DEBATE. Sergio Berni y el progresismo: Agenda derechista y orden social

Sergio Berni parece haber ganado la batalla cultural contra los sectores progresistas del Frente de Todos. Axel Kicillof lo protege por el encubrimiento de la bonaerense en el caso de Facundo Castro, pero, además, junto a la ministra de seguridad nacional, Sabrina Frederic, salieron a condenar, en los términos marcados por su Berni, las tomas de tierras y reforzaron el Operativo Centinela enviando 4000 gendarmes y prefectos a las zonas calientes del GBA.

Berni compite con los intendentes del conurbano, que junto a la bonaerense, constituyen una especie de política mazorquera del siglo XXI. Es decir, una mezcla de control, contención y represión, mezclado con los negocios turbios de la mafia policial. El ministro de Seguridad provincial, está decidido a legitimar su accionar y a lanzar una campaña política con el discurso de la ley y el orden, cuya encarnación practica es su liderazgo de la policía.

Seguridad

El sentido común propagado por las usinas ideológicas de la burguesía es que la policía se ocupa de mantener la ley y el orden mediante la prevención del delito. Incluso el progresismo que dice oponerse al gatillo fácil y las mafias uniformadas opina que hay que democratizar las fuerzas represivas bajo mando civil, para que vuelvan a ser una fuerza de prevención. Para este tipo de postura la policía debe regirse bajo el imperio de la ley, como condición del orden. Para el discurso manodurista de Berni, la policía debe regirse por el precepto del orden para garantizar la ley. En el terreno judicial, otra institución íntimamente ligada a la policía, este es el debate entre garantistas y manoduristas.

La concepción progresista sostiene que la policía debe guiarse por la legalidad. Y que es función del Estado de derecho ponerle límites al poder punitivo de las fuerzas represivas y garantizar los derechos individuales de los ciudadanos. Como condición los ciudadanos están obligados a cumplir con las leyes. Sin embargo, como vemos no solo en el caso de Facundo Castro en nuestro país, sino en los asesinatos policiales racistas en los EEUU, la ecuación se impone a favor de la policía contra los derechos ciudadanos. La legalidad es forzada en favor del accionar policial. Para decirlo de otra manera, el juzgamiento de los crímenes policiales es la excepción y depende de la movilización popular en apoyo de los familiares de las víctimas del gatillo fácil. La impunidad de los crímenes es la regla.

Para justificar esta contradicción, la concepción progresista sostiene que el problema es que las fuerzas policiales se “autogobiernan”, es decir, no responden al poder del Estado. Esto explicaría la participación policial como parte de la industria del crimen. Obviamente existen negocios particulares de la policía que escapan a cualquier control. Sin embargo, es una condición aceptada a cambio de subordinarse al mando político de la dirección del estado y al hecho que la participación directa en el delito es parte del control del territorio que los intendentes y gobernadores le piden que cumpla. En el caso de la derecha reaccionaria al estilo Patricia Bullrich Luro Pueyrredón y su doctrina Chocobar, o Berni, la regla de la impunidad como condición para garantizar el orden en el combate al “delito”, se transforma en norma jurídica.

Ley y orden

La tarea policial se justifica en el pedido de sectores de la población por más seguridad frente al crecimiento del delito por causas y razones sociales. En ese sentido la discrecionalidad en la aplicación de la ley es lo que la caracteriza. Para la policía el cuidado de la propiedad privada de los ricos y su orden social es un mandato al cual se somete a rajatabla. Mientras que, por otro lado, practica el abuso y la persecución de la juventud de las barriadas, los pobres y los trabajadores, a quienes considera enemigos potenciales de la seguridad, es decir de la propiedad privada. Tomemos como ejemplo el caso de los trabajadores del frigorífico Penta, donde la patronal incumplió la ley despidiendo trabajadores cuando los despidos se encontraban prohibidos y los reprimidos fueron los trabajadores que protestaban contra la ilegalidad de las medidas. Lo mismo sucedió recientemente con les trabajadores de Algodonera Norte víctimas de la patronal vaciadora de Vicentin. O para no abundar en otros ejemplos, la inacción frente a las quemas de humedales por las patronales agrarias y la represión a los jóvenes que se movilizaban en defensa del medio ambiente. En la práctica se prioriza el derecho a la propiedad privada antes que el derecho a la vida, la vivienda, el trabajo, la salud o la educación.

