MOVILIZACIONES Y ADELANTO DE ELECCIONES. Se profundiza la crisis política en Perú

El pasado jueves 5 de septiembre en la ciudad de Lima más de cuatro mil personas se movilizaron cuestionando el rol que viene cumpliendo el Congreso de la República de mayoría fujimorista, aunándose así a la propuesta de adelanto de elecciones lanzada por el presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, el presidente no la tiene fácil ya que los campesinos del valle de Tambo, junto a los trabajadores y al pueblo de la provincia de Islay (Arequipa), ya llevan más de 50 días de lucha por la cancelación definitiva del proyecto Tía María -a pesar que el Gobierno se vio obligado a suspenderle a este proyecto la licencia por 120 días-, y, contra el ejecutivo que en estos últimos días ha endurecido la represión militar y policial, mientras que los sectores en lucha han anunciado nuevas acciones para los próximos días, a las cuales se suma la huelga nacional de los trabajadores mineros que se inicia este 10 de septiembre.

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Lo que busca el Gobierno con el adelanto de elecciones

Cabe recordar que la propuesta de adelanto de elecciones, lanzada por el presidente Martín Vizcarra el pasado 28 de julio, fue una respuesta del ejecutivo para salvar la crisis política que hoy se vive en el Perú como consecuencia de las contradicciones entre las dos facciones burguesas que tienen presencia en el ejecutivo y el parlamento.

El anuncio de adelanto de elecciones buscó también desviar la atención, para aislar así, la potente lucha del pueblo de Tambo contra el proyecto de megaminería Tía María que días previos se había iniciado y que rápidamente puso en jaque al Gobierno ya que este, de manera inconsulta y haciendo oídos sordos al mayoritario rechazo popular, aprobó la licencia de construcción a dicho proyecto ganándose así el repudio social. Por esa razón y por la forma como las empresas mineras vienen operando en el país con la venia del Estado, otros conflictos empezaron a manifestarse en la macro región sur como el protagonizado por el pueblo de Moquegua contra la minera Quellaveco o el de las comunidades campesinas ubicadas en el denominado corredor minero que abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa.

El presidente Martín Vizcarra, amparado en el enorme desprestigio del Parlamento de mayoría fujimorista, sustentó su propuesta de adelanto de elecciones para el 2020 argumentando que el congreso tenía un carácter obstruccionista y por tanto no le permitían implementar sus medidas de reforma política aprobadas en el referéndum de diciembre del 2018, las cuales en su momento fueron ofrecidas a la población como la única opción viable para salir de la crisis. Vizcarra olvidó decir que en lo que va de su mandato y durante el tiempo que duró el gobierno de PPK, el fujimorismo siempre cerró filas con él y con su antecesor en materia económica y laboral, por esa razón los proyectos de presupuesto público presentados todos los años por el ejecutivo, siempre fueron refrendados con el voto obsecuente de la mayoría fujimorista en el Congreso. Y si esto fue posible es porque tanto al fujimorismo liderado por Keiko, así como al sector encabezado por Martín Vizcarra los une el cordón umbilical del modelo neoliberal.

Es por esa razón que horas antes de anunciar su propuesta de adelanto de elecciones, el presidente Vizcarra no tuvo mejor idea que aprobar el Plan Nacional de Competitividad y Productividad que, en líneas generales, busca precarizar aún más el trabajo y facilitar la privatización de los recursos naturales y los servicios públicos a través de la modalidad denominada Asociación Público Privada APP, que es una forma encubierta para implementar nuevas privatizaciones y concesiones al gran capital. Esta estrategia pro empresarial del Gobierno se da como respuesta al impacto de la crisis económica internacional que ya se expresa en el Perú a través de la reducción del crecimiento que ha generado aumento del desempleo, mayor inflación e incremento de los índices de pobreza en diversas regiones que anteriormente se vieron beneficiadas por los buenos precios de las materias primas en el mercado internacional.

Por ello, para el Gobierno y los empresarios, es muy importante acallar la protesta social sacando del escenario los temas económicos (como las nuevas concesiones a las grandes mineras o los recortes de derechos laborales) ya que de esa manera podrían profundizar su política de ajuste contra el pueblo y los trabajadores. Por eso apelan a la figura de adelanto de elecciones, para lograr un nuevo consenso que termine desviando el descontento social que empieza a emerger en sectores como los campesinos de la región macro sur y en las comunidades afectadas por los mega proyectos mineros. Si lo logran, la atención del pueblo ya no se centraría en las iniciativas del ejecutivo sino en las promesas de campaña y en las expectativas que siempre genera un cambio de Gobierno.

