Continúa el juicio por espionaje ilegal contra el exjefe de la Armada Jorge Godoy. Durante su gestión en 2006, a donde llegó promovido por el kirchnerismo, salió a la luz que se espiaba a organizaciones sociales y políticas.
Viernes 20 de febrero de 2015
La segunda audiencia del juicio se caracterizó por la participación de más testigos que la primera, y porque subió el tono de las intervenciones de los abogados defensores, que por momentos se vieron desbordados por las respuestas de los primeros, llegando incluso a recibir en algunas oportunidades chicanas por lo endeble de sus preguntas. Pero lo más sustancioso fueron sin dudas las declaraciones del exagente de inteligencia de la Armada en Puerto Belgrano, Luis Alberto Sánchez, quien se expresó en un sentido similar a como lo hizo Carlos Alegre ayer, pero centrándose fundamentalmente en la actividad ilegal en Bahía Blanca. Recordemos que se acusa a Jorge Godoy y Benito Rótolo de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El primer testigo en exponer fue Jaime Garreta, ex funcionario del gobierno nacional. Según el fiscal Fernando Gélvez, la importancia de su declaración radica en que “él fue una de las personas que en su momento habían sido damnificadas por lo que se encontró en los allanamientos, sobre todo el de la Base Almirante Zar, que había una especie de ficha de él, porque él dijo que no era un curriculum ni nada que se le pareciera, con información sensible, información que hace a su intimidad”.
Luego prestaron testimonio un perito informático y un policía vía teleconferencia desde Trelew. En ambos casos fueron para ratificar aspectos vinculados a los procedimientos de marzo de 2006. Finalmente, en esta primera parte, declaró José De María, militar especialista en inteligencia. Su declaración consistió principalmente en aclarar cuestiones conceptuales respecto a la actividad. Inmediatamente se pasó a un cuarto intermedio de una hora hasta las tres y media de la tarde.
Se reanudó la jornada con la intervención de Sánchez, testigo protegido aportado también por la fiscalía. Al respecto, Gélvez valoró su declaración ya que “narró todo lo que percibió a través de sus sentidos. Podemos sintetizar que dio cuenta de cómo se realizaban tareas de inteligencia ilícita interior. Es decir, trataban de conocer distintas ideologías, pensamientos, qué tipos de referencias tenían ya sea de políticos, sindicalistas, diversos grupos estudiantiles y demás”. El exmilitar, al igual que Alegre, señaló que primero le hizo saber a sus superiores que estaban realizando tareas de inteligencia ilegal, pero que no le dieron lugar a sus cuestionamientos y respondieron con persecuciones hacia su persona, designándole tareas menores o enviarlo a la mesa de entrada de la entidad. Desde ese lugar fue testigo de un sinnúmero de irregularidades y prácticas ilegales de la Armada en Bahía Blanca y el resto del país.
Sánchez advirtió que no investigaban a “doña Rosa”, sino a “piqueteros, grupos sociales, de izquierda, gente proderechos humanos”, entre otros. También señaló que sus superiores ordenaban a sus subordinados vestirse de civil, ocultar su condición de militares, para realizar tareas de inteligencia. Dio como ejemplo un extenso conflicto con el personal civil de la Marina, que reclamaba por aumento salarial y realizaban asambleas cotidianamente. Mencionó a los gremios UPCN y ATE del sector. Dijo que “había una necesidad imperiosa de saber quiénes eran los organizadores, los líderes y apretar ahí”. Cualquier parecido con el “Proyecto X” de Gendarmería no es pura coincidencia.
Otro pasaje interesante de su declaración fue cuando se refirió a las repercusiones de las denuncias de Alegre contra la Base Almirante Zar: dijo que inmediatamente se dio la orden de quemar todos los archivos. Una muestra más de la existencia de archivos de inteligencia por parte de las fuerzas represivas y que el gobierno nacional se niega a abrir.
Finalizó la audiencia con el testimonio de Carlos Aguilar, testigo que llevó la defensa. Se refirió al funcionamiento del sistema de inteligencia en la Armada.
Dos temas se vienen mencionando como fundamentales en las audiencias efectuadas hasta el momento. Ambos están relacionados: el primero es el de las denominadas “amenazas asimétricas”, y el segundo el plan de inteligencia de la Armada del año 2005. El fiscal nos describe que el primer concepto está pensado para “amenazas concretas que puedan afectar la defensa de un país”. Sin embargo, amplía, “ese concepto se ve que está plasmado en el plan básico de inteligencia de la Marina del año 2005, donde el concepto lo habían ampliado a narcotráfico, inmigración, crimen organizado, terrorismo, que ocurría dentro de la Argentina”, cuando en realidad “no pueden intervenir las fuerzas armadas en todo lo que es la vida política interna del país”.
Gélvez confirmó, además, que dicho plan de inteligencia está firmado por el almirante Godoy. “Ahí es donde se hace referencia a amenazas asimétricas, es decir que esa tarea que allí se plasma para la Armada Argentina estaba prohibida ya por las tres leyes: la de 1988 que es la de defensa nacional, la de seguridad interior y la de inteligencia que fue la del año 2001, que prohíbe expresamente a las fuerzas armadas, sea marina, ejército o fuerza aérea, a realizar ese tipo de inteligencia interior del país. A pesar de que se venía haciendo una práctica, porque también se encontraron otras normativas o directivas de la armada argentina, cuando se hicieron los allanamientos en la sección inteligencia de la base Almirante Zar, del año 89 y demás”, señaló. De todo ello, obviamente, se desprende una conclusión lógica que el fiscal expresa sin ambigüedades: “hasta el 2006 quizá todas las fuerzas armadas harían este tipo de actividades ilícitas”. La realidad indica que dichas prácticas continúan hasta la actualidad.
Recordemos que estos hechos salen a la luz en el momento de auge de la política de derechos humanos del kirchnerismo, lo cual no hace más que demostrar no solo los enormes límites de la misma, sino la impotencia de las reformas en estos sectores. En última instancia, desnuda que el proyecto del kirchnerismo en realidad fue represtigiar el podrido aparato represivo del Estado para usarlo cuando se acaben los tiempos de vacas gordas. Pocas semanas antes, en febrero de 2006, se desarrollaba una pueblada en Las Heras para exigir la liberación de un delegado petrolero detenido. Allí fallece el policía Jorge Sayago. Se inicia una cacería de brujas y se convierte a esta ciudad petrolera en un laboratorio de la criminalización de la protesta social. Hoy en día hay cuatro condenados injustamente a cadena perpetua sin ninguna prueba seria que indique su culpabilidad.
Un hecho que no deja de sorprender en estas dos jornadas es la escasísima cobertura mediática de un caso tan relevante como el hecho de juzgar a dos jefes de la Armada por espionaje ilegal. Más llamativa aun es esta situación si tenemos en cuenta los momentos políticos que vive el país a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman y el escándalo que despertó sobre la actuación de los servicios de inteligencia en el país. La Izquierda Diario fue el único medio presente en esta segunda jornada.
Hoy continúan las audiencias. Por lo que pudo averiguar La Izquierda Diario, se presentarán testigos llevados por la defensa de los acusados. En este sentido, el fiscal Gélvez, adelantó que “la pena máxima que les cabe a los acusados es un delito correccional que no supera los dos años”. Es decir, no es con prisión efectiva.