La seguridad se legitima como la forma de garantizar el orden frente al desorden. Pero como vimos el orden defiende una desigualdad, la defensa de los derechos particulares de los más poderosos sobre los derechos escenciales del pueblo trabajador. Como bien señala el marxista británico Mark Noecleous "La preocupación por el “desorden” cumple una función ideológica específica que enmascara la naturaleza jerárquica del orden. El propósito de la defensa policial del “orden”, que reniega de la parcialidad antes admitida públicamente contra la clase trabajadora, es funcionar como una defensa de la “sociedad” y el “bien común”. Pero hacer hincapié en la policía como exigencia de orden en la sociedad civil, (...) exige que también reconozcamos las divisiones jerárquicas que operan dentro de la sociedad civil. El concepto de orden debe ya tanto a los presupuestos liberales burgueses que sus connotaciones de unidad y homogeneidad han llegado a ocultar antagonismos y contradicciones subyacentes. La “igualdad” supuestamente encarnada en el régimen de derecho siempre está ya determinada por la naturaleza jerárquica del orden que se espera que la policía defienda. Detrás del “bien común” sigue habiendo un interés particular: con todo su discurso del deseo universal de orden, la policía protege la universalidad imaginaria de intereses particulares dentro de ese orden. La exigencia de orden en la sociedad civil es, por lo tanto, una exigencia de orden de clases."

Estado, política y policía

El gobierno, como dirección política del Estado, encarna la administración de la ley y el orden. El uso de las fuerzas de seguridad como instrumento represivo frente a lo que consideran amenazas a la legalidad y al orden social lo atestigua. El bonaerense asesinó a Maximiliano Kostequi y Dario Santillan en cumplimiento de un mandato político por impedir un supuesto intento piquetero de generar “caos”. El Gendarme carancho que utilizara Berni en el 2014 durante el conflicto de la autopartista Lear buscaba crear la imagen ficticia de un delito de los manifestantes que cortaban la Panamericana en defensa de su fuente de trabajo, para tener una excusa represiva. El asesinato de Santiago Maldonado en manos de Gendarmería y de Rafael Nahuel en manos de Prefectura, obedecía a una orden del poder político que defendía la propiedad terrateniente basada en la usurpación de territorios ancestrales de los mapuches, como es el caso de Joe Lewis quien incluso se adueñó de un lago. La amenaza represiva y el envío de 4000 gendarmes y prefectos para impedir y amenazar las ocupaciones de terrenos en la provincia de Buenos Aires, responde a la necesidad de ponerle el coto a la desesperación social por la vivienda no mediante un plan de obras públicas o la reforma urbana, sino por la vía de la represión.

En medio de la enorme crisis sanitaria, económica y social que genera la pandemia el Estado recurre a tres elementos contención, control social y represión, que incluyen otros actores, aunque en este caso nos referimos al papel específico de las fuerzas policiales. La contención, con ayudas a todas luces insuficientes como venimos denunciando en La Izquierda Diario, tiene que ir acompañada de la función de control y amenaza represiva para abjurar rebeliones sociales. Dicho de otra manera, las fuerzas de seguridad cumplen una función política.

En este sentido tiene razón el citado Noecleous cuando afirma que “La institución policial es inherente e incuestionablemente política dado que se encuentra en el centro del funcionamiento del Estado. La policía es política en el sentido en que es una criatura del Estado, creada por el Estado y utilizada por el Estado con fines de ordenamiento social”.

Policía y estado son una unidad. El Estado de derecho, no es un límite sino una cobertura ideológica en la fabricación del orden social. No es neutral. Es un instrumento de la burguesía en la guerra de clases.

Combatir a la derecha, no potenciarla

El encubrimiento progresista para exculpar a Sergio Berni por el encubrimiento de Facundo Castro, se inscribe en la línea de otorgarle impunidad a las fuerzas represivas a cambio de su servicio. No solo eso, sino que se asume como propia la agenda del ex carapintada de enfrentar la crisis social la bajo la amenaza de la represión policial. Ponen en peligro la vida y la integridad física de nuestros pibes, de los pobres empujados a tomar tierras y de los trabajadores que protestan. Es una renuncia además a defender derechos democráticos y enfrentar el cercenamiento de libertades civiles.

La movilización exigiendo el juicio y castigo a los policías asesinos de Facundo Castro y la exigencia de la renuncia e investigación por encubrimiento de Berni, así como la defensa de las ocupaciones de terrenos y de los movimientos sociales acusados por el ministro de seguridad de Axel Kicillof y el kirchnerismo, es una cuestión fundamental de todo aquel que se reivindique defensor de los derechos humanos y los derechos democráticos. El silencio de vastos sectores del progresismo ligados al gobierno alienta al proyecto derechista policial reaccionario de Sergio Berni. Confirman el pronóstico del Frente de Izquierda sobre el mal menor como fuerza que en lugar de frenar a la derecha, la potencia.