Se trata de una resolución que reglamenta la modalidad de tutorías en los CENS, lo cual reduce las horas de trabajo en las aulas y ataca el proceso de aprendizaje. Además borra de un plumazo los bachilleratos para mayores de 18.
Miércoles 21 de febrero de 2018
Hace años que la secundaria para adultos es una de las modalidades que menos recursos recibe por parte del Estado. Los profesores y maestros en su mayoría son provisionales y suplentes porque desde 2002 no hay titularizaciones. Con la reforma que quiere implementar el macrismo, acompañada de cierres de cursos, muchos quedarían sin trabajo.
Desde diciembre que la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) comunicó que los CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario), según la Resolución 1657/17, pasarían a una modalidad semipresencial que implica que los estudiantes dejen de cursar obligatoriamente cinco días a la semana para pasar a hacerlo solo tres, disponiendo que el resto de las horas se conviertan en tutorías (ya ha habido experiencias similares durante el kirchnerismo, que posteriormente fueron cerradas dejando a la deriva a los docentes que trabajaban en ellas y a los estudiantes que cursaban en la modalidad). La citada Resolución va en contra de la calidad educativa y explicita que los BAO (Bachilleratos de Adultos dependientes de Secundaria) y BAOT (Bachilleratos de Adultos con Orientación Técnica, dependientes de Secundaria Técnica) sean reemplazados por bachilleratos juveniles con menor carga horaria que significa dejar sin horas cátedras a cientos de trabajadores.
Las tutorías en los CENS se suman a otras formas de flexibilidad en la enseñanza de adultos como lo son los Planes Fines en los que los docentes no reciben ni el pago de aguinaldo ni de vacaciones, donde no tienen permitido tomar licencia y en los que la actividad laboral debe renovarse cada cuatro meses presentando proyectos.
Las condiciones de cursada en esta modalidad están atravesadas por diversas problemáticas que atraviesan los estudiantes, muchos de los cuales durante el día ponen el cuerpo en la fábrica o están desocupados, y son sostén de familia. No obstante, la decisión política del Gobierno, lejos de buscar una solución que incluya a la comunidad educativa, es la de quitar aún más recursos a la educación de adultos y precarizar el trabajo docente.
Esta situación se desarrolla en un escenario en el que el Gobierno toma medidas que tienen como objetivo vaciar la educación pública y empobrecer las condiciones de vida de los trabajadores de la educación: la negativa abrir las paritarias y la intención de imponer un 15 % de “aumento” que de concretarse estaría muy por debajo de la canasta familiar; el cese por oficio a los docentes que tienen más de 60 años y 30 de servicio; la política de cierre de cursos en todas las modalidades; el vaciamiento de IOMA y del IPS; miles de ceses a docentes sin título habilitante que no pueden siquiera terminar el tramo o la carrera por falta de vacantes en los terciarios destinados a tal fin (muchos de los cuales han cerrado o se encuentran desbordados); solo por nombrar algunas medidas.
Tanto Vidal como Macri saben de la debilidad política que llevan sobre sus espaldas luego de las jornadas de diciembre. En este sentido, los trabajadores de la educación, tenemos que organizarnos en las escuelas, además de movilizarnos en las calles para enfrentar el ajuste. Desde la Corriente Marrón-9 de Abril participaremos en la movilización de este miércoles 21 con la exigencia de plan de lucha y paro nacional, marchando en una columna independiente junto al sindicalismo combativo y sectores que están enfrentando el ajuste.
Es imperioso demandar que las conducciones sindicales se pongan a la cabeza de esta pelea, convocando a asambleas y a un Congreso provincial de delegados con mandato para que los docentes podamos votar un plan de lucha en serio que le tuerza el brazo al gobierno, sumando a los estudiantes y a toda la comunidad en defensa de la educación pública.
