Nacional. Se recalienta la pelea entre el gobierno y el “Partido Judicial”

El gobierno busca marcar agenda, fortalecido por el fallo de Daniel Rafecas, el fiscal que desestimó la denuncia del magistrado Gerardo Pollicita por la cual había quedado imputada la presidenta. Pero no sólo intentan con esta solicitada limpiar la imagen de la primer mandataria sino seguir apuntando contra un sector del “partido judicial”, a quien acusa de “desestabilizador”, el que protagonizó la masiva concentración del 18F en homenaje a Alberto Nisman.

Los dardos contra Ricardo Lorenzetti en el Congreso ya habían marcado el inicio de la embestida. Pero como analizamos en Izquierda Diario el contragolpe tampoco se hizo esperar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia contestó públicamente a la presidenta aprovechando la apertura del año judicial. En su discurso, reivindicado por todos los partidos tradicionales de la oposición, defendió la actuación de la Corte Suprema en la causa por el atentado a la Embajada de Israel dándola como “cosa juzgada”. La presidenta había acusado a ese máximo tribunal de que no había resultados de la investigación ni condenados. A la solicitada matutina del Poder Ejecutivo el sector del “partido judicial” que protagonizó el 18 F le contestó todavía más rápido. Por la tarde se conoció que Pollicita apeló directamente el fallo Rafecas y de esa manera solicitó, en base a lo que llamó "una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional, como la presentada por el Dr. Nisman”, la intervención de la Cámara Federal, para que revoque la decisión de Rafecas y se ordene iniciar una investigación penal. Todo el arco político opositor cuestionó duramente la solicitada.

La sumatoria de hechos de uno y otro bando es una muestra patente de que continúa el enfrentamiento abierto entre el gobierno y un sector de la casta judicial. La herida está abierta y, como hemos dicho, lo que está en juego, para el "partido judicial", los partidos tradicionales de la oposición y sus aliados en los medios de comunicación, es avanzar en la “guerra de desgaste” contra el gobierno. Según puede leerse en el diario La Nación, en la columna de Joaquín Morales Solá, en próximos días saldría el informe de los peritos de la ex mujer de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, que supuestamente destacaría que el fiscal no se habría suicidado. Además no puede descartarse, en este contexto, que la “corporación judicial” vuelva a darle aire a las causas de corrupción que involucran al gobierno. El testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, acaba de ser citado por el juez federal Sebastián Casanello a prestar declaración indagatoria, por la reformulación de la deuda pública que hizo la compañía "The Old Fund", controlante de la ex Ciccone Calcográfica. Pero no sólo apuntan contra un vicepresidente ya muy desgastado sino que la propia familia Kirchner está en la mira por la investigación judicial de las propiedades en Santa Cruz, Hotesur-Alto Calafate, sospechada por lavado de dinero de la corrupción y enriquecimiento ilícito.

El telón de fondo de la pelea abierta es que la acusación del fiscal Nisman y las circunstancias aún no aclaradas de su muerte, hicieron saltar una crisis de Estado que desprestigia al gobierno, mientras desnuda los oscuros lazos del oficialismo, la oposición patronal y toda la “casta judicial” con esa cloaca que son los servicios de inteligencia.

El Frente de Izquierda y organizaciones de familiares de las víctimas de la AMIA como APEMIA vienen denunciando que tanto el oficialismo como los políticos patronales han sido cómplices de encubrimiento en las causas de la Embajada de Israel y la AMIA temerosos de que la conexión local quedara al desnudo. A modo de ejemplo, Laura Ginsberg viene denunciando que tanto el menemismo, el gobierno de la Alianza y el kirchnerismo ocultaron en la causa AMIA “las responsabilidades del Estado no solo en la investigación, también de la comisión misma del delito". En el pasado reciente unos y otros compartieron el dictamen de Nisman de 2006 contra Irán, el kirchnerismo primero que nadie, como reconoció CFK, haciendo suyas las banderas del fiscal que elaboró un fallo en base a información dictada por los servicios de inteligencia de la CIA y la Mossad. Con su último discurso en la Asamblea Legislativa Cristina Kirchner agrega un nuevo frente de tormenta involucrándose en el complicado escenario internacional al decir que le llamó “poderosamente la atención” “por qué el Estado de Israel reclama por la AMIA y no por la voladura de su propia embajada”. La acusación a Israel y la insistente reivindicación del memorándum de entendimiento con Irán por parte del oficialismo en la solicitada llega en momentos en que el presidente de EE.UU. Barak Obama busca un mayor entendimiento con el país persa y Nietanyahu aprovecha el Congreso norteamericano para apuntar contra Teherán y contestarle, de pasada, a la presidenta argentina que Irán es responsable de los dos atentados ya que según dijo "voló el centro de la comunidad judía y la embajada israelí en Buenos Aires".

Tanto el gobierno con su discurso contra el “partido judicial”, como la oposición de los partidos tradicionales y la casta judicial son parte de un régimen que al calor de la crisis Nisman desnudó toda su podredumbre. La justicia para las víctimas del atentado a la Embajada y a la AMIA no vendrá de quienes estuvieron implicados en políticas de impunidad que señalan como encubridores a los tres poderes del Estado y a todos los gobiernos desde 1992 a la actualidad.

El Frente de Izquierda no marchó el 18F ni el 1M: defiende una bandera independiente de todos los bandos capitalistas. El 24 de marzo es nuestra marcha. El PTS en el FIT convoca a movilizar junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para levantar, además de las consignas históricas de juicio y castigo a los genocidas, la apertura de los archivos de la SIDE y todos los servicios de inteligencia, una comisión investigadora independiente para descubrir la verdad sobre el atentado de la AMIA y la muerte de Nisman; que se vaya el genocida Milani hoy al frente del aparato de Inteligencia al que apuesta el gobierno, la elección popular de jueces y fiscales que sean revocables y cobren un salario igual al de una maestra, contra el ajuste y la represión. El 24 ganemos las calles contra la impunidad y el espionaje.