Diputados. Segundo round de la ley ómnibus: los 4 ataques a jubilados y trabajadores que suma el gobierno

El miércoles por la noche el gobierno de Milei dio a conocer el nuevo borrador de la ley ómnibus, separando el “paquete fiscal”. Busca que se aprueben como dos leyes separadas pero con un tratamiento simultáneo. El texto fue modificado luego de una nueva ronda de negociaciones con el PRO, la UCR y el bloque de Pichetto. La reforma laboral no está incluida en esta versión porque la UCR está trabajando un borrador que pretenden incluir en el dictamen cuando se debata en las comisiones. Mientras, los dirigentes de la CGT se reunieron este miércoles con el gobierno para habilitar el debate y empezaron a negociar cambios regresivos.

Los proyectos mantienen el corazón de la versión original, que ya contenían enormes beneficios a los más ricos del país. En la lista están: un blanqueo de capitales (rebajas impositivas o exenciones a quienes no han declarado su patrimonio), un blanqueo laboral (con moratorias y facilidades a empleadores), rebajas en el impuesto a los bienes personales, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones con beneficios por 30 años, reformas a ley de hidrocarburos que van en detrimento de garantizar el abastecimiento interno de energía.

Del otro lado, hay tres puntos que incorporó el gobierno tras las negociaciones con los bloques colaboracionistas, y ya están en el texto. Son los ataques a jubilados y trabajadores.

El primero es que incluye la eliminación de la moratoria jubilatoria: “Derógase la Ley N° 27.705” dice el artículo 274. Es la ley que contiene la única moratoria previsional vigente para aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen todos los aportes para poder jubilarse. Como denunció la diputada Myriam Bregman del PTS-Frente de Izquierda, la mayor parte de las mujeres se jubilan a través de una moratoria “no por gusto, sino porque existe el trabajo no registrado y las tareas en el hogar o de cuidado, no son consideradas trabajo. Milei quiere eliminar esa moratoria y que perdamos ese derecho”. Si se elimina la moratoria como propone el gobierno, quienes no tengan los aportes solo les quedará la opción de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): con un haber 20% menor y en el caso de las mujeres elevando la edad jubilatoria a los 65 años. El diputado de izquierda Nicolás del Caño también salió al cruce de la nueva propuesta. Lo resumió en "premia con exenciones impositivas a los empresarios que no registraron a los trabajadores y castiga con la quita de la moratoria jubilatoria a esos laburantes victimas de las empresas que nunca los registraron ni le hicieron los aportes".

El segundo, es la restitución del impuesto al salario que se había eliminado a fines del 2023 por ley (ganancias de la 4° categoría). En el nuevo texto proponen que las personas solteras empiecen a pagar el impuesto desde sueldos superiores a 1,4 millones de pesos mensuales en mano, y que el mínimo no imponible se actualice una vez al año por inflación. Con los pisos que fijan es probable que sean muchos más los trabajadores que reciban descuentos en sus recibos de sueldo. Los gobernadores del norte son quienes están más interesados en que vuelva el impuesto al salario, ya que es coparticipable.

El tercero es un aumento impositivo para los monotributistas y especialmente en las categorías más bajas. Los afectados por este aumento son en su mayoría trabajadores, muchos de los cuales están en una relación de dependencia encubierta.

Hay un cuarto ataque que quieren incorporar los próximos días: la reforma laboral regresiva. Sobre la base del capítulo laboral del DNU 70/2023 que está frenado en la justicia, la UCR se ofreció para escribir una propuesta. La CGT también se sentó a la mesa de negociación con el gobierno: están dispuestos a evaluar la quita de derechos laborales, pero se oponen a que se incluyan los puntos que apuntan a “la caja” que manejan los sindicatos (los aportes solidarios y las obras sociales). La hoja de ruta de la dirigencia sindical fue discutida con el peronismo y legisladores de Unión por la Patria, y está a tono con el guiño que hizo Cristina Fernández en su última carta donde habló de la necesidad de “un plan de actualización laboral para dar respuestas a las nuevas formas de relaciones de trabajo”.

El nuevo borrador mantiene ataques a trabajadores estatales que estaban en la versión original. La avanzada para la privatización de empresas públicas sigue en pie, aunque con cambios negociados con los bloques que se dicen dialoguistas. En vez de las 40 empresas públicas que estaban inicialmente para privatizar, esta vez presentaron un listado de 18 y agrupadas en tres anexos: las que pueden venderse totalmente, las que pueden hacerlo parcialmente y las que se transformarían con concesiones privadas. En el primer grupo están: Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. En el segundo Nucleoeléctrica Argentina S.A., Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros S.A., Nación Reaseguros S.A., Nación Seguros de Retiro S.A., Nación Servicios S.A., Nación Bursátil S.A., Pellegrini S.A, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Para concesionar listaron a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

El gobierno y los colaboracionistas negociaron mantener la delegación de facultades en cuatro áreas: administrativa, económica, financiera y energética. Además, el gobierno pretende sumar más poder discrecional del presidente con otro artículo, el número 70. Allí pide que se le deleguen facultades para poder hacer una amplia desregulación económica con impacto en los precios y el bolsillo de las mayorías. Los autodenominados “dialoguistas” están dispuestos a darle facultades delegadas en las cuatro materias, pero hay más dudas sobre el artículo 70.

La intención de La Libertad Avanza es volver al debate de esta ley ómnibus desdoblada la próxima semana en un plenario de comisiones. Intentarán que sea un “debate exprés” y dictaminar lo antes posible incorporando todos los cambios de los dos borradores y la reforma laboral. Buscan sesionar el 24 de abril para lograr la media sanción. Sin embargo, las fechas están en duda ya que el bloque oficialista tendrá que lidiar con sus tensiones internas que escalaron este miércoles y culminaron con el desplazamiento de Oscar Zago como presidente del bloque. Fue reemplazado por el cordobés Gabriel Bornoroni. El conflicto se desató por la presidencia de la comisión de juicio político, que protagonizó Zago desautorizando a Martín Menem que preside la Cámara. Se coló así la disputa de poder y por los "sellos electorales" entre el ex jefe de la bancada y Karina Milei, sostén de Martín Menem. Las consecuencias de la interna todavía se están procesando y no pueden descartarse rupturas en La Libertad Avanza.

Comenzó el segundo round de la ley ómnibus y la batalla estará nuevamente no solo en el Congreso sino en la calle. Si en el primer intento de aprobarla hubo persistentes movilizaciones de rechazo, esta vez pueden multiplicarse por el avance en la degradación de las condiciones de vida de millones producto del plan de Milei y Caputo. La CGT también está en la mira del descontento social que está levando por abajo. ¿Qué esperan para convocar a un paro y plan de lucha? Una pregunta que puede transformarse en una presión ineludible para la dirigencia sindical, sobre todo si crecen las protestas para rechazar la ley ómnibus y el plan económico del gobierno.