Las agresiones al personal médico han llegado a Chiapas, otro estado que se suma a la lista de los que no tienen las condiciones laborales necesarias para la protección del personal y el material indispensable para sobrellevar la pandemia del COVID-19.
Emilia Macías @EmiliaMacas1
Martes 16 de junio de 2020
En la madrugada del 11 de junio, un grupo de personas con palos y piedras, entró al hospital básico comunitario del municipio de Villa de las Rosas (Chiapas). Destruyeron el mobiliario del hospital.
No se sabe si la agresión al personal médico (caso que se ha repetido en diferentes municipios de Chiapas), es debido a la poca información sobre el COVID-19 o por otro motivo.
En el municipio Las Margaritas, familiares de una persona que fue diagnosticada con COVID-19 y murió, golpearon al director del hospital de la localidad, reclamando no haber atendido bien al paciente.
Hay más casos de estas agresiones: hubo ataques a tres hospitales, dos se encuentran cerrados. En diferentes municipios de Chiapas como San Juan Chamula, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa y Oxchuc hay riesgo de nuevas agresiones, según la secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), María de Jesús Espinosa de los Santos.
La gente acusa al personal médico de “matar a los pacientes” porque no ha habido suficiente información de la enfermedad y sus consecuencias para todas las regiones chiapanecas, ni de acuerdo al idioma.
Pero no es el único problema por el que tienen que pasar
Es bien sabido que la falta de equipo de protección para atender a pacientes enfermos de COVID-19 es un problema grave no sólo en Chiapas, sino en todos los estados.
En entrevista a otro medio de comunicación, Espinosa explica que el 60% del material que usa el personal sanitario como caretas, trajes, batas, guantes y cubrebocas, viene de donaciones de la sociedad civil, ya que, a más de 100 días del inicio de la pandemia, el gobierno estatal sigue sin proveer suministros de protección de calidad y cantidad suficiente.
La líder sindical ha contado el número de trabajadores que se han enfermado debido a que muchos de ellos (de contratos eventuales o de confianza) no acceden a servicios médicos “Entonces nosotros hemos tenido que buscarles medicamentos, que buscarles hospitalización”. Han llegado a la cuenta de 622 contagiados, 10 de ellos ya fallecieron.
Los casos oficialmente reconocidos son 218, lo cual contrasta muchísimo con el dato real. En vez de tratar al personal que ha presentado síntomas y hacer pruebas, los mandan a casa a “recuperarse”.
El gobierno no ha cubierto los recursos necesarios para enfrentar la pandemia
Además de esto, la representante de los trabajadores cuestionó el destino de los 1,500 millones de pesos que el gobierno envió a Chiapas para atender la pandemia, mientras que, en vez de habilitar hospitales existentes rentó lugares como el Poliforum Mesoamericano, un espacio de eventos y fiestas, por el que se pagan 250 mil pesos mensuales de renta.
Un espacio que ni siquiera tiene baños adecuados para los pacientes y el personal, y hay deficiencias con el sistema para la distribución de oxígeno y ventilación hospitalaria.
A pesar de que el gobierno ha declarado semáforo naranja, los contagios se siguen incrementando en todo el país.
Respecto a las agresiones a los médicos, esto es el resultado de la política de las autoridades, que no han garantizado que llegue la información a las comunidades, pero, especialmente, porque faltan los recursos necesarios para sobrellevar esta pandemia y el personal sanitario se ve rebasado por la situación.
El gobierno hipócritamente pinta de héroes al personal médico por exponerse al virus para salvar vidas, mientras que es el responsable de la precarización que lleva al contagio de los médicos. Ellos están en la primera línea, y no sólo se exponen, sino que lo hacen con escaso material de protección.
Es urgente aumentar el presupuesto en salud, el destino a los recursos de material de protección al personal médico, la habilitación y equipamiento de los hospitales existentes, en vez de rentar salones de fiestas, y lo necesario para poder atender y salvar a la gente contagiada.
Esto por medio del impuesto a las grandes riquezas, quienes siguen enriqueciéndose a costa de la vida de las y los trabajadores, no sólo por la exposición del virus, sino también por los despidos, la reducción de salarios y aún más precarización laboral.
Que la crisis la paguen quienes la provocaron.