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Red Internacional
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Mundo Obrero. Ser explotado en la Ciudad de México

El corazón político del país azteca late aceleradamente gracias a las masas laboriosas de la capital, enormes pero invisibilizadas por el gobierno y los medios de comunicación. Hacia la Constituyente, estos millones están silenciados.

Martes 29 de marzo de 2016

¿Cuántos y quiénes habitamos en la Ciudad de México?

Según los censos oficiales, la Ciudad de México tiene casi 10 millones de habitantes. Parece relativamente poco y uno no se explica porque los capitalinos sentimos que nos ahogamos todos los días en el incesante trajín de lo que, para el ciudadano “de a pie” parecen millones y millones de personas. Y es que a estos 10 millones, se suman aquellos tantos que viven en la desdibujada frontera que constituye la “zona metropolitana del Valle de México”. Dicha zona refiere a aquellas delegaciones o municipios que forman parte o del otrora Distrito Federal o del Estado de México.

Pues resulta que con la “zona metropolitana” somos casi ¡28 millones de personas! Y estos millones que laboran, viven, padecen y hacen funcionar las tuercas del caótico conglomerado urbano, no estarán representadas hacia la Constituyente, mucho menos aquellos que, por vivir del otro lado de una avenida, un parque o un bloque de concreto, son considerados parte del Estado de México.

Es decir, los obreros que viven del otro lado de la Avenida Central (aquella que divide por el norponiente a la capital de Ecatepec) y todos los días regresan del trabajo por la línea del metro que corre de El Rosario a Martín Carrera, para luego tomar uno de los inseguros peseros que cruzan la inhóspita frontera hacia el Edomex, no son considerados habitantes de la ciudad.

Y es en la periferia de la ciudad, en particular hacia el poniente, el oriente y el norte, donde está concentrada la clase obrera capitalina.

Vivir en los márgenes

También en los censos oficiales, se calcula que 300,000 personas de los 10 millones de personas viven en la Ciudad de México con ingresos de lo que el Inegi denomina, de manera macabra como “hasta un salario mínimo”.

El “hasta”, valga la aclaración, refiere al hecho de que de estos 300,000, muchos no llegan al salario mínimo. Para los despistados, el salario mínimo en la capital es de 70 pesos la jornada. En cálculos rápidos, trabajando de lunes a sábado, el sueldo sería de… 1,700 pesos al mes. Pero además, dentro de estos 300 mil, no están considerados aquellos que viven en la periferia. Unas 800 mil personas que estarían en esta situación “salarial”.

Pero no se alarme querido lector. Más o menos 3 millones de estos trabajadores ubicados en los márgenes viven con “hasta” 2 salarios mínimos. La clase obrera que trabaja en las zonas industriales que sobreviven en el área metropolitana como la de Vallejo, Talismán, Azcapotzalco, El Rosario, Norte 45 o de menor envergadura en Iztapalapa y otros grandes y tradicionales barrios de la ciudad, cohabita con los llamados “pobres urbanos”.

Millones de desempleados, la mayoría jóvenes, que no pueden acceder a la educación media superior ni superior y que son llamados “ninis” de manera despectiva por el gobierno y los medios de comunicación. Esta juventud tiene dos opciones: o dejar su energía vital en el trabajo precario, los call center, la comida rápida, los servicios outsourcing de limpieza y las fábricas o ser reclutados por el narco que azota impunemente y con el auspicio de gobernantes y policías la periferia urbana.

En general esta masa obrera y popular habita en barrios sin asfalto, con poca iluminación, acceso limitado y caro, construcciones informales que bordean las carreteras que van del Distrito Federal a Puebla, Hidalgo, Querétaro.

Los trabajadores ¿“privilegiados”? de la Ciudad de México

Muchos más destacamentos de la clase obrera capitalina, laboran en servicios públicos y privados como en salud, Telmex –privatizada por Carlos Salinas de Gortari a favor de Carlos Slim–, el Metrobus, el metro o en las universidades. Aquí también se utiliza el outsourcing y la subcontratación, sobre todo en servicios subrogados como la intendencia.

El Gobierno del Distrito Federal de Miguel Ángel Mancera ha generalizado esta forma de subcontratación en servicios de intendencia, como destapó la lucha de las trabajadoras de limpieza del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México.

Hay sectores que todavía permanecen bajo el régimen de contratación colectiva pero sus derechos en los últimos años han sido paulatinamente mermados. Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la UNAM, el metro, las universidades públicas o el propio magisterio. A estos sectores y para poder atacarlos, el gobierno y la prensa les llama “privilegiados” para aumentar la edad de jubilación, quitarles prestaciones y flexibilizar sus condiciones de trabajo.

¿Cuáles son sus privilegios? Salud, educación, vacaciones y una vivienda que en general es pequeña y de mala calidad y por la cual se endeudan hasta por 50 años. Antes quizá podían enviar a la universidad a sus hijos, pero ya no más. El gasto familiar es demasiado oneroso porque ya no alcanza para nada.

Los políticos y empresarios ganan carretadas de dinero, pero esperan que los trabajadores “privilegiados” no tengan ni la más mínima prestación. Y además se han encargado de separar, con ayuda de la burocracia sindical (opositora o charra) como la que dirige la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) o los directamente charros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y el Congreso del Trabajo, a los trabajadores precarios de los “privilegiados”. Para que compitan entre sí y las malas condiciones presionen a la baja las condiciones de todos.

Hacia la Constituyente, que se escuche la voz de los trabajadores

Como ya hemos denunciado, hacia la Constituyente de la Ciudad de México la voz de los trabajadores está silenciada. Por eso, en el camino de arrebatarle al régimen político una tribuna desde la cual luchar –al mismo tiempo que en las calles– por nuestros derechos, muchos trabajadores estamos apoyando la aspirantía a una candidatura de Sergio Moissen y Sulem Estrada, de la izquierda anticapitalista.

Ambos son profesores que ganan los magros salarios que perciben los trabajadores de la educación y que viven los avatares del conjunto de los asalariados para mal vivir en la ciudad. No tienen compromisos con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ni con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera como Ismael Figueroa Flores, líder de los bomberos cercano al gobierno capitalino que se está postulando como “independiente” a la Constituyente.

Su único compromiso es con la militancia revolucionaria –en las filas del Movimiento de los Trabajadores Socialistas– para poner en pie una alternativa política de los trabajadores, la juventud y las mujeres, una organización política propia que, antagónica a los partidos que gobiernan para los empresarios – el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD luche por imponer con la movilización una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

Pero esto en la perspectiva de acabar con este régimen social, basado en la explotación de muchos sobre pocos y poner en pie un gobierno de los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios y el pueblo pobre a nivel nacional.