Militarización. Senado aprueba extender militarización; continúa la impunidad para el Ejército

Además, hace unos días la Fiscalía General de la República -sin dar ninguna explicación- solicitó cancelar 21 de las 83 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa que un juez había decretado contra militares, policías y miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos. Esta decisión de la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, favoreció a militares implicados y estuvo acompañada de la ’renuncia’ de Omar Gómez, fiscal especial del caso desde 2019.

Por lo que todo parece indicar que, a 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, seguirá la impunidad del ejército frente a uno de los casos que más ha conmovido a estudiantes, maestros, trabajadores y organizaciones de todo tipo a nivel nacional e internacional.

Asimismo, se reveló a través de distintos documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya que el secretario de la defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, envió cartas a López Obrador en las que defiende al capitán José Martínez Crespo por su presunta vinculación con Guerreros Unidos, lo que demuestra la intención del general de influir en las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.

A principios de septiembre, el Senado aprobó también reformas para que la Secretaría de la Defensa Nacional controle la Guardia Nacional -que el gobierno de la 4T había presentado en un principio como “civil”-.

Todo esto apunta a una extensión de la militarización del país y de la impunidad que impera para las fuerzas armadas.

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¿Para qué se preparan?

Luego de cuatro años de experiencia de las y los trabajadores, estudiantes y el pueblo en general con el gobierno de la 4T se muestran cada vez de forma más nítida sus contradicciones.

El desempleo profundizado por la pandemia, los despidos y la precarización laboral son el pan de cada día de las y los trabajadores, que no alcanzan a paliar los planes sociales. La violencia y la impunidad continúan siendo la regla en lugar de la excepción en casi todo el país. La inflación ha alcanzado los niveles más altos en décadas y la carestía de la vida es cada vez más profunda.

El ataque a la educación pública en todos los niveles educativos, así como la precarización laboral de los trabajadores del sector estatal -sobre el que ha recaído la supuesta “pobreza franciscana” decretada por el gobierno- son aspectos que chocan con las expectativas que el gobierno generó en varios sectores de la población.

Luchas de trabajadores y trabajadoras, todavía aisladas y poco coordinadas entre sí, comienzan a verse con mayor frecuencia. La huelga del Sutnotimex; el paro de las trabajadoras y trabajadores de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros; los paros y movilizaciones de docentes que en distintos momentos con diferentes demandas se han dado en Coahuila, Michoacán, Hidalgo, Durango y muchos otros estados; la lucha en Zacatecas y Yucatán contra las reformas al ISSSTE; el paro de los telefonistas contra la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones en Telmex; el plantón de los docentes y trabajadores del INEA; las protestas de los trabajadores del sector cultura y Pilares por plenos derechos laborales y contra los despidos; las luchas por democracia sindical y contra el charrismo en distintas fábricas y plantas automotrices y un largo etcétera.

A la par de esto, un movimiento estudiantil que comienza a despertar en diferentes instituciones de educación superior para luchar por mejores condiciones y por plenos derechos para las y los jóvenes sin futuro.

Muchos que hoy somos trabajadores y que vivimos movimientos como el que reclamó por la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa, el #YoSoy132, la lucha contra la reforma educativa de Peña Nieto, el movimiento de mujeres y otras luchas muy importantes que se dieron en el país el sexenio pasado, no
estamos dispuestos a que se mantenga la impunidad que el gobierno de la 4T decía que iba a terminar.

Más allá del problema del narcotráfico y de los grupos del crimen organizado, con los que los militares y policías suelen ponerse de acuerdo, la militarización del país apunta, en última instancia, a frenar cualquier muestra de descontento frente a las medidas que atacan las condiciones de vida de las y los trabajadores. No es un problema de ’malos elementos’, sino que se trata de instituciones cuya función primordial es garantizar por la fuerza la propiedad privada y el orden establecido frente a quienes se propongan transformarlo.

Frente a esto hay que organizarnos

Necesitamos impulsar un movimiento nacional contra la militarización encabezado por organizaciones obreras y populares, de derechos humanos, de mujeres y disidencias sexogenéricas que exija la disolución de la Guardia Nacional y el alto a la militarización del país. Que exija que los recursos que hoy se otorgan al ejército y la Guardia Nacional sean utilizados en atender las demandas de las y los trabajadores y el pueblo.

Que tome las calles delimitándose de la derecha reaccionaria que pretende montarse sobre nuestras demandas. Contra la impunidad, por verdad y justicia, contra la violencia feminicida y la depredación extractivista, por justicia para los 43 y la presentación con vida de miles de desaparecidos.

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