Así lo aseguró el fiscal del Ministerio Público de la Acusación el miércoles en el marco del informe de su gestión que brindó en el Salón Marcos Paz de la Legislatura Jujeña. Las declaraciones sorprendieron por la cantidad de detenciones que se realizaron a dirigentes políticos y sindicales en los últimos meses.
Viernes 4 de mayo de 2018 09:53
Sergio Lello Sánchez fue el miércoles pasado a la Legislatura a dar el informe anual de gestión del año 2017 del Ministerio Público de la Acusación. Ante diputados de distintos bloques, hizo declaraciones polémicas y tuvo que responder a los cuestionamientos de distintos diputados al accionar de las fiscalías. Las prisiones preventivas y reiteradas detenciones de dirigentes políticos y sociales, la falta de respuestas en materia de violencia de género, femicidios y filicidios, la dependencia del Ministerio Público de la Acusación del Poder Judicial y los mecanismos de designación de fiscales y funcionarios en las fiscalías fueron algunos de los cuestionamientos más fuertes que se escucharon.
La diputada Natalia Morales del PTS-FIT fue quien denunció como un “modus operandi” de la justicia de Jujuy las detenciones “ilegales y arbitrarias a los que ejercen el derecho a la protesta y se solidarizan con otros sectores, donde primero te detienen y después te arman la causa”. Mencionó el caso de la concejala de San Salvador de Jujuy del PTS-FIT Andrea Gutiérrez, quien fuera detenida el jueves santo por apoyar una protesta de estudiantes frente a Casa de Gobierno, violando sus fueros. “No se puede permitir que usted como fiscal del Ministerio avale una detención ilegal como la de mi compañera Andrea Gutierrez, avasallando sus fueros como legisladora. Esa orden fue emitida por un ayudante del fiscal Molina, acusada de turbación de la propiedad y flagrancia, y usted mismo reconoce ahora que fue anulada la causa. Sin embargo sigue asegurando que no fue ilegal la detención, pero si no hay delito penal dónde está la flagrancia”, cuestionó la diputada.
Morales también cuestionó las detenciones de 25 obreros del Ingenio La Esperanza en diciembre pasado, denunciando que en ningún momento mostraron orden de un juez y los trasladaron en un camión sin identificación a un penal, donde estuvieron detenidos 5 días, hasta el mismo 24 de diciembre por la noche. Lello Sánchez se escudó en que la orden del juez sí está en el expediente, aunque no respondió por qué no fue mostrada en su momento, y que “la ley permite detener preventivamente a una persona hasta cuatro meses, así que 5 días no me parece un tiempo para nada excesivo”.
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El diputado del FUyO Juan Manuel Esquivel cuestionó también sobre el accionar ilegal ante las detenciones durante el conflicto de los estudiantes de los CEIJAS y los estatales y dirigentes de organizaciones sociales, que protestaron en el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura. Ante la pregunta sobre el estado de la denuncia penal realizada por el diputado a la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone y su esposo, por apropiación ilegal de un niño en el año 1974, el fiscal respondió que “aporte él pruebas si las tiene para que se mueva la causa”, un ejemplo más de su accionar arbitrario y a favor de garantizar la impunidad en este caso.
Otras diputadas y diputados cuestionaron la falta de respuestas por parte de los fiscales ante los casos de violencia de género, femicidios y filicidios, a lo que Sánchez se defendió asegurando que la tarea de los fiscales no es la prevención sino actuar sobre los delitos cometidos.
Sobre el cierre de la exposión Alejandro Vilca denunció que el Ministerio Público de la Acusación es claramente un órgano que responde de manera directa al Poder Ejecutivo y que actúa cercenando derechos de los trabajadores y de los que protestan, así como para perseguir opositores políticos. Fue el presidente del bloque de la UCR Alberto Bernis quien salió a responder a Vilca, defendiendo la supuesta independencia del Poder Judicial en la provincia, aunque la realidad muestre lo contrario.
