Este viernes, durante una reunión de comisión, el Frente de Todos logró obtener dictamen. Hubo acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. Plantea un esquema con menos poder para el funcionario electo, pero, también, un mayor control del oficialismo de turno.
Viernes 20 de noviembre de 2020 15:49
Este viernes, en el Senado de la nación, se logró dictamen para avanzar en la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Se trata de la norma que, entre otras cosas, define al procurador general de la nación. Es decir, al jefe de los fiscales. Se trata de un funcionario con un enorme poder, ligado estrechamente al poder político y a sus intereses.
Actualmente ese cargo lo ocupa, de manera provisoria, Eduardo Casal. Un funcionario con un claro perfil de derecha, ligado a Juntos por el Cambio. Para reemplazarlo, el presidente Alberto Fernández impulsa públicamente al juez Daniel Rafecas.
El proyecto presentado por el oficialismo plantea terminar con el carácter vitalicio del cargo de procurador y establecer una duración de 5 años en su cargo, con posibilidad de una sola reelección, siempre y cuando el candidato no supere los 75 años de edad.
Al mismo tiempo, propone establecer un mayor control sobre ese funcionario por parte de la Comisión Bicameral del Ministerio Público. Demás está decir que esto no implica ninguna democratización de un cargo clave del Poder Judicial. La comisión bicameral en cuestión está conformada por 8 senadores y 8 diputados, que surgen de la rosca y negociación entre las fuerzas políticas mayoritarias. Es decir, entre los partidos que sostienen y defiende una casta judicial plagada de privilegios y poder. En la actualidad, esta instancia del Congreso tiene mayoría política oficialista.
El proyecto propone, además, que se modifique la cantidad de votos necesarios para designar a ese funcionario. Actualmente se requiere dos tercios de la cámara para habilitar esa posibilidad. La propuesta plantea reducirlo a la mayoría absoluta de los presentes. En el texto de la propuesta se mantienen, sin embargo, los dos tercios a la hora de la remoción del funcionario.
La propuesta modifica los mecanismos de remoción. Actualmente, está establecido que el procurador debe ser removido por juicio político. Es decir que tanto Diputados como Senadores avalen el pedido con dos tercios de los votos. El proyecto habilita la opción de que el pedido pueda partir desde el Poder Ejecutivo hacia la Cámara Baja y esta inicie, con dos tercios de los votos, el proceso de destitución. La otra opción que habilita es que se inicie a pedido de “cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con aprobación de una mayoría absoluta, pero con acuerdo del Senado con mayoría de los dos tercios".
Detrás de los cambios en la propuesta para elegir un nuevo procurador se encuentran las tensiones políticas que cruzan a las diversas variantes patronales. Las chicanas y acusaciones surcaron el debate. El Frente de Todos acusó a Juntos por el Cambio por la persecución a Alejandra Gils Carbó. La oposición de derecha retrucó denunciando el proyecto oficial y anunciado que presentará su propio dictamen de minoría.
