Apagones y boletazos. ¿Seguir concesionando el abuso o nacionalización del servicio eléctrico?

Ya se cumplió una semana desde el temporal que azotó la zona centro-sur del país, y hay todavía más de 58 mil hogares sin servicio de energía eléctrica solo en la región Metropolitana en la estimación baja, donde otras fuentes hablan de 100 mil hogares, la mayoría en comunas y barrios de trabajadores como Lampa, Colina, Maipú, Quilicura y Pudahuel, donde ayer en la noche hubo nuevamente protestas, cacerolazos y hasta barricadas exigiendo la reposición del servicio, el enojo incluso hasta se hizo sentir en comunas del barrio alto como Las Condes y La Reina.

Protestas contra un servicio que además de caro, que ahora con el nuevo boletazo que acordaron las eléctricas con el gobierno, subieron en promedio un 40% las cuentas de la luz, dan cuenta además de un servicio que no da garantías a las familias usuarias del sistema, pues las empresas no reinvierten en el servicio para mejorarlo. Cuando pasa un evento "inusual", aunque propio del cambio climático, revelan el precario equilibrio técnico sobre el que las empresas aseguran grandes ganancias sobre servicios precarios que no les interesa mejorar.

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Es que para las empresas eléctricas es un negocio de ganar o ganar, no les interesa el servicio, donde el Estado de Chile desde la dictadura y mantenido por cada gobierno, les asegura como base una rentabilidad piso del 10%, en un monopolio que es natural, sin competidores. Solo para hacernos una idea de sus ganancias, la empresa ENEL para junio de 2023 reportó utilidades por $113.743 millones y para junio de 2024 alcanzó los $250.824 millones, un alza de un 120%, según informó el mismo Diario Financiero con cifras de Bloombergy Fundación Sol.

Grupo ENEL tuvo ganancias por 151 millones de dólares el primer trimestre del 2024.
Las AFP invierten más de 1.163 millones de dólares en el grupo ENEL.
¿Y las familias? llevan días sin luz.
El sistema energético debe ser nacionalizado y gestionado por trabajadores y comunidades

— Dauno Totoro (@DaunoTotoro) August 5, 2024

Ante el descontento popular, el gobierno trata de sacar la voz para que las empresas eléctricas apuren la reposición del servicio, incluso amenazando con quitarle la concesión a ENEL. Un verdadero bluff de un gobierno que se hizo rápidamente adicto al consenso neoliberal de los 30 años y que difícilmente se atrevería a romper, como ha demostrado toda su administración. “Le he solicitado a nuestro ministro de Energía, Diego Pardow, evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar la concesión de la empresa Enel", señaló ayer Boric enfático en conferencia de prensa.

“Respecto del proceso de caducidad, lo que nos instruyó el Presidente fue a estudiar este proceso de caducidad, pero no estudiar si se empieza, estudiar cómo se empieza”, se apresuró a suavizar el ministro de energía Pardow ante la Comisión de Minería y Energía en el Congreso. Aclarando que el gobierno está lejos de querer quitarle la concesión a esta mega corporación italiana, pasarán multas a las empresas a través de la Superintendencia de Energía y Combustibles SEC. Estas multas serán totalmente irrisorias respecto al nivel de ganancias de estas empresas: hasta ahora ascienden a 60.000 UTM, cerca de 4.000 millones de pesos en dos multas, para una empresa que gana más de 1.300 millones de pesos diarios.

El gobierno espera con este ultimátum que la empresa cumpla con el nuevo plan de recuperación presentado, que considera la conexión de 20.000 clientes durante la jornada de este jueves, habrá que ver con qué celeridad la empresa cumpla esto, que ya estos últimos días ha hecho oídos sordos del gobierno.

Una respuesta neoliberal al problema

El gobierno trata de poner los puntos sobre las íes, pero la empresa no tiene ningún apuro, ¿y por qué habría que hacerlo? Los contratos con el Estado que aseguran la concesión de estas multinacionales sobre los servicios básicos son de los pilares más duros de la herencia de la dictadura. Tan así, que sirvieron de modelos para que muchos países durante los noventa comenzarán a matar sus servicios públicos, traspasándolos a manos privadas en nombre del sacrosanto mercado.

También están las otras salidas, o complementarias, como las demandas colectivas, compensación a clientes, etc. Todas medidas que, aunque ahora pueden ser alivios momentáneos para las familias, al menos en el caso mínimo que no se les cobre la boleta del mes, no son ni por lejos una solución al problema más de conjunto. Ya se demuestra que no hay capacidad para hacer frente a las dificultades de la generación y la distribución de la energía eléctrica.

Hoy más que nunca es necesario oponer otra salida al modelo subsidiario que ofrece el Estado y los gobiernos que lo administran frente a los problemas que genera la concesión de nuestros servicios básicos en manos de mega corporaciones. La población, y más en particular, las familias trabajadoras, están lejos de ser una prioridad para estas empresas, las cuales llegan al país a saquear nuestros bolsillos con la complicidad del Estado de Chile. Para este gobierno el "mejor" de los casos sería que llegue otra concesionaria multinacional y haga exactamente lo mismo.

¡Por eso decimos: basta de alzas y abusos! Empresas que ganan billones con nuestros servicios básicos, como hoy se ve con el servicio eléctrico. Es necesaria la nacionalización de las empresas eléctricas bajo control de trabajadores y técnicos especialistas, para garantizar que este servicio esencial esté en función de las grandes mayorías y no del lucro empresarial, que solo favorece a unos pocos a costa de los bolsillos de las familias trabajadoras y el pueblo.

Sin embargo, para esto las y los trabajadores tienen que salir a escena. La gestión de las empresas y servicios básicos pueden ser puestas bajo el control de sus trabajadores, en conjunto con las comunidades de los lugares donde se genera la energía, sin megacorporaciones extranjeras que intermedian y lucran con un servicio que podemos administrar nosotras y nosotros mismos, acordando democráticamente cuál será la gestión del servicio, si en beneficio de la ganancia o de la calidad del servicio para las grandes mayorías usuarias de toda la red eléctrica del país.