Subcontratación continúa. Secretaría del Trabajo otorga registro a 100 mil empresas de outsourcing

No hay un dato exacto de cuántas empresas de outsourcing existían antes del decreto de la reforma lopezobradorista en materia de subcontratación. Previo a ella, en enero de 2020, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señalaba que había aproximadamente 6 mil empresas que abusaban de este esquema, lo que representaba una evasión fiscal de 21 mil millones de pesos anuales. Por su parte, el Senador por Morena y líder minero, Napoleón Gómez Urrutia cuestionaba el dato de Alcalde; según su estimado, la evasión ascendía a 500 mil millones de pesos anuales.

Como lo analizamos en su momento, para el gobierno de la 4T una de las preocupaciones principales de la subcontratación era la evasión fiscal ya que han estado ávidos de recursos para reorientar el gasto público a sus programas y proyectos; por su parte, los empresarios buscaban mantener el esquema que les permitía expropiar prestaciones y parte del salario a sus trabajadores; los únicos que exigían se acabara por completo con la subcontratación fueron las y los trabajadores.

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El resultado de estas disputas fue el siguiente. El gobierno logró poner una restricción a la subcontratación (la ilegal, según su clasificación), se permitiría si dichas empresas acreditaban ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ser un servicio especializado; los empresarios aceptaron, pero bajo la condición de ponerle un tope al reparto de utilidades a 3 meses cuando más. Para legitimar la reforma ante la población trabajadora se "invitó" a las cúpulas del sindicalismo propatronal (CROM, CROC, CTM, etc.) e incluso a la UNT -que se reclama democrática- para que la aprobaran y así se presentó como un acuerdo tripartito.

Las dependencias públicas podrán seguir recurriendo al outsourcing si de servicios de limpieza se trata pues no son actividades preponderantes, sino un servicio especializado. En cambio, la llantera General Tire, quien recurrió al esquema en 2003 (mucho antes que se legalizara con las reformas laborales de Felipe Calderón en 2012), tuvo que contratar de forma directa a su personal en julio del año pasado pues en su caso sí eran actividades preponderantes.

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En la manufactura de exportación se ha reducido considerablemente la subcontratación, de emplear a medio millón de trabajadores bajo este esquema, tras la reforma se redujo a 70 mil. El cambio no se ha traducido en el aumento sustantivo del salario, la disparidad con EEUU sigue siendo la misma: 2.9 dólares la hora en México contra 23.8 en EEUU. [1]

La tercerización del trabajo es una tendencia interna del capitalismo, con el toyotismo se hizo posible la mayor fragmentación productiva que crea una cadena de suministros conectadas en red para la elaboración de los productos finales. Sin embargo, en términos contractuales es posible que dentro de los marcos del capitalismo las luchas de las y los trabajadores logren mejoras que impidan les expropien parte de su salario o tengan derecho a la sindicalización; cosa que obstaculiza el outsourcing.

Al día de hoy, la STPS ha otorgado el registro a 108 mil 350 empresas de outsourcing según se puede apreciar en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE). Claramente se ve que la reforma no pretendía acabar con el esquema, sino recaudar impuestos.

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Sería una ingenuidad suponer que con la reforma las más agresivas empresas desaparecieron, lo más probable es que se hayan adaptado y tuvieron que hacerse visibles. Así, con semejante número de outsourceras, por un lado, se puede apreciar la verdadera dimensión del problema que se tenía, los datos oficiales decían que había 5 millones de trabajadores afectados por el outsourcing, pero los extraoficiales indicaban 8 millones.

Por otro lado, la nueva reforma podría estar incentivando a la creación de empresas de outsourcing de servicios especializados como "área de oportunidades", aunque también significa un golpe para las Pymes que ya ofrecían servicios especializados y ahora tendrán que destinar recursos para poder obtener su registro ante la STPS. Otro tanto ocurre con personas físicas que han denunciado que el REPSE se les está pidiendo como requisito para ofrecer servicios profesionales en las dependencias públicas.

La reforma en materia de subcontratación que impulsó el gobierno está llena de sinsabores para la clase trabajadora ya que no responde a sus intereses (aumento salarial significativo y sindicalización-organización política), por más que se repita la mediocre perorata de "es lo mejor que se puede hacer", pues si se acaba con la subcontratación, el país se va a la quiebra -como suele decir la socialdemocracia-. Semejante chantaje argumental es un clásico de las clases dominantes:

¡Después de mí, el diluvio!