisis sanitaria con recursos frescos, que contemple un salario universal de emergencia que parta de $550.000 pesos, la prohibición de los despidos y la derogación de la ley de suspensiones, entre otras medidas urgentes.
