Cientos de miles de trabajadores retiran sus recursos de las afores para hacerle frente a los despidos injustificados con la dificultad de acceder a un nuevo empleo. Sin embargo, ante el avance del golpe a los derechos laborales, esta situación implicará prolongar los años de trabajo o no tener pensiones dignas porque requiere aumentar la cotización.
Jueves 11 de febrero de 2021
A casi un año de declarada la pandemia en México, los efectos de la crisis sanitaria y económica continúan golpeando los derechos laborales y precarizando, aún más, las condiciones de vida de la clase trabajadora, para detener las pérdidas y mantener las ganancias de los grandes empresarios.
En el país, se estiman al menos 15 millones de despidos durante la pandemia, al que se siguen pronosticando dos millones más. Mientras, se han impulsado reformas que pretenden reducir derechos laborales, tal es el caso del teletrabajo -ante la cual se promueve que las y los trabajadores absorban los costos de las actividades laborales- y la subcontratación laboral. Esta última, si bien sigue sin definirse, en caso de regularse, implicaría también la negativa de derechos, porque el empresariado se niega a que se prohíba esta figura.
Con este panorama, para hacerle frente a la situación, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en el mes de enero, alrededor de 142 mil 257 trabajadores realizaron retiros de sus afores debido a la crisis económica. El retiro total suma mil 630 millones de pesos, y se dispone en promedio 11 mil 500 peso cada trabajador. Esta cifra es superior, casi un 800 %, a los mil 252 millones de pesos registrados en el mismo mes de 2020.
De lo que nadie habla en el gobierno, es de que, desde hace años, estos retiros parciales por desempleo han aumentado en cifras alarmantes, pues en 2020 llegaron a los 20 mil millones de pesos, un 66 por ciento superior a los 12 mil millones de 2019.
Cabe recordar que una afore (Administradora de Fondos para el Retiro) es una institución financiera privada que se encarga de especular con los fondos para el retiro, propiedad de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que son alrededor de 67.2 millones de cuentas individuales, correspondiente al mismo número de trabajadores mexicanos, a las que se destinan las aportaciones derivadas de su trabajo.
Mientras las y los trabajadores no cuentan con empleo, según la Consar, las 10 afores que operan en el país obtuvieron ganancias de 11 mil 116 millones de pesos, a inicios del año pasado -lo cual representa un aumento de 14% en relación con el año antepasado- derivadas de los recursos pensionarios de las y los trabajadores, compuestos por las aportaciones, plusvalías y ahorro voluntario.
¿Cuáles son las consecuencias del seguro de desempleo?
El retiro por desempleo únicamente es un derecho de los trabajadores formales, es decir, aquellos que no tienen un empleo formal, que en México es la gran mayoría, no cuentan con ningún tipo de apoyo.
Este aparente “derecho”, que sólo se puede ejercer una vez cada cinco años y el retiro no puede ser superior al 11.5 % del monto que se tiene ahorrado, es una doble trampa ya que, además de reducir el monto para la jubilación también disminuye las semanas de cotización para poder pensionarse, lo cual, en el futuro, podría representar la imposibilidad de alcanzar pensiones dignas, pues se requiere cotizar el doble para resarcir la utilización del monto retirado.
Y entonces, ¿qué pasa si en los próximos años no consigues trabajo? ¿Cómo le hacen los trabajadores que rondan entre los 45 y 57 años que quedan desempleados sin posibilidades de obtener un trabajo formal por su edad?
No obstante, las cifras apuntan a que 142 mil 257 trabajadores solicitaron un retiro de este seguro, por lo que equivaldrían al mismo número de personas desempleadas, sin que se especifique cuáles fueron las causas, las que sin duda han sido injustificadas, pero esto sabemos que poco importa a la hora de largar estadísticas; y también, otra estadística invisible es que esta cifra implica la reducción del mismo número de empleos formales.
Debemos ver también que, al no contar con un salario regular, ya que se trata de desempleados, el promedio de los 11 mil 500 pesos que estas personas retiraron, indica que es una cantidad insuficiente para la subsistencia propia y de sus familias, tan sólo si contamos como gastos los básicos de subsistencia el pago de renta, de alimentación, de bienes y servicios como luz, gas e internet, escolares y de salud.
Pero, por si fuera poco, esta módica cantidad debe durarles hasta encontrar un nuevo puesto de trabajo, circunstancia que no está clara hasta cuándo durará, sobre todo ante un panorama que hasta el momento muestra sólo cifras de una “aparente recuperación” de 600 mil empleos en diciembre del año pasado, de los cuales volvieron a perderse alrededor de 300 mil, y todas las cifras correspondientes a subcontratación.
Como puede observarse, los efectos del despido y desempleo son asumidos por el trabajador, como los posibles despidos injustificados, es decir, con causas no atribuibles al trabajador, a los cuales no se garantiza el acceso a la justicia.
Además, la pérdida de estos empleos es sobre los trabajos formales, es decir, aquellos en los que se contaba con prestaciones de ley como seguridad social, aguinaldo, vacaciones, salario, entre otros; y éstos muy probablemente se sustituirán, en el mejor de los casos, con esquemas como subcontratación, prestación de servicios profesionales o contratación por honorarios, o sea, trabajos mucho más precarios.
Al final de cuentas, es visible que este derecho no es un seguro de desempleo, tal como el nombre lo indica, sino que el propio trabajador toma estos recursos del monto que ha ahorrado durante los años que ha trabajado. Es totalmente un ahorro que le corresponde, generado por años de trabajo. Esto muestra que el gobierno de la 4T nunca implementó un verdadero seguro de desempleo financiado por el Estado, ni mucho menos prohibió los despidos, ni sancionó a los empresarios.
Es decir, ni el Estado, ni el IMSS, ni las afores le otorgan recursos a las y los trabajadores para hacerle frente al desempleo y los despidos, decisión que demuestra que la crisis se descarga sobre nuestras espaldas.
¿Y qué podemos hacer las y los trabajadores?
Con lo anterior se visibiliza que no hay un plan para paliar los efectos de la crisis sobre las condiciones laborales, por lo que es importante la organización de los millones de desempleados, despedidos, precarizados, junto a los sindicalizados, quienes, como vemos, no están exentos de ser arrojados a la calle y la precariedad, para luchar por:
1. Reinstalación de las y los trabajadores que fueron despedidos durante a la pandemia.
2. Reparto de horas de trabajo, entre todas las manos desocupadas, sin reducción del sueldo.
3. Pensiones para las personas que hayan quedado incapacitadas para trabajar.
Si te encuentras en esta situación, conoce y organízate en el Movimiento Nacional contra la precarización
