Aborto no punible. Alcances e implicancias del nuevo protocolo de aborto no punible

Bajo la resolución 1/2019, el Boletín Oficial de este viernes publicó finalmente el nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), cuya actualización había sido vetada por el saliente Mauricio Macri.

Como advirtió este jueves el ministro de Salud, Ginés González García, la actualización incorpora algunos cambios a la versión original, elaborada por el ex secretario Adolfo Rubinstein.

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Según declaraciones de Ginés González García, el material actualizado incorpora "pequeños cambios técnicos" y es "un poquito más flexible" en cuanto a la objeción de conciencia individual, aunque mantiene que ésta objeción no es aplicable al conjunto de la institución, que debe garantizar la práctica ante la sola solicitud de la persona gestante, sin requerimiento de judicialización o de cualquier otro tipo.

Frente a las constantes trabas impuestas por autoridades judiciales, médicas y hasta ejecutivas -provinciales y nacionales-, así como por la presión de los grupos antiderechos, el material reconoce el derecho a acceder a la salud sexual y reproductiva y contempla la interrupción del embarazo como uno de ellos.

Al respecto, el texto recuerda que el acceso a este derecho está garantizado en el marco jurídico argentino por la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos, el Código Penal de 1921, el Código Civil y Comercial reformado en 2015, el Fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, que también orienta el accionar de los equipos de salud con estándares para el acceso a la interrupción del embarazo. También por la Organización Mundial de la Salud, que rige la política sanitaria a nivel internacional y actualiza periódicamente la guía de atención del aborto.

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"Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo –dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)– y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral", sostiene en su nota introductoria el nuevo ministro de Salud.

Pese a ello, en la conferencia de prensa que brindó este jueves en el restituído ministerio, el funcionario advirtió que "naturalmente, en un país federal, depende de que adhieran las provincias". "Ya hay muchas que están adheridas, pero lamentablemente algunas provincias grandes, como Buenos Aires, por ejemplo, no aprobaron el protocolo", dijo.

La advertencia no es menor. Según un estudio realizado por Economía Feminista, en la actualidad hay 11 provincias que adhieren al Protocolo nacional, 6 que tienen sus propios protocolos (algunos más amplias que el Nacional, y otros más restrictivas) y 7 que no directamente no tienen ni protocolo ni una normativa propia. En éstos casos, aunque rige como en todo el país el Código Penal, que en su artículo 86 establece las causales de no punibilidad del aborto, no se garantiza desde el Estado la guía para el procedimiento. Esas provincias son Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca.

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Sin dudas, la publicación de esta guía, que ya va por su cuarta actualización, es un paso básico y elemental para garantizar derechos que a las mujeres nos corresponden, al menos según la ley, desde hace casi cien años. Su aplicación obligatoria, en todo el sistema de salud y en todo el territorio nacional, también debe ser un derecho que el Estado garantice. De lo contrario, casos como el de la joven Belén, que fue presa por sufrir un aborto espontáneo en la provincia de Tucumán, que gobierna el peronista Juan Manzur; o el de la niña de 11 años obligada a parir en Jujuy, que gobierna el radical Gerardo Motales (Cambiemos), podrán seguir siendo moneda corriente, aún con protocolo nacional.

Habrá que ver, por eso, cómo funcionará este Protocolo en las provincias que tienen sus propias adaptaciones y en aquellas que se niegan a aplicarlos por cuestiones "morales", "religiosas" y hasta "personales" de los gobiernos de turno. La mirada atenta del movimiento de mujeres, que instaló en las calles estos reclamos, que arrancó de la cárcel a la joven tucumana o puso en agenda que se trata de "niñas y no madres", será clave.

Según datos oficiales, en Argentina se realizan 354.627 abortos al año. 29 mil por mes. 985 por día. 41 abortos por hora. "Son 487.695 desde que el Senado rechazó la Ley el 8 de agosto de 2018 y serán 98.500 al finalizar los primeros 100 días de un nuevo gobierno", advierten desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.

La organización, que ya va por la octava presentación en el Congreso -en 14 años consecutivos- de su proyecto de legalización del aborto, realizó recientemente su "plenaria nacional", donde sus integrantes decidieron fortalecer la presencia en las provincias e insistir con el proyecto.

Por su parte, aunque no especificó si alcance, el ministro de Salud Ginés González García, con quien trascendió que algunas de sus integrantes se reunieron ayer, en un encuentro del que participó también la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, reconfirmó que el nuevo gobierno enviará un proyecto propio relativo al aborto, para su debate, nuevamente, en el Congreso Nacional.

Protocolo ILE actualizado - Ministerio de Salud (Ginés González García) by La Izquierda Diario on Scribd