El caso de la escuela “Paula Domínguez De Bazán”, ejemplo de la desidia del gobierno de Rodríguez Saá ante la crisis de la educación pública.
Sábado 9 de abril de 2016
Ante las malas condiciones edilicias y la falta de bancos, sillas y agua en los baños, las estudiantes de la Bazán, más conocida como Normal de Mujeres, decidieron parar el dictado de clases y llevar adelante una sentada que se prolongó durante los días jueves y viernes, ante la negativa del gobierno provincial de dar respuestas concretas a la situación.
“Estamos reclamando cosas que realmente necesitamos para estudiar. Estamos reclamando bancos y sillas desde hace años. Tenemos que estar sacando sillas y banquetas de lugares impensados para poder estudiar. Las instalaciones tampoco cuentan con agua y por ese motivo es imposible utilizar los baños.” informó Nahir, alumna de sexto año e integrante del Centro de Estudiantes de la escuela.
Otra alumna delegada de su curso sostuvo que “también estamos necesitando que se mejoren las condiciones edilicias. En mi curso, la caja del ventilador se cayó y la tuvimos que pegar con cinta”. Por último, otra estudiante relató que en su aula nadie se sienta al medio porque temen que se caiga el ventilador que está agarrado de un par de cables del techo.
A esta altura y con los distintos casos que salen a la luz, nadie puede dudar de que las malas condiciones edilicias y el faltante de mobiliario de estudio en las escuelas públicas sean moneda corriente en la Provincia de San Luis. Hace meses atrás, La Izquierda Diario informaba sobre esta situación cuando a dos colegios provinciales se les desplomó el techo en pleno dictado de clases, causando graves heridas a un estudiante.
El Gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, sigue empeñado en hacer una obra gigantesca denominada “Parque La Pedrera” que va a costar más de 1.200 millones de pesos, mientras que los docentes, estudiantes y demás trabajadores de la educación sufren las consecuencias del vaciamiento en la educación pública producto del bajo presupuesto destinado.
Por su parte, las autoridades de los colegios que se ven afectados por estas denuncias fueron fuertemente cuestionadas por los estudiantes, quienes afirmaron que los docentes que apoyaron los reclamos estudiantiles recibieron amenazadas, llegando al nivel de decirles que en un colegio público se “tienen que bancar este tipo de cosas”.
En 33 años de gobierno, la educación pública nunca ha sido una prioridad para la familia peronista y gobernante Rodríguez Saá, no sólo por la baja en el presupuesto a la educación pública sino por desentenderse de los reclamos y las peticiones de la comunidad educativa en lo que hace a mejores condiciones edilicias, de trabajo y de cursada.
