El decano de los jueces presentó ayer su renuncia, que se hará efectiva el 11 de diciembre. Ahora la casta que dice qué es y qué no es justo en el país está compuesta por tres personas.
Miércoles 16 de septiembre de 2015
El juez Carlos Fayt, de 97 años, había sido eje de una fuerte polémica con el Gobierno en los últimos meses, ya que la Casa Rosada había reclamado su alejamiento del cargo entre otras razones por su edad.
Fayt anunció su renuncia ayer mediante una carta de dos párrafos dirigida a Cristina Fernández, y al mismo tiempo comunicó su decisión a sus colegas de la Corte.
“Tengo el agrado de dirigirme a la señora Presidenta de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia con efectos a partir del 11 de diciembre del corriente año”, expresó. El segundo párrafo de la misiva es formal: “Saludo a la Señora Presidenta con las expresiones de mi consideración más distinguida”.
La decisión tomó por sorpresa al resto de los jueces de la Corte e, incluso, al propio abogado de Fayt, Jorge Rizzo, que confió que un grupo de “amigos” le había sugerido que era el momento de dar un paso al costado pero que no sabían que fuera a renunciar hoy.
El Centro de Información Judicial, portal informativo de la Corte, adelantó que Fayt “continuará trabajando normalmente hasta la fecha en que se haga efectiva la renuncia” y que “los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda recibieron la decisión y, en un emotivo acto, reconocieron al Doctor Fayt por su trayectoria”.
Quedan tres
Con la aún pendiente resolución del reemplazante de Eugenio Zaffaroni, ahora la Corte Suprema de Justicia quedará reducida a tres miembros: Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti.
Así, la decisión “suprema” de qué es justo y qué no en Argentina queda en manos de un trío de magistrados cuyas sentencias adquieren, constitucionalmente hablando, un carcater de verdad casi incuesionable.
Como lo expresó La Izquierda Diario en medio de la polémica de hace algunos meses, la Corte Suprema (aún la “renovada” por el kirchnerismo) es el fiel reflejo de una casta institucional sostenida por un régimen antidemocrático y oligárquico, heredado de los golpes de Estado que se han sucedido desde 1930, funcional a su vez a una democracia burguesa degradada por el sometimiento nacional y la impunidad de los genocidas y sus cómplices capitalistas.
Pasados doce años de gobiernos kirchneristas, jueces y fiscales conservan los privilegios de los que gozaron en los años menemistas. Sus ingresos alcanzan montos que oscilan entre los 80 y 120 mil pesos, hallándose eximidos de pagar el impuesto a las Ganancias que pagan millones de trabajadores.
En aras de la “independencia” del poder judicial, los mismos son intangibles. Sus puestos en la estructura del poder judicial son vitalicios. Se trata, en el sentido más estricto del término, de una casta que goza de enormes privilegios materiales y, por ende, simbólicos, lo que le otorga una enorme gravitación en la vida política y social.
Históricamente la Corte ha jugado una suerte de rol de árbitro en última instancia, a favor del poder real de turno, llegando incluso a conferir legitimidad a acciones como el golpe militar de 1930 contra Hipólito Yrigoyen. Ese enorme poder, que se mantuvo por décadas, no fue alterado bajo el kirchnerismo, sino que estuvo en reserva.
Karl Marx, de cuyo nacimiento se cumplieron 197 años hace dos días, definió al Estado moderno como el comité de asuntos comunes al servicio de la clase capitalista. Luego de la experiencia revolucionaria de la Comuna de París (1871) señalará que una de las grandes transformaciones que operó esa experiencia fue la liquidación de todo tipo de privilegios para los funcionarios públicos. Los representantes elegidos para la Comuna eran revocables y ganaban el mismo salario que cualquier trabajador, ya que habían sido elegidos en el seno del mismo pueblo.
Cualquier transformación seria de la estructura de casta de la actual justicia, debería tener como primer paso abolir ese conjunto de privilegios. Eso liquidaría el poder del que actualmente gozan fiscales y jueces. Y de esa manera no existiría polémica alguna alrededor del supuesto debilitamiento de la "Justicia" por la renuncia de un juez de 97 años.