La respuesta del fujimorismo

Sin embargo y más allá del carácter cosmético de esta medida, al fujimorismo enquistado en el parlamento no le ha gustado nada, ya que ante un eventual adelanto de elecciones, esta fuerza política saldría muy diezmada, como bien lo demuestran muchas de las cifras vertidas por empresas encuestadoras que evidencian el alto rechazo que tienen los seguidores de Keiko Fujimori en el parlamento.

Es en función de este razonamiento que los congresistas fujimoristas, aliados a los congresistas del APRA y a otros sectores auto denominados independientes - todos ellos unidos por el temor a perder su permanencia en el parlamento - han venido realizando todo cuanto esté a su alcance para evitar que se concrete la iniciativa de adelanto de elecciones. Por ello hasta ahora no han sometido a debate la propuesta presentada por Vizcarra e incluso han dejado circular el rumor de promover la vacancia presidencial, además de volver a copar la mayoría de comisiones parlamentarias e imponer una mesa directiva absolutamente servil encabezada por el congresista Pedro Olaechea desde donde le hacen la guerra al presidente de la República. Todos estos hechos han llevado a que el rechazo al parlamento en general y al fujimorismo en particular vuelva a manifestarse con mucha fuerza, sobre todo en sectores urbanos provenientes de las clases medias, lo cual viene siendo utilizado por el ejecutivo y sus aliados para pasar a la ofensiva.

Cabe mencionar que las diferencias entre el fujimorismo liderado por Keiko Fujimori y el sector encabezado por Martín Vizcarra, si bien son de forma y se expresan en la lucha por quien controla el aparato del Estado para ponerlo al servicio de los grandes capitales, a la fecha han alcanzado ribetes antagónicos, ya que el fujimorismo es consiente que sus últimas cartas para liberar a su líder y tentar la posibilidad de volver a pelear las presidenciales en las próximas elecciones se las juega desde el parlamento, mientras que el presidente Vizcarra es consiente también que gran parte de su popularidad se la debe a su supuesta lucha contra el fujimorismo. Por eso, la disputa entre estos dos poderes del Estado lleva a que algunos sectores interesados en distorsionar la naturaleza de la crisis terminen naturalizando la idea de que hoy la lucha este entre malos (fujimoristas) vs buenos (gobierno), lo cual ayuda a ocultar las verdaderas razones de la crisis orgánica, la misma que tiene que ver con el hecho que las diversas instituciones del Estado y los partidos políticos han perdido legitimidad al haberse convertido en intermediarios de los intereses de los empresarios.

Unir las luchas para parar las políticas de ajuste

De esta manera, los operadores políticos del Gobierno buscan construir una falsa polarización entre el fujimorismo y el anti fujimorismo, mostrándola como el problema medular del país, para así sacar de la discusión todo cuestionamiento a las políticas económicas del ejecutivo que benefician, como ya vimos, a los grandes empresarios. Vizcarra cuenta para ello con el apoyo tácito de la burocracia sindical, los partidos de la izquierda reformista y neo reformista y diversas ONGs, quienes utilizan la justa indignación popular contra los poderes del Estado, para instrumentalizar esta estrategia de desvió de la movilización social. Bajo el argumento de que con el adelanto de elecciones se irán todos, estos sectores vienen construyendo un discurso orientado a centrar todas las fuerzas en el adelanto de elecciones, con lo cual oxigenan al Gobierno y fundamentalmente evitan que los trabajadores y el pueblo se organicen para enfrentar las medidas de ajuste del ejecutivo, el cual tiene un carácter marcadamente pro empresarial.

Sin embargo y como lo mencionamos al inicio de esta nota, Vizcarra no la tendrá del todo fácil ya que como consecuencia de la profundización de la desaceleración económica, van surgiendo nuevos conflictos sociales, algunos de ellos muy contundentes como el de Tambo e Islay, que obligan a que el Gobierno se saque la careta de progresista y termine apelando a la represión y a la criminalización de la protesta. Estas nuevas luchas sociales abren la posibilidad para que se pueda construir una salida verdaderamente independiente y sostenida en la lucha y la auto organización de los trabajadores y el pueblo. Para avanzar en ese camino es muy importante unir las diversas luchas que van surgiendo como la de los campesinos de los valles afectados por la actividad minera y los trabajadores mineros, por ejemplo, creando así espacios de articulación macro regional y nacional que nos permitan avanzar hacia la posibilidad de implementar un Plan de lucha Nacional que contemple la realización de un Paro Nacional obrero, campesino y popular contra las políticas de ajuste del Gobierno.